La falta de liquidez y diferentes desafíos impiden renovar el 70% de la flota del transporte colectivo en El Salvador

El sector transporte en El Salvador enfrenta una crisis estructural que se traduce en la imposibilidad de renovar más del 70% de las unidades que requieren sustitución durante 2026, según datos presentados por la Mesa Nacional de Transporte en entrevistas concedidas este día en Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña y en el programa Corre Corre de Radio 105.3 FM.

La situación revela el impacto de la falta de liquidez, el atraso en el pago de la compensación económica, la competencia ilegal sobre la viabilidad del transporte colectivo y el retraso de inversiones en el sector.

Lucio Vásquez, empresario y vocero de la Mesa Nacional de Transporte, explicó en Frente a Frente que para este año se estimaba la necesidad de renovar novecientas setenta y ocho unidades, pero más del setenta por ciento de estas no podrán ser reemplazadas. “Un poco más de setecientas unidades no van a ser sustituidas por los efectos de la crisis actual”, afirmó Vásquez, quien también destacó que el parque vehicular del transporte público ha disminuido de más de once mil doscientas unidades a menos de nueve mil.

El deterioro financiero del sector se atribuye, en parte, a la falta de pago de la compensación económica por parte del Gobierno. Vásquez señaló que la deuda acumulada oscila entre cuatro y seis meses, con un impacto inmediato en la capacidad de los empresarios para cubrir compromisos financieros y operativos. “Hoy, solo el aumento acumulado en el precio del diésel representa una pérdida de más de quinientos dólares mensuales por unidad, lo que anula completamente el beneficio de la compensación”, sostuvo Vásquez en declaraciones recogidas por Frente a Frente.

La problemática se agrava por la competencia ilegal. Tanto Vásquez como Luis Regalado, también vocero de la Mesa, advirtieron sobre la proliferación de rutas informales y microbuses piratas que operan fuera de regulación, cobran tarifas superiores a las oficiales y restan pasajeros al sistema formal. Vásquez describió que en algunos trayectos, los usuarios pagan hasta un dólar por servicios piratas, mientras que el transporte legal mantiene tarifas congeladas desde hace más de veinte años. “Es una competencia desigual, ya que los piratas pueden operar sin regulaciones y fijar precios sin restricciones”, denunció Vásquez.

La reducción del flujo de pasajeros también impacta la sostenibilidad del sector. Regalado detalló en el programa radial Corre Corre que, antes de la pandemia, algunas rutas lograban transportar quinientos pasajeros por unidad, cifra que ha caído drásticamente en los últimos años. “Ahora, para cubrir los costos operativos y el incremento del precio del combustible, se necesitarían al menos seiscientos pasajeros diarios, pero son pocas las rutas que alcanzan esos volúmenes”, afirmó Regalado.

La imposibilidad de renovar flota se ha traducido en el regreso de unidades usadas, importadas principalmente desde Estados Unidos, y en el retraso de inversiones para modernizar el servicio. Regalado indicó que la importación de autobuses nuevos se ha visto limitada por la restricción de créditos bancarios y el aumento de los precios internacionales. “Un bus usado que antes costaba dieciséis mil dólares ahora supera los treinta mil, mientras que los modelos más nuevos pueden alcanzar los cincuenta y cinco mil dólares”, precisó Regalado.

El mantenimiento de las unidades ha pasado de ser preventivo a correctivo, ya que los empresarios solo pueden reparar los vehículos cuando sufren fallas graves. Vásquez advirtió que muchas unidades quedan fuera de circulación al carecer de recursos para reparaciones mayores. “Hoy, si un motor se daña, la unidad queda parada porque no hay capacidad económica para restaurarla”, afirmó.

La crisis ha generado una reducción palpable en la cantidad de unidades en circulación, lo que se refleja en mayores tiempos de espera para los usuarios y una menor frecuencia de paso. Regalado señaló que el aumento del parque vehicular privado y el crecimiento de las motocicletas han contribuido a la disminución de pasajeros en el transporte colectivo.

A pesar de estas dificultades, la Mesa Nacional de Transporte ha propuesto alternativas como el establecimiento de un precio tope para el diésel destinado al sector y la revisión del esquema de subsidios. Regalado sugirió que la transferencia directa del subsidio al usuario podría ser una opción para aliviar la presión sobre los empresarios. “El ideal sería que el subsidio llegara al pasajero, como ocurre con el gas, y que el Gobierno realizara estudios técnicos para definir la tarifa real”, declaró.

La falta de renovación y el deterioro del parque vehicular ponen en riesgo la continuidad y calidad del servicio de transporte colectivo en El Salvador, según advirtieron los dirigentes del sector, mientras esperan que el Gobierno cumpla con la cancelación de la compensación económica pendiente y se avance hacia una solución estructural que permita la recuperación del sistema.