El Congreso aplaza de nuevo debate sobre ley antilavado tras desacuerdos y expone a Guatemala a consecuencias internacionales

En una sesión legislativa prolongada y atravesada por desacuerdos, la última del periodo ordinario de sesiones, el Congreso de la República de Guatemala suspendió la aprobación definitiva de la iniciativa 6593, que propone el decreto de ley integral para la prevención y represión del lavado de dinero u otros activos y el financiamiento al terrorismo. El presidente del Legislativo, Luis Contreras, dio por concluida la plenaria ante la falta de consenso y alertó sobre los riesgos de impulsar una normativa que no cumpla con las recomendaciones de GAFI, lo que pondría en riesgo el sistema financiero nacional y expondría al país a sanciones internacionales, como la inclusión en listas restrictivas que amenazarían la recepción de remesas.

La jornada parlamentaria, estuvo marcada por retrasos desde el inicio. Luis Contreras fundamentó su decisión en que “no podíamos seguir con el desarrollo de esta reunión, era muy peligrosa para la ley. No nos sirve de nada aprobar enmiendas que no conocemos, que debilitarían las recomendaciones de GAFI”. Añadió que la suspensión no obedeció a la falta de diputados presentes —afirmó que había “más de 130 adentro”— sino a que se introdujeron enmiendas de último momento sin el análisis ni el acuerdo logrados tras cuatro semanas de debate en la Comisión de Economía.

Las enmiendas debatidas ponían en riesgo el cumplimiento de estándares internacionales

El presidente del Congreso precisó que una de las enmiendas presentadas eliminaba la obligación de los bancos de reportar operaciones con intención delictiva, incluso si no se concretaban. Contreras señaló que esa modificación “debilita la ley”, al dejar vacíos en el control sobre transacciones sospechosas y contradecir las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Contreras remarcó: “No puedo arriesgar la ley, así lo teníamos planificado, y no podemos aprobar enmiendas que no conocemos. Yo quiero aprobar la ley con las enmiendas autorizadas por la Comisión de Economía, la cual nos tomó cuatro semanas para poderlas consensuar”.

Diputados de distintos bloques cruzan acusaciones sobre el estancamiento

La suspensión derivó en una serie de recriminaciones entre diputados de varias bancadas. Byron Rodríguez, de la bancada TODOS, denunció ante los medios de comunicación que habría existido una estrategia desde la junta directiva para romper el quórum, atribuida a la bancada oficialista liderada por Samuel Pérez. Calificó la situación como “una burla al sistema financiero guatemalteco y al pueblo de Guatemala”. Rodríguez transmitió su inquietud respecto a la “falta de compromiso” y las enmiendas desconocidas, recalcando que “ni siquiera sabíamos qué estaban presentando”.

Elmer Palencia, segundo vicepresidente de la Junta Directiva, manifestó que la ruptura del quórum buscó “un poco más de tiempo para poderlo hablar” y defendió la necesidad de ajustar la ley a estándares internacionales: “Que sea aprobada de la mejor manera y la manera más correcta posible, que cumpla con las recomendaciones de GAFI y que pueda ser funcional para todos los guatemaltecos”.

Por su parte, Inés Castillo (Unidad Nacional de la Esperanza) responsabilizó públicamente a Samuel Pérez y al oficialismo de ordenar la ruptura del quórum, poniendo en duda la transparencia de sus acciones. Castillo afirmó: “La Unidad Nacional de la Esperanza con mucha responsabilidad ha estado trabajando en estas enmiendas, ha estado trabajando en este proceso de formación de la ley, porque realmente son más de 120 artículos que debemos de llegar a consensos”.

Desde el bloque oficialista, Samuel Pérez señaló ante los medios de comunicación que los retrasos respondieron a maniobras para “proteger el lavado de dinero”. Declaró: “Decíamos que este congreso estaba lleno de corruptos, pero también está lleno de lavadores”. Pérez sostuvo que integrantes de UNE y Vamos, firmantes del dictamen de la Comisión de Economía, obstaculizaron el proyecto alegando discrepancias con el texto final: “Lo que estaba pasando hoy es que se fue atrasando bajo excusa de la gente de la UNE y Vamos y de Felipe Alejos y de los comunistas, que decían que había enmiendas para poder intentar corregir la ley. Mentira… cualquier tema que intente dilatar la aprobación de la ley es porque son lavadores”.

Allan Rodríguez, de la bancada VAMOS, denunció una ruptura del acuerdo legislativo por parte del oficialismo cuando “los consensos estaban”, y acusó: “Salen en las redes sociales diciendo: ‘Queremos que pase la ley antilavado’ y ponen: ‘Ojo, pueblo de Guatemala…’ y ponen un tuit donde dice: ‘Aquí estoy sentado esperando’, y es el primero que se bajó de la secretaría. Entonces, teniendo un quórum de más de 130 diputados… hicieron berrinche y se retiran”.

El futuro de la iniciativa y el impacto potencial para Guatemala

El estancamiento de la ley antilavado mantiene la tensión en el Parlamento, con riesgos inmediatos para la economía. El presidente del Congreso, Luis Contreras, advirtió que, si la normativa no se ajusta a los estándares internacionales, Guatemala podría ser incluida en la “lista gris o negra” de países con deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero, lo que afectaría directamente las remesas internacionales y el acceso al sistema financiero global.

La discusión sobre la iniciativa 6593 podría reanudarse en sesiones extraordinarias previstas para el 2 y 3 de junio, según informó el presidente Luis Contreras.