Guatemala alcanzó 71 puntos en el Índice de Presupuesto Abierto (OBI) 2025 y se posicionó como el segundo país mejor evaluado de América Latina y el Caribe en transparencia fiscal, solo superada por República Dominicana, que obtuvo 82 puntos.
Este resultado, difundido por el Ministerio de Finanzas Públicas y avalado por International Budget Partnership (IBP), representa el mayor nivel de apertura presupuestaria registrado por Guatemala en la última década y demuestra el compromiso del gobierno con la rendición de cuentas y el manejo responsable de los recursos públicos.
La puntuación representa una mejora de 14 puntos sobre el promedio regional —establecido en 57 unidades— y supone uno de los avances más notables registrados en el continente, según el reporte presentado por International Budget Partnership y citado por el Ministerio de Finanzas Públicas.
Este desempeño colocó a Guatemala a la cabeza de Latinoamérica en materia de incremento en la inclusión ciudadana, resultado de una serie de reformas institucionales y el desarrollo de plataformas digitales orientadas a mejorar la fiscalización de los fondos estatales.
Entre los factores principales que justifican el crecimiento señalado por el OBI para 2025 se encuentra la transformación interna de los procedimientos de supervisión fiscal.
El Ministerio de Finanzas Públicas destacó que el fortalecimiento de la calidad y la cantidad de los datos incluidos en los informes de ejecución presupuestaria permitió un monitoreo más preciso del gasto público.
Además, la creación y actualización de portales digitales abrieron nuevas opciones para el acceso y la consulta pública de la información fiscal, condición considerada fundamental para que la sociedad civil controle el uso de los recursos estatales.
Guatemala registra el mayor salto regional en participación ciudadana presupuestaria
El impulso a la participación ciudadana se refleja en la medición de 2025. Guatemala incrementó su puntaje en este rubro de 19 a 41 puntos entre 2023 y 2025, un salto de 22 puntos que representa el avance más alto en la región, según cifras oficiales comunicadas por el Ministerio de Finanzas Públicas a International Budget Partnership.
Este progreso se atribuye a la implementación de proyectos en colaboración con la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), en particular los ejercicios de Planificación y Presupuesto Abierto, que promovieron nuevos mecanismos de consulta y coordinación interinstitucional en todo el ciclo presupuestario.
El Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), presente en la divulgación de los resultados oficiales, respaldó la interpretación según la cual la puntuación alcanzada en 2025 no solo posiciona a Guatemala sobre la media regional sino que marca un récord histórico para el país en materia de transparencia fiscal.
Esta validación, explicada por el Ministerio de Finanzas Públicas, confirma la eficacia de los cambios realizados en la accesibilidad y la claridad de la información pública sobre la gestión presupuestaria.
Guatemala se ubicó como el segundo país de América Latina y el Caribe con mayor transparencia fiscal en 2025 al alcanzar 71 puntos en el OBI, gracias a reformas institucionales y al empleo de nuevas plataformas digitales que fortalecieron la supervisión de los fondos públicos y elevaron la participación ciudadana en el proceso presupuestario, según el informe de International Budget Partnership citado por el Ministerio de Finanzas Públicas.
Desafíos pendientes en la implementación y control ciudadano
La cartera de Finanzas Públicas reconoció la existencia de desafíos pendientes. Específicamente, remarcó la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en la fase de ejecución del presupuesto y consideró que este aspecto es esencial para avanzar de la transparencia formal hacia un control más concreto y efectivo sobre los recursos asignados a políticas públicas.
El Ministerio de Finanzas Públicas reafirmó ante International Budget Partnership y el Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos su compromiso de avanzar en el fortalecimiento de la transparencia fiscal, la participación social y el control ciudadano, con la meta de consolidar la confianza pública y asegurar que el gasto estatal responda cada vez más a las prioridades de la población guatemalteca.
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