La Unión Europea destaca legalidad y transparencia en nombramiento de García Luna como jefe del Ministerio Público de Guatemala

La Misión de Acompañamiento de la Unión Europea celebró la toma de posesión de Gabriel Estuardo García Luna como nuevo Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público de Guatemala, proceso que, según constató la delegación europea, se llevó a cabo conforme a la Constitución guatemalteca y en estricto cumplimiento de los tiempos y normativas legales.

Esta renovación en la cúpula del Ministerio Público, realizada en medio de un entorno jurídico complejo, es considerada por la Misión como un paso determinante para fortalecer el Estado de derecho, la democracia y la protección de los derechos humanos en el país.

De acuerdo con el comunicado difundido este domingo por la Misión de Acompañamiento de la Unión Europea, los integrantes del equipo internacional observaron un alto grado de publicidad en las sesiones de la Comisión de Postulación encargada del proceso, así como una actuación conforme a la legalidad tras la intervención de la Corte de Constitucionalidad, que exigió la revisión parcial de la calificación de candidatos y forzó una nueva votación para definir la nómina final remitida al presidente.

Se señala que, pese a múltiples acciones legales promovidas por la vía constitucional, la tramitación se sostuvo dentro de los márgenes de certeza jurídica establecidos por la legislación guatemalteca.

La elección y toma de posesión de Gabriel Estuardo García Luna como Fiscal General y jefe del Ministerio Público de Guatemala, de acuerdo con la Misión de Acompañamiento de la Unión Europea, se produjo tras una serie de revisiones ordenadas por la Corte de Constitucionalidad y dentro de los plazos establecidos por la ley. El nombramiento es considerado “un avance para el Estado de derecho, la democracia y la protección de los derechos humanos en Guatemala”, según el primer comunicado público emitido luego del desenlace del proceso.

El proceso de selección fue observado con publicidad y transparencia

La delegación europea detalló que las sesiones de la Comisión de Postulación previstas para el cargo de Fiscal General se realizaron de manera transparente y abierta al público, lo que permitió observar el proceso de evaluación y selección de los candidatos. El escrutinio internacional se expandió a los efectos de las resoluciones judiciales: la Corte de Constitucionalidad exigió una revisión de calificaciones en algunos de los aspirantes, lo que resultó en una segunda votación y permitió conformar la lista definitiva.

El comunicado remarcó que las autoridades lograron preservar la legalidad del proceso pese a la presión ejercida en los tribunales. Entre las acciones legales que intentaron suspender el funcionamiento de la nominación se destacan las realizadas por la vía constitucional, aunque ninguna logró entorpecer la continuidad ni la validez del nombramiento presidencial, según documentó la Misión de Acompañamiento de la Unión Europea.

La delegación destacó la relevancia institucional del relevo en el Ministerio Público, al considerarlo una oportunidad para poner fin a “prácticas de criminalización” que han perjudicado durante los últimos años a operadores de justicia, defensores de derechos humanos, periodistas y representantes de organizaciones civiles. Además, solicitó revisar “de manera objetiva” los procesos penales considerados arbitrarios, con especial alusión al caso de los líderes indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán, quienes —según el monitoreo realizado— permanecen privados de su derecho a un recurso judicial efectivo y enfrentan “constantes retrasos injustificados” en el avance de sus audiencias.

La Misión hizo un llamado explícito a Gabriel Estuardo García Luna para que reafirme el compromiso institucional con la democracia y garantice el desempeño independiente, objetivo e imparcial del equipo del Ministerio Público. El comunicado señaló que esta orientación será “esencial para recuperar la confianza de la ciudadanía en una institución que tiene la exclusividad del ejercicio de la acción penal pública y que, por tanto, debe situar en el centro de su misión la protección de los intereses y derechos de la sociedad guatemalteca en su conjunto”.