La jueza Verónica Ruiz Blau otorgó este jueves la libertad bajo medidas sustitutivas a Carlos Acevedo Navas, acusado de homicidio en grado de tentativa por embestir en repetidas ocasiones al motorista Larkin Morales, una decisión que además quedó acompañada por señales desde el tribunal sobre un posible cambio de delito a tres semanas del juicio, según reportaron medios locales de Guatemala.
La resolución incluyó arresto domiciliario, arraigo, la obligación de firmar una vez al mes en el Ministerio Público y el pago de una caución económica de Q25 mil. El Ministerio Público se opuso a la petición de la defensa al sostener que el acusado tiene contactos suficientes para influir en testigos y afectar la averiguación de la verdad durante el debate.
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La solicitud de libertad fue planteada por la abogada defensora Delmi Castañeda, quien argumentó ante el tribunal que las razones originales de la prisión preventiva habían cambiado. También afirmó que su defendido, por ser una persona de la tercera edad, presenta afectaciones mentales, entre ellas un cuadro de ansiedad, y que el Estado debía velar por su cuidado y su salud.
La defensa de la víctima rechazó esa decisión. El abogado Fernando Guerra, representante de la familia de Morales, sostuvo que el delito imputado bastaba para considerar que Acevedo Navas podía intervenir en el proceso para evadir la justicia, a lo que sumó otras acciones que, según dijo, el acusado ha promovido para retrasarlo.
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La defensa de la víctima anunció recursos contra la libertad otorgada
Guerra afirmó que la decisión judicial lo sorprendió por una prohibición que, a su juicio, está expresamente contenida en la ley para este tipo de delito. En declaraciones citadas por la prensa local, dijo: “La audiencia de revisión de medida de coerción solicitada por la contraparte. De manera sorprendente, la juez decidió darle libertad a pesar de existir una prohibición expresa en la ley, lo cual nos sorprende jurídicamente”.
El abogado añadió que “el artículo 164 es claro: en el delito de homicidio doloso no existe la capacidad de medida sustitutiva”. A partir de esa interpretación, anticipó que presentarán los recursos correspondientes porque, según expresó, “la ley lo prohíbe” y la decisión crea “un antecedente peligroso”.
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Para la querella, ese precedente podría proyectarse sobre otros procesos penales. Guerra sostuvo que, bajo el criterio adoptado por esta judicatura, también podrían quedar sujetos a medidas sustitutivas casos de violación, parricidio, violación de menores de 12 años y homicidios dolosos.
El abogado también cuestionó que durante la audiencia se insinuara un acuerdo de resarcimiento económico y un eventual cambio del tipo penal durante el debate. Reconoció que modificar la calificación jurídica es una facultad legal del tribunal, pero advirtió que no era un asunto que debiera exponerse en una audiencia de revisión de medida de coerción, porque ese no era el punto en discusión.
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Sobre el caso de Larkin Morales, Guerra remarcó que la acusación sigue ligada a un proceso por homicidio, sin importar el grado de ejecución. “Gracias a Dios, el joven Larkin no se murió. Perdió una pierna, pero fue embestido tres veces. Atentaron en contra de su vida”, declaró.
La madre de la víctima responsabilizó al sistema de justicia por lo que ocurra
Tras la audiencia, Mónica Cuque, madre de Morales, reaccionó entre lágrimas y pidió apoyo público para su hijo. Dijo que las oraciones de la población han sido lo que lo ha mantenido fortalecido y reclamó que no los dejen solos en un proceso que, a su entender, excede el caso individual y refleja un problema más amplio del país.
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Cuque responsabilizó a la justicia guatemalteca por las consecuencias futuras de la decisión. Señaló que deja “la responsabilidad penal y civil” de lo que ocurra tanto con el acusado como con el futuro de su hijo “al juez o jueza” que haya tomado esta determinación.
También cuestionó que Acevedo Navas haya quedado, según describió, con libertad para moverse por toda la república y la sola obligación de presentarse a firmar durante los primeros cinco días de cada mes. En su intervención sostuvo que el acusado “tiene el dinero, tiene muchos abogados, muchas familias, personas de poder que están con él”, mientras su hijo, dijo, solo cuenta con el respaldo del pueblo de Guatemala.
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