Consuelo Porras queda fuera de la lista final para Fiscal General en Guatemala

La Comisión de Postulación de Guatemala, órgano encargado de la selección, presentó este lunes la nómina final de aspirantes a fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) para el periodo 2026–2030, donde se confirma que Consuelo Porras, actual titular, quedó fuera de la lista que será enviada al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo.

Según el documento oficial remitido por la Comisión de Postulación de Guatemala al presidente guatemalteco, la nómina se conformó de acuerdo al artículo 251 de la Constitución de la República y los artículos 23 y 24 de la Ley de Comisiones de Postulación. En esta comunicación, se enumeran los 6 candidatos seleccionados para que el Ejecutivo elija al próximo fiscal general.

La lista queda integrada por Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos, César Augusto ávila Aparicio, Julio César Rivera Clavería, Gabriel Estuardo García Luna, Zoila Tatiana Morales Valdizón y Nector Guilebaldo De León Ramírez, quienes cumplen los requisitos para ocupar el cargo durante 4 años. Porras, quien actualmente dirige el Ministerio Público y buscaba la reelección, ha sido una figura central en la política judicial guatemalteca. Su ausencia en la nómina final marca un cambio en la dirección del MP.

Composición y procedimiento de la nómina

La decisión de la Comisión fue comunicada en un oficio que resalta la transparencia del proceso. El listado oficial y los respectivos números de expediente fueron remitidos para que el presidente Arévalo realice la designación correspondiente, que marcará el rumbo del MP hasta 2030.

La elección definitiva del nuevo fiscal general recae ahora en el Ejecutivo, quien deberá seleccionar entre los 6 candidatos propuestos. El documento, que cierra con una fórmula de respeto institucional, deja constancia del procedimiento y los pasos a seguir para la renovación en el Ministerio Público.

El resultado implica que Porras Argueta no pasará a la etapa en la cual el presidente elige entre los candidatos seleccionados.

La jornada, celebrada este lunes en la ciudad de Guatemala, reveló que Porras Argueta recibió más votos en contra que a favor de los quince miembros que integran el órgano encargado de evaluar a los postulantes. La decisión se fundamentó en el estudio de los expedientes personales, la valoración de méritos académicos y profesionales, y, de modo central, en el análisis de factores éticos y de idoneidad, en pleno cumplimiento del marco constitucional y legislativo establecido para este proceso.

Según explicó Luis Aragón, decano de la Facultad de Derecho y Justicia de la Universidad San Pablo de Guatemala, el procedimiento se desarrolló bajo “estricto cumplimiento de las fases y etapas establecidas en la Ley de Comisiones de Postulación”, con puntajes derivados de la evaluación integral de cada candidatura. Aragón subrayó que “el punteo obtenido no es el único elemento que habilita la integración de la nómina de seis candidatos, sino también he considerado otros elementos tales como la trayectoria académica y profesional, incluyendo aquellos aspectos cualitativos que, aun cuando no hayan sido objeto de ponderación numérica, no pueden ser obviados en su trayectoria”.

El debate en torno a la idoneidad para ocupar el cargo de Fiscal General se centró en la correspondencia entre competencias, experiencia y el perfil de quienes aspiran a liderar el Ministerio Público, considerando especialmente la capacidad de los candidatos para ejercer el cargo sin vínculos con corrupción ni intereses políticos indebidos. El análisis incluyó una revisión de impugnaciones, entrevistas personales, resultados psicométricos y verificación de la honorabilidad e independencia de criterio, como señaló el decano Aragón durante la sesión.

El escándalo que dejaría fuera a Consuelo Porras de la Fiscalía

La actual fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, enfrenta señalamientos por su presunta implicación en una serie de adopciones irregulares que involucran a menores de Guatemala, Honduras y El Salvador, en expedientes donde se modificó u ocultó la identidad materna. Las denuncias, respaldadas por documentación oficial, han impulsado a Naciones Unidas a solicitar investigaciones independientes y han influido en el proceso de postulación de Porras para un tercer mandato.

Entre enero y agosto de 1982, Porras figura como administradora del Hogar Elisa Martínez en al menos ocho expedientes de adopción calificados como ilegales, período omitido en su reciente postulación al Ministerio Público, según la revisión de documentos oficiales realizada por El Faro. La publicación añade que, en el 40 % de más de 80 adopciones señaladas como irregulares entre 1968 y 1996, los registros de los menores fueron alterados para eliminar datos maternos.

A principios de 2024, un grupo de relatores especiales y representantes del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas manifestó “alarma ante las alegaciones de adopciones ilegales históricas y el presunto papel de una alta funcionaria en Guatemala”, identificando a Consuelo Porras como protagonista, según reportó la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH). El comunicado reclamó investigaciones independientes y confirmó que el proceso de nombramiento judicial de Porras continúa su curso.