El Congreso inicia aprobación de ley integral contra el lavado de dinero en Guatemala

Diputados del Congreso de la República de Guatemala dieron inicio a la aprobación de la nueva ley integral contra el lavado de dinero y otros activos, una iniciativa que se presenta como eje central en la defensa del sistema financiero nacional y el acceso al mercado internacional ante la evaluación que realizará el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en 2027.

Esta reforma, impulsada por la inminente revisión del cumplimiento de estándares globales, es considerada clave para garantizar la estabilidad económica y evitar sanciones con graves consecuencias, según afirmó el diputado oficialista Carlos Sanabria al ser consultado respecto a la importancia de la normativa.

Un dato que ilustra la magnitud del problema es que, bajo el régimen legal actual, más de seis mil personas permanecen en prisión tras cumplir su condena porque no pueden pagar multas que, en muchos casos, alcanzan montos millonarios. Esta situación alimenta el debate legislativo sobre la estructura de las sanciones aplicadas a los delitos de lavado de dinero. La presión de la sobrepoblación carcelaria y el riesgo de sanciones internacionales son factores adicionales que, según el ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda.

La iniciativa de ley 6593 y los estándares internacionales

La iniciativa de ley 6593, presentada por el ministro de Finanzas Públicas en 2023, unifica y sustituye la normativa vigente contra el lavado de dinero y la prevención del financiamiento al terrorismo, derogando los decretos 67-2001 y 58-2005.

Además, introduce enmiendas al Código de Comercio, la Ley Contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Servicios de Seguridad Privada y el Código de Notariado.

Según Sanabria, el objetivo es ajustar las reglas nacionales a los requerimientos internacionales y “evitar sanciones que podrían traducirse en costos económicos y políticos muy altos”, como ocurrió en Panamá.

El nuevo marco legal busca fortalecer los procedimientos administrativos preventivos e instituye la figura obligatoria del “oficial de cumplimiento” en entidades públicas y privadas.

Se incrementa el control sobre los sujetos obligados, haciendo énfasis en la identificación rigurosa del beneficiario final, y fomenta el enfoque basado en el riesgo.

Adicionalmente, tipifica nuevos delitos y endurece las penas por financiamiento del terrorismo y movimiento ilícito de fondos, áreas abordadas hasta el momento de manera dispersa en la legislación.

El plan legal también incluye una definición de “beneficiario final” como “persona individual que, en última instancia y por cualquier medio, se beneficia o ejerce el control efectivo de las personas jurídicas o estructuras jurídicas, ya sea mediante la titularidad, propiedad del capital, participación o cualquier otro mecanismo directo o indirecto”. La Junta Monetaria y el Banco de Guatemala supervisarán la aplicación, mientras que la Superintendencia de Bancos, por medio de la Intendencia de Verificación Especial, elaborará el reglamento técnico tras la aprobación definitiva.

Consenso político y rechazo a propuestas paralelas

Sanabria explicó que la propuesta fue diseñada para ser compatible con la realidad del país y “no afectar a la economía informal”, sector que representa entre el 65 y el 70% de la actividad económica nacional, según datos citados por el legislador. Explicó que la ley promueve la formalización “sin desmotivar” a los trabajadores informales. Además, subrayó el alto consenso entre bloques legislativos y el compromiso absoluto del presidente Bernardo Arévalo y la bancada Semilla para agilizar la aprobación de la norma, cumpliendo los plazos de implementación requeridos.

Cambios en el régimen de sanciones y su impacto en el sistema carcelario

El debate sobre el régimen de sanciones avanzó tras la propuesta del ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda de eliminar las multas económicas para condenados por lavado de dinero y sustituirlas por penas privativas de libertad. Villeda expuso ante el Congreso: “El pago post-delito constituye en sí una forma de ‘lavado de dinero’”.

La legislación vigente establece entre seis y veinte años de reclusión, seguidos de una multa proporcional al valor de los bienes incautados. Esta fórmula ocasionó que más de seis mil internos permanezcan encarcelados una vez concluida su condena, debido a la imposibilidad de pagar estas multas, según cifras de Soy502. Según Villeda, si la reforma se aprueba, entre 2.500 y 3.000 condenados podrían ser liberados de inmediato, lo que aliviaría una crisis de hacinamiento penitenciario que supera el 300% de la capacidad instalada en Guatemala.

El ministro argumentó que eliminar las multas permitiría reintegrar a exconvictos y abordar el hacinamiento de las cárceles, al mismo tiempo que se refuerza la integridad del sistema financiero bajo el escrutinio internacional.