La aprobación por parte del Congreso de Guatemala del Decreto 11-2026 establece la Ley de apoyo a los consumidores de diésel y gasolina y asigna Q2 mil millones para subsidiar el precio de los combustibles durante tres meses, en un contexto de inestabilidad internacional de los hidrocarburos que amenaza el costo de la canasta básica y la economía de los hogares.
El trámite legal obliga al Organismo Ejecutivo a sancionar o vetar el decreto en un plazo de quince días. Tras dicha decisión, el subsidio podrá aplicarse en un lapso de entre doce y quince días, como confirmó Allan Rodríguez, diputado de la bancada Vamos, al medio fuente.
Antes de tomar efecto, el decreto debe superar el trámite constitucional correspondiente. El Congreso enviará el texto al Organismo Ejecutivo, que cuenta con un plazo máximo de quince días para sancionarlo o devolverlo con observaciones.
Si se aprueba sin veto, el siguiente paso será la emisión del Acuerdo Gubernativo y la publicación del reglamento, tras lo cual el beneficio entrará en vigor entre doce y quince días después de recibir el aval presidencial, confirmó Rodríguez al medio fuente.
El pleno del Congreso aprobó la normativa sin mayores objeciones. Pese a la introducción de enmiendas, como la relativa a la modalidad de teletrabajo, estas no lograron apoyo suficiente.
El detalle presupuestario, confirmado por Julio Héctor Estrada, presidente de la comisión de finanzas del Congreso, establece que Q1.200 millones del fondo total se destinarán específicamente al diésel.
El monto subsidiado variará según el carburante: Q8 por galón de diésel y Q5 por galón para gasolinas regular y superior. Estrada destacó que la mayor asignación al diésel responde a su función clave en el transporte y en la cadena de distribución de productos esenciales. Además, señaló la eficacia comprobada de esquemas previos para garantizar el acceso a bienes básicos.
Detalles de la implementación y la supervisión del subsidio
La medida impone al Estado de Guatemala la obligación de contribuir directamente al precio final de los combustibles, trasladando el beneficio a los consumidores. El presidente de la comisión de finanzas insistió en la relevancia de enfocar el subsidio en el diésel por su impacto en la logística y el abastecimiento nacional.
El proceso regulatorio prevé mecanismos de control y fiscalización ejecutados por el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Economía —a través de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco)— y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Estas entidades deberán verificar que el subsidio se refleje en el precio final pagado en los puntos de venta. El diputado José Carlos Sanabria, del oficialismo, declaró que los mecanismos de trazabilidad y supervisión incluidas “garantizarán que los recursos lleguen efectivamente a los consumidores finales”.
Durante la discusión en el Congreso se analizaron diversas modificaciones, incluida una propuesta sobre teletrabajo, que finalmente fue rechazada por falta de consenso, según el medio fuente.
Luego de la aprobación, Estrada pidió públicamente al presidente de la república que acelere los trámites administrativos con la siguiente exhortación: “Le insto al Ejecutivo que realmente le ponga candela para que esto entre a funcionar rápidamente, porque al pueblo le urge este apoyo”.
La aprobación legislativa y el diseño de control buscan resguardar la eficacia del subsidio, en un entorno de volatilidad internacional que ha elevado las inquietudes sobre el abastecimiento y el precio de los hidrocarburos, especialmente en rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz.
La ley delimita que solo los importadores de combustibles registrados ante la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, con anterioridad a la entrada en vigor del decreto, podrán gestionar el apoyo, siempre que trasladen el beneficio de manera obligatoria al consumidor final
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