Fiscalía contra la Impunidad en Guatemala impulsa la reapertura de un proceso contra comunicadores de periódico

Un grupo de periodistas y columnistas de Guatemala solicitó el martes a la Corte de Constitucionalidad el respeto a la libertad de expresión, tras la audiencia pública en la que se analizó una petición de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) para reactivar un proceso penal en su contra.

La audiencia, convocada por el máximo tribunal del país, abordó la apelación de la Fiscalía que busca investigar a los comunicadores por el delito de obstrucción a la justicia. En el centro de la controversia está el caso de José Rubén Zamora Marroquín, fundador del extinto diario elPeriódico, y la publicación de opiniones sobre presuntas irregularidades judiciales en su proceso.

Según informó la agencia de noticias EFE, la FECI presentó el recurso tras la desestimación previa del caso por diversas instancias penales, mientras los periodistas insisten en que el proceso constituye un proceso judicial por el ejercicio del periodismo crítico. Las publicaciones, según el Ministerio Público, habrían dañado el honor de la ex fiscal general Consuelo Porras (2018-2026). Ni la funcionaria ni los fiscales acudieron a la audiencia, pese a ser impulsores directos de la apelación.

La vista pública celebrada en la sede de la Corte de Constitucionalidad reunió a los periodistas señalados, quienes advirtieron sobre la presión y los riesgos a los que se han visto sometidos por expresar sus opiniones en torno al caso Zamora Marroquín.

Alexander Valdez, uno de los comunicadores involucrados, manifestó: “La Corte tiene la oportunidad de sentar precedente y cesar la criminalización de la prensa por el simple ejercicio de su labor informativa”. manifestó Valdez, quien recientemente regresó al país tras permanecer tres años fuera por motivos de seguridad.

Junto a Valdez, la Fiscalía busca imputar a la exdirectora de elPeriódico, Julia Corado, al exjefe de información Gerson Ortiz, y a los reporteros Cristian Vélix, Rony Ríos y Denis Aguilar, además de los excolumnistas Gonzalo Marroquín y Edgar Gutiérrez. El caso ha sido examinado por el Juzgado Quinto Penal, la Sala Tercera de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que coincidieron en rechazar el procesamiento penal y remitieron cualquier reclamo al Tribunal de Imprenta, en cumplimiento de la Ley de Emisión del Pensamiento. Este marco legal establece que los delitos atribuidos a la prensa deben ser juzgados en un tribunal especializado, no mediante la jurisdicción penal ordinaria.

La defensa de los periodistas, encabezada por la abogada Wendy López, recordó al pleno de magistrados que la acción de la FECI contradice fallos previos y desafía la jurisprudencia vigente. “Esta es una instancia administrativa, no penal, entonces lo que han hecho los diversos tribunales de justicia en el país es que han reiterado la garantía de la libertad de emisión del pensamiento, de libertad de prensa”, subrayó López durante su intervención, según informó EFE.

La defensa y el trasfondo político

Las acciones judiciales han provocado el exilio de varios periodistas en los últimos años y generado preocupación en organizaciones internacionales defensoras de la libertad de prensa. Bajo el mandato de Consuelo Porras, el Ministerio Público ha sido señalado de impulsar una ofensiva contra fiscales, jueces, activistas y comunicadores. Porras, quien culminó su gestión en 2026, fue sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea debido a señalamientos de corrupción y obstrucción de la justicia.

El nuevo fiscal general, Gabriel García Luna, anunció el 17 de mayo la creación de una comisión especial para revisar la situación de periodistas, fiscales y jueces exiliados o que manifiesten temor por posibles represalias judiciales. La medida fue interpretada como un intento de revisar casos ocurridos durante la administración anterior y atender las demandas de protección a la prensa.

El proceso abierto contra los comunicadores del extinto elPeriódico permanece ahora bajo el análisis de la Corte de Constitucionalidad, que deberá resolver si procede la reapertura del caso penal o si se respeta la vía administrativa establecida por la ley guatemalteca.