La Corte Suprema de Justicia de Guatemala anuló tres resoluciones contra el periodista José Rubén Zamora Marroquín, argumentando vulneraciones al debido proceso y falta de fundamento legal en las acciones que habían ordenado su regreso a prisión preventiva en 2025, informaron medios locales. Estas decisiones, emitidas por la Sala Segunda Penal y la Sala Tercera de Apelaciones, quedan sin efecto, lo que reabre el análisis del proceso judicial que involucra al fundador del desaparecido medio guatemalteco elPeriódico.
El fallo de la Corte restituye principios relacionados con el debido proceso en el sistema judicial, informaron medios como Prensa Libre y la agencia de noticias EFE, y anula medidas impuestas anteriormente. Las actuaciones judiciales motivaron debate tanto nacional como internacional, pues distintos sectores las asociaron con posibles represalias por investigaciones de Zamora sobre corrupción durante el gobierno de Alejandro Giammattei.
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El periodista fue arrestado en 2022 tras una acusación de lavado de dinero formulada por el Ministerio Público, encabezado por Consuelo Porras. Antes de las resoluciones de 2025, Zamora había pasado más de 1,095 días en prisión preventiva, sin que se comprobara su culpabilidad, de acuerdo a las publicaciones.
La reciente decisión de la máxima autoridad judicial no solo levanta las órdenes de reclusión que pesaban contra Zamora, sino que también reaviva el debate sobre la independencia judicial y la libertad de prensa en Guatemala, dos temas bajo atención regional.
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Hace un mes, la Justicia de Guatemala había concedido el arresto domiciliario a Zamora tras permanecer más de tres años en prisión preventiva, una medida que organizaciones regionales consideraron un avance significativo en la defensa de los derechos fundamentales y la libertad de prensa. La resolución, dictada por el Juzgado de Segunda Instancia Penal, permitía a Zamora abandonar la prisión militar Mariscal Zavala de Ciudad de Guatemala y continuar bajo vigilancia domiciliaria mientras se sustancia el proceso en su contra.
El estancamiento del proceso judicial contra Zamora superó los 30 meses, acumulando una detención preventiva sin sentencia definida. Distintas maniobras legales, la pérdida parcial del expediente y la presentación de recurrentes recursos obstaculizaron el avance de la causa. Estos hechos motivaron pronunciamientos que alertaron sobre posibles vulneraciones a los principios de un debido proceso y a las garantías judiciales, así como al derecho a una justicia rápida y efectiva.
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Zamora fue arrestado a finales de julio de 2022 después de un allanamiento en su vivienda y en las oficinas de ‘elPeriódico’, diario que dirigía. Cinco días antes de su detención, Zamora había hecho declaraciones públicas de tono crítico hacia el entonces presidente Alejandro Giammattei (2020-2024), atribuyéndole una gestión marcada por la corrupción. La Fiscalía de Guatemala, dirigida por Consuelo Porras, formalizó los cargos por blanqueo de capitales y obstrucción a la justicia poco después de estas declaraciones. El periódico finalmente se vio obligado a cerrar, denunciando una persecución contra sus periodistas.
La Red Centroamericana de Periodistas (RCP) y el colectivo No Nos Callarán emitieron un comunicado conjunto el mes pasado en el que celebraron la decisión judicial. Para ambas organizaciones, “la libertad concedida constituye un avance significativo”, que restablece la posibilidad de que Zamora “defienda su causa en libertad”, según publicó Europa Press.
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El caso se ha transformado en un ejemplo emblemático en la discusión regional sobre el uso del sistema judicial como mecanismo de presión o censura hacia el periodismo, y ha situado a Guatemala bajo la atención de organizaciones que exigen mayores garantías para la libertad de información y expresión.
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