La jurista Annabella Morfin asumió las funciones de presidenta de la Corte de Constitucionalidad en Guatemala a partir de las cero horas de ese martes 14, su objetivo dice restaurar la credibilidad institucional y la confianza ciudadana. En un acto protocolario celebrado en el Teatro Nacional con la presencia de representantes de los tres poderes estatales, Morfin manifestó su compromiso con el respeto a la supremacía constitucional y la consolidación de la legitimidad del principal órgano de control de la legalidad en el país. La primera presidenta de la novena magistratura, designada por el presidente Bernardo Arévalo, señaló como prioridad inmediata reforzar el papel de la Corte de Constitucionalidad ante la creciente carga de casos y las secuelas de años de crisis institucional, según informó el medio original.
En 2025 la Corte de Constitucionalidad resolvió más de 10.000 casos
Al iniciar la novena magistratura (periodo 2026-2027), Morfin remarcó que en 2025 el tribunal revisó más de 10.000 expedientes, lo que representa —según ella— un “crecimiento exponencial” que exige “celeridad como legalidad”. Esta cifra, referida en su discurso y recogida por el medio original, ilustra la relevancia de la Corte de Constitucionalidad como instancia que atiende disputas centrales para el equilibrio democrático de Guatemala.
Morfin recordó que la corte, fundada con la Constitución de 1986, logró mantener el equilibrio entre poderes durante la historia política reciente. Por ejemplo, citó la sentencia del 25 de mayo de 1993, cuando el tribunal declaró inconstitucionales, de oficio, las medidas de un gobernante que desconocía el marco constitucional, restaurando así el orden institucional. Para Morfin, “esta decisión ejemplar nos inspira y constituye una referencia histórica para la actual magistratura”.
En el acto estuvieron el presidente del Constitucional de la República, el presidente del Congreso y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Morfin se dirigió a magistrados y a la sociedad en general, señalando el volumen de trabajo y la sobrecarga de amparos como desafíos inmediatos. Subrayó que esta situación obliga a acelerar procesos sin sacrificar la legalidad ni la legitimidad técnica de las resoluciones.
Principios éticos, desafío de independencia y referentes internacionales
Morfin recalcó la importancia de afianzar los principios de imparcialidad, objetividad e independencia en los jueces constitucionales, aludiendo a palabras del jurista Alan Brewer-Carías: “El rol de los tribunales constitucionales es garantizar la Constitución y su supremacía, y a través de ella, la democracia, el control del poder y la vigencia de los derechos humanos”.
En la parte final del acto, Morfin transmitió un mensaje a la sociedad guatemalteca: “Desempeñaré el relevante cargo que hoy inicio cumpliendo a cabalidad con el mandato constitucional, que me ha sido encomendado de defender la Constitución en respeto de sus cláusulas, de sus valores y sus principios”. Citó a Jorge Mario García Laguardia para resaltar que “el control judicial de la actividad gubernamental es la coronación necesaria para la realización del Estado de derecho. Su papel esencial de guardián e intérprete de la Constitución debe ejercerse cuidadosamente para no enervar la acción del Ejecutivo... para no interferir en la libertad del Legislativo... y para no jugar el papel de superinstancia de recurso”.
La gestión de Leyla Lemus: digitalización, acceso público y reforma interna
La magistrada presidenta Leyla Susana Lemus Arriaga, en su discurso de cierre, destacó los lineamientos de su gestión 2025-2026, centrados en eficacia jurisdiccional, apertura institucional y transformación digital. Según Lemus, la corte emitió más de 13.000 resoluciones entre sentencias y autos, publicó de manera sistemática el calendario de expedientes y habilitó el acceso público a 3.940 sentencias y 7.501 autos en el sistema digital, lo que —de acuerdo al informe institucional— permitió consolidar la transparencia como práctica habitual.
Durante ese periodo se respondió a 1.345 consultas, se lanzaron tres gacetas jurídicas para difundir el quehacer constitucional y, en el ámbito académico, se impulsaron congresos, jornadas, conferencias y publicaciones. La “Academia Virtual del IJC” fue creada bajo este mandato y permitió que más de 12.000 personas accedieran por primera vez a formación constitucional, incluidas personas de fuera de la capital y sin formación jurídica, según Lemus Arriaga.
En el plano tecnológico, la corte adoptó sistemas de jurimetría —análisis estadístico de datos jurídicos— y transfirió derechos de autor sobre modelos y herramientas generadas internamente, resguardando la propiedad intelectual. Administrativamente, actualizó el régimen de servicio civil y pasivos después de 36 años (Acuerdo 5-2025) y puso en vigor el primer reglamento orgánico (Acuerdo 4-2025), precisando la estructura interna.
La transición de mando entre Leyla Susana Lemus Arriaga y Annabella Morfin se basa en el fortalecimiento de la transparencia, la innovación tecnológica y el apego al marco constitucional, elementos que, según sus protagonistas, marcan el presente y futuro de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala.
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