La misión de la Unión Europea pide delimitar el amparo en Guatemala mediante una reforma jurídica tras impugnaciones de 2026

La Unión Europea concluyó que los procesos de 2026 para renovar autoridades judiciales y electorales en Guatemala no restablecieron la confianza pública en las instituciones, un resultado que, según el informe final entregado al canciller Carlos Ramiro Martínez, compromete la credibilidad necesaria para garantizar la integridad y la imparcialidad de las elecciones de 2027.

El documento, de 46 páginas, plantea seis recomendaciones y subraya una en particular: delimitar el uso de acciones y recursos constitucionales como el amparo, ante la cantidad de impugnaciones presentadas durante las elecciones de segundo grado de 2026. Según la misión, ese patrón afectó la estabilidad y la seguridad jurídica de los procedimientos de nombramiento.

La embajadora de la Unión Europea en Guatemala, Johanna Karanko, entregó el informe al ministro de Relaciones Exteriores Carlos Ramiro Martínez. El texto examina la renovación del Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad y la jefatura del Ministerio Público.

Karanko explicó que la misión surgió del compromiso del bloque europeo con el fortalecimiento democrático en el país. “La Misión de Acompañamiento nació del compromiso de la Unión Europea de apoyar y fortalecer la democracia en Guatemala.

Las elecciones de 2023, los intentos por desacreditarlas y por contravenir la voluntad popular, así como la ejemplar defensa de los resultados por parte del pueblo guatemalteco dejaron dos lecciones muy claras: la primera, que las y los guatemaltecos desean vivir en democracia, y la segunda, que para proteger esa democracia se necesitan instituciones sólidas, justas y transparentes”.

La misión europea detectó debilidades estructurales en el modelo de nombramientos

En su informe final, la misión sostiene que los procesos de selección y nombramiento de autoridades judiciales y electorales de 2026 tuvieron una importancia estratégica para el restablecimiento de la institucionalidad, el equilibrio de poderes y la gobernanza democrática en Guatemala. Aun así, consideró que esos procedimientos confirmaron debilidades estructurales del modelo vigente.

Según la misión, hubo algunos avances, en especial por la incorporación de perfiles percibidos por la sociedad como más independientes. Pero también persistieron dinámicas de discrecionalidad, presiones políticas, judicialización e influencia de redes de poder que afectaron la percepción de legitimidad e independencia de los procesos.

La evaluación de la UE fue directa: las elecciones de segundo grado de 2026 no lograron recuperar la confianza ciudadana. El informe añade que las autoridades recién designadas tienen ahora la oportunidad y la responsabilidad de contribuir a esa recuperación con actuaciones independientes, transparentes, técnicamente sólidas y respetuosas del orden constitucional y del Estado de derecho.

El informe advierte que reforzar la credibilidad institucional es una condición para asegurar la confianza en las elecciones de 2027. Durante un evento realizado el 16 de junio de 2027, las conclusiones y recomendaciones fueron socializadas con representantes del Gobierno, órganos del Estado y distintos sectores de la sociedad guatemalteca.

El uso del amparo fue señalado como un foco de inestabilidad en las designaciones

Entre las seis recomendaciones del informe figuran revisar el modelo constitucional de selección de altas autoridades, fortalecer los mecanismos de evaluación de postulantes, aplicar estándares de transparencia y motivación en los nombramientos de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, adoptar medidas para prevenir conflictos de intereses, establecer mecanismos para evitar la instrumentalización de la justicia y delimitar el uso del amparo.

La última recomendación ocupó un lugar central por la cantidad de recursos planteados ante la Corte de Constitucionalidad en los distintos procesos.

El informe recuerda acciones para anular la convocatoria del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala para la elección de magistrados del máximo tribunal, impugnaciones contra la elección de magistrado titular y suplente de la CC por el Consejo Superior Universitario de la USAC, recursos durante la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral y un amparo para pedir una nueva nómina de candidatos a fiscal general.

Tras ese balance, la Unión Europea consideró conveniente “examinar una reforma al marco jurídico aplicable y la jurisprudencia actual respecto de la procedencia de la acción de amparo para evitar cualquier uso abusivo que pueda afectar a la estabilidad y a la seguridad jurídica de los procedimientos de nombramiento de autoridades”.

La misma misión estimó necesario “delimitar con mayor claridad el acceso, alcance y efectos de la acción de amparo en procedimientos de selección y nombramiento de altas autoridades, especialmente cuando se impugnen aspectos técnicos como tablas de gradación, criterios de evaluación, votaciones o nóminas ya remitidas a la autoridad competente”.

La Unión Europea aclaró que el objetivo de esa recomendación no sería limitar el derecho a la tutela judicial efectiva. Según el informe, la finalidad sería reforzar la seguridad jurídica, la previsibilidad de los procesos y el respeto a las competencias constitucionales de cada órgano.