Amparo ante la Corte de Constitucionalidad por hacinamientos en las cárceles de Guatemala que superan el 300% de su capacidad

El diputado guatemalteco José Chic, de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para obligar al Organismo Ejecutivo a garantizar la construcción de los centros carcelarios en Masagua en Escuintla, y El Triunfo en Morales, Izabal.

Sostuvo que la expansión de la infraestructura penal es necesaria ante una ocupación promedio del 339% en el sistema penitenciario arriba de su capacidad, lo que no sólo provoca falta de espacio, sino que la incapacidad de control, lo que ha favorecido que las cárceles funcionen como centros de operaciones delictivas.

Los registros oficiales del Sistema Penitenciario de Guatemala indican que la capacidad instalada real del país es de 6,800 personas, pero la población carcelaria supera los 23 mil privados de libertad.

Chic denunció que actividades delictivas como la llamada “talacha”, que consiste en un cobro ilegal realizado por los mismos internos por espacio o seguridad, mueve un estimado de 64.1 millones de dólares al año, que representan unos 500 millones de quetzales.

Además, reclamó la instalación inmediata de bloqueadores de señal para frenar llamadas extorsivas y órdenes de sicariato emitidas desde los penales.

La concentración de reclusos en diez cárceles

Diez cárceles concentran más del 72% de la población reclusa total de Guatemala, lo que agrava la situación en los centros específicos y dificulta el control operativo del sistema.

El caso más extremo es la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, ubicada en el municipio de Fraijanes. El penal fue diseñado para 960 internos, pero alberga 4,464 reclusos, una cifra que quintuplica su capacidad original.

Otro foco está en el Centro de Detención Preventiva para Hombres de la Zona 18, en Ciudad de Guatemala. Ese complejo tiene capacidad máxima para 1,500 personas, aunque mantiene a 3,325 internos.

El contraste regional también muestra la profundidad del problema. La tasa de ocupación promedio del 339% en las cárceles guatemaltecas supera por más del doble el promedio de hacinamiento en las prisiones de Latinoamérica, situado en 159%.

El alcance del amparo y las obras pendientes

El amparo fue presentado en un momento de presión sobre el sistema penitenciario, después de incidentes como la fuga de reos en Fraijanes 2 y el ingreso constante de objetos ilícitos en Renovación 1.

La acción legal apunta a los proyectos carcelarios pendientes en Masagua y El Triunfo. Según el planteamiento de Chic, esas obras deben avanzar para que el Estado pueda clasificar y aislar de manera adecuada a los privados de libertad.

En El Triunfo, las obras se vieron afectadas por disputas legales, pero ya se retomaron los trabajos de construcción. Mientras que en Masagua, el proyecto enfrenta retrasos administrativos que han impedido su ejecución.

Para Chic, recuperar el control de las prisiones resulta imposible sin nueva infraestructura. Sostuvo que el Estado no puede separar perfiles criminales, reducir la presión sobre los centros más saturados ni cortar las economías ilegales internas mientras la población reclusa se mantenga muy por encima de la capacidad disponible.

El recurso ante la CC busca que el Ejecutivo no solo destrabe esos proyectos, sino que garantice su construcción. La petición se inscribe en una estrategia orientada a enfrentar dos problemas enlazados: la sobrepoblación penitenciaria y el uso de las cárceles como plataforma para extorsiones y otras actividades ilícitas.