La propuesta para la construcción y equipamiento de miles de cocinas escolares en Guatemala busca responder a la amenaza del hambre en el país y revertir los efectos de la inseguridad alimentaria entre la población infantil. Con este proyecto de ley, que cuenta con aval en el Congreso y con la colaboración de organismos internacionales, se pretende garantizar el acceso a una alimentación adecuada en los centros educativos y prevenir el deterioro en el desempeño y la asistencia escolar. La iniciativa surge en un contexto donde la pobreza y los precios elevados agravan la crisis nutricional, lo que afecta directamente el futuro de la niñez guatemalteca.
La Evaluación Nacional de la Seguridad Alimentaria (ESA) 2025 concluyó que solo el 20% de los hogares consume frutas y verduras, mientras que el 25% padece de inseguridad alimentaria. Al presentar el proyecto en el marco del Diálogo Nacional Alimentación, actores como el presidente del Congreso, Luis Contreras Colíndres, representantes del Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Cooperación Española enfatizaron que el Estado debe, a través de los ministerios de Educación y de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, coordinar la construcción y puesta en marcha de estos espacios.
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En total, la propuesta establece la construcción progresiva de más de 30.000 cocinas escolares, con la meta de habilitar alrededor de 4.000 nuevas cocinas al año. Esta planificación escalonada busca dotar de infraestructura adecuada al mayor número posible de centros educativos públicos, permitiendo la preparación de alimentos frescos y culturalmente pertinentes. El plan contempla la asignación directa de partidas presupuestarias y la cooperación de los organismos multilaterales presentes en la presentación del proyecto, según lo explicado por los ponentes de la iniciativa.
El contexto de la inseguridad alimentaria y el cambio de paradigma tras la pandemia
El diputado Jairo Flores, de la bancada Vos, relató en el Hemiciclo Parlamentario que la iniciativa está vinculada a la adhesión de Guatemala al pacto Alimentación Primero, firmado inicialmente en México y adoptado en el país tras un proceso de diálogo parlamentario. Flores expuso que la propuesta responde al “aumento de los precios de la canasta básica, la inestabilidad económica internacional y el encarecimiento de los combustibles”, factores que, según especialistas, incrementarán la pobreza y el número de familias afectadas por inseguridad alimentaria. Los datos del primer diálogo Alimentación Primero reflejan que hasta el 70% de la población guatemalteca enfrenta algún grado de inseguridad alimentaria.
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Flores puntualizó que “Guatemala fue pionero en presentar y aprobar la Ley de Alimentación Escolar, que hoy atiende a más de dos millones trescientos mil niños”, pero alertó que la llegada de la pandemia obligó a modificar la ejecución de la ley, implementando la entrega de alimentos en bolsa, lo que obstaculizó la provisión de una dieta fresca. Según el diputado, “muchos de los organismos de padres de familia reportaron que no cuentan con cocinas en las escuelas, lo que impide elaborar alimentos frescos”. Agregó que la nueva ley “destina la obligatoriedad, la institución y los fondos para construir las cocinas en las más de 30.000 escuelas documentadas en Guatemala” y destacó que “lo hace con un promedio de 4.000 cocinas por año”.
El respaldo político y la ampliación de la cobertura alimentaria escolar
La diputada Sofía Hernández, vicepresidenta del Frente Parlamentario Contra el Hambre, sostuvo que la necesidad de impulsar “todas aquellas iniciativas de ley que mejoren el sistema de alimentación escolar”. Hernández recalcó la ampliación de la cobertura a más estudiantes, incluyendo escuelas cooperativas, y resaltó que la alimentación debe volver a ser “servida”, en alusión al modelo vigente antes de la pandemia.
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En cifras, la propuesta de cocinas escolares busca revertir déficits históricos en infraestructura y alimentación en Guatemala, en línea con los datos de la Evaluación Nacional de la Seguridad Alimentaria (ESA) 2025 y voces del Diálogo Nacional Alimentación citadas por Prensa Libre: solo el 20% de la población consume frutas y verduras y el 70% sufre algún grado de inseguridad alimentaria.
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