El Gobierno de Guatemala estableció este martes un nuevo estado de prevención en los departamentos de Guatemala, Izabal, Escuintla, Huehuetenango y San Marcos, una medida que se aplicará durante 15 días con el propósito de fortalecer la seguridad y prevenir agresiones de maras o bandas criminales contra las autoridades civiles.
El Decreto Gubernativo 6-2026, publicado en el Diario de Centro América, otorga a las fuerzas de seguridad un marco legal ampliado para operar de manera excepcional en dichas regiones, donde se encuentran centros de detención o áreas fronterizas de especial riesgo, según informó el Ejecutivo.
Como parte de la ejecución del nuevo decreto, el presidente Bernardo Arévalo ordenó simultáneamente la eliminación del estado de prevención previamente vigente en los departamentos de Petén, Quetzaltenango y Sacatepéquez, luego de que se completaron los 15 días de aplicación estipulados, conforme a lo informado por el Gobierno en el Diario de Centro América.
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La decisión de prorrogar la restricción en cinco departamentos responde a la continuidad de amenazas específicas detectadas por las autoridades en zonas estratégicas.
De acuerdo con el Ejecutivo, se mantiene la necesidad de “ejecutar acciones excepcionales” en aquellos lugares donde la presencia de organizaciones criminales representa un desafío al orden público y a la integridad de la población.
Este esquema faculta a las fuerzas de seguridad a operar bajo un régimen de excepción que, según el decreto, tiene como prioridad “garantizar la protección ciudadana” y preservar el funcionamiento de las instituciones democráticas.
Alcance de las restricciones en cinco departamentos
Estas medidas, contempladas en la Ley de Orden Público, incluyen la limitación de reuniones o manifestaciones al aire libre, la posibilidad de disolver por la fuerza concentraciones públicas violentas y la prohibición o regulación de la circulación y el estacionamiento de vehículos en lugares, zonas y horarios determinados. El Gobierno ha añadido que se podrá “impedir desplazamientos interdepartamentales y someter a registro a los vehículos”, con acciones orientadas únicamente hacia personas vinculadas a la infracción legal.
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El decreto aclara que las restricciones no se aplicarán a quienes desarrollan labores en beneficio del país. También estipula una salvaguarda contra cualquier discriminación por motivos de etnia, sexo, idioma, religión u origen social, y subraya el respeto a la accesibilidad de garantías judiciales básicas, en línea con la Constitución Política de la República y las obligaciones internacionales de Guatemala.
El instrumento legal establece una temporalidad exacta de 15 días a partir de su entrada en vigor, y su renovación o finalización dependerá de nuevas evaluaciones de riesgo por parte del Ejecutivo.
Antecedentes y justificación de la medida
La implementación de este tipo de estado de excepción ya ha sido utilizada previamente en Guatemala para contener crisis de seguridad y represión de actividades de pandillas. El gobierno sostiene que el decreto responde a información reciente sobre ataques armados dirigidos a integrantes de las fuerzas de seguridad, así como a intentos de desestabilización institucional.
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De acuerdo con el propio Decreto Gubernativo 6-2026, “la autoridad responsable podrá suspender o restringir el ejercicio de derechos constitucionales estrictamente necesarios para salvaguardar los intereses generales de la Nación”. Las autoridades enfatizan que ”el propósito fundamental es salvaguardar la paz, el orden y la institucionalidad democrática frente a amenazas específicas detectadas en los departamentos priorizados“.
El control fronterizo, eje operativo del estado de prevención
La reestructuración del estado de prevención, aprobada por el Consejo de Ministros, se fundamenta en la presión ejercida por grupos narcotraficantes en los departamentos limítrofes, dijo en declaraciones anteriores el ministro de Gobernación, Marco Villeda quien explicó que la medida “ya no es aplicable a todos los departamentos de la República, únicamente focalizado en estos departamentos que ya mencioné anteriormente por las razones que ya les he indicado a ustedes”.
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La presencia de la fuerza pública se ha reforzado en accesos aéreos, marítimos y terrestres del país, desde controles rutinarios hasta operativos de interdicción en zonas que previamente resultaban inaccesibles para las autoridades.
La integración de esfuerzos de la subdirección de Antinarcóticos y Seguridad Fronteriza y las dependencias aduaneras ha sido clave tanto en la detección de cargamentos ilegales como en la desarticulación de rutas tradicionales de tráfico de drogas.
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