La Unión Europea sancionó a 16 funcionarios por la deportación forzosa de más de 20.500 niños ucranianos

La Unión Europea impuso sanciones este lunes contra 16 funcionarios y siete centros vinculados a la deportación forzosa, el adoctrinamiento y la militarización de menores ucranianos, en una jornada en que Bruselas acogió una cumbre internacional para exigir el retorno de los más de 20.500 niños trasladados ilegalmente a Rusia o territorios ocupados desde el inicio de la invasión en 2022.

Con estas medidas, más de 130 personas y entidades acumulan ya restricciones de viaje y congelación de activos por parte del bloque europeo en relación con este expediente. El Consejo de la Unión Europea (UE) precisó que los objetivos son quienes participan en “la deportación sistemática ilegal, el traslado forzoso, la asimilación forzada, incluido el adoctrinamiento y la educación militarizada, de menores ucranianos, así como su adopción ilegal y traslado a la Federación Rusa”.

La jornada reunió en Bruselas a representantes de 63 delegaciones —entre ellas agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y cerca de medio centenar de países— en el marco de la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos, coorganizada por Canadá, Ucrania y la UE. En paralelo, Canadá anunció sanciones contra 23 personas y cinco entidades, mientras que el Reino Unido extendió sus medidas a 85 individuos y organizaciones.

Londres desglosó su paquete en dos frentes: 29 de los sancionados están vinculados directamente a la deportación de menores, y los 56 restantes se relacionan con campañas rusas de manipulación informativa diseñadas para desestabilizar Ucrania. El Gobierno británico comprometió además 1,2 millones de libras (casi 1,4 millones de euros) adicionales para el mecanismo de verificación y rastreo de niños deportados, según informó el Departamento del Tesoro del Reino Unido.

Entre los sancionados por Londres figuran Vladislav Golovin, director general del movimiento juvenil Yunarmiya —respaldado por el Ministerio de Defensa de Rusia— y Grigori Gurov, presidente de la agencia estatal juvenil Rosmolodezh.

Entre los 16 funcionarios señalados por la UE figura Lilya Shvetsova, directora del campamento “Red Carnation” en la Crimea ocupada. Según el Consejo europeo, supervisó “actividades orientadas a moldear las opiniones políticas e ideológicas de los niños presentes en la instalación, incluidos menores ucranianos”. Fuentes comunitarias identificaron 210 lugares en Crimea, Rusia, Siberia y Bielorrusia donde los niños son sometidos a procesos de “desucranización”, que incluyen adopciones forzadas, imposición de la ciudadanía rusa, adoctrinamiento escolar y entrenamiento en campamentos militares.

La ministra de Asuntos Exteriores de Letonia, Baiba Braže, afirmó en Bruselas: “Rusia está intentando borrar su identidad”, y añadió que, a la luz de la Convención sobre el Genocidio, la conducta constituye “uno de los rasgos del crimen de genocidio”. La comisionada de Ampliación de la UE, Marta Kos, fue más directa antes de la reunión: “La guerra tiene muchas caras, pero robar niños es una de las más horrorosas”.

De los aproximadamente 2.100 menores retornados hasta la fecha —frente a los más de 20.500 deportados—, solo un centenar lo logró mediante gestiones diplomáticas con países como Catar, Sudáfrica o Estados Unidos. El resto regresó por vías discretas: rescates familiares y operaciones de organizaciones no gubernamentales. La Comisión Europea subrayó que muchos niños regresan traumatizados y con dificultades de reinserción social.

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, declaró en un mensaje de vídeo: “El retorno de todos y cada uno de los niños ucranianos secuestrados por Rusia debe ser un punto central en cualquier acuerdo de paz”. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, agradeció las medidas adoptadas y reclamó que cada caso represente “la historia de un niño y una familia reales”, al tiempo que las enmarcó en los esfuerzos por mantener la “presión” contra Moscú.

La Embajada rusa en Londres rechazó las sanciones británicas calificándolas de “ilegales” y sostuvo, a través de un comunicado difundido por la agencia TASS, que los afectados “rescatan desinteresadamente” a los menores de zonas de combate. Moscú calificó la acusación de traslado forzoso de 20.000 menores de “invención, cargada de malicia y frustración” y la equiparó con lo que denominó “la campaña de desinformación del incidente de Bucha”.

La Corte Penal Internacional (CPI) emitió en 2023 una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, y contra la comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, María Lvova-Belova, por su responsabilidad en las deportaciones. La Coalición Internacional, creada en febrero de 2024 por iniciativa de Ucrania y Canadá y que cuenta hoy con 47 miembros tras la incorporación de la UE en septiembre pasado, prevé nuevas reuniones antes de fin de año centradas en reforzar el papel de la ONU, que el pasado 3 de diciembre adoptó una resolución exigiendo el retorno “inmediato, seguro e incondicional” de los niños ucranianos.

(Con información de AP, Europa Press y EFE)