Diputados aliados al oficialismo han sido los primeros en presentar tachas dentro del proceso de selección para el puesto de fiscal general y jefa del Ministerio Público de Guatemala, marcando un episodio de creciente tensión institucional en el país, ya que las objeciones incluyen acusaciones formales de falta de ética y señalamientos internacionales que podrían impactar la legitimidad del proceso, según informó #ElecciónMP2026.
La presentación inicial de objeciones fue realizada por la diputada Mirna Victoria Godoy Palala, independiente pero electa por el partido Semilla, quien interpuso un señalamiento contra María Consuelo Porras Argueta, actual titular del Ministerio Público y aspirante a la reelección para el período 2026-2030. Adicionalmente, el abogado Orlando Salvador Sánchez, actuando en representación del diputado Samuel Pérez, también independiente electo por Semilla, dio a conocer un señalamiento contra Porras Argueta, abriendo así el primer expediente formal de objeción contra un aspirante en este ciclo de selección.
Acusaciones de plagio y sanciones internacionales marcan el proceso de objeción
Las tachas, recursos legales que permiten a ciudadanos y sectores formalizar objeciones contra candidatos a cargos públicos de alta jerarquía, se han convertido en herramientas clave en este proceso. Según expuso el diputado Samuel Pérez en una conferencia, los motivos del señalamiento contra Porras Argueta son diversos. Pérez afirmó: “La sanción moral más importante es el rechazo profundo que tiene el pueblo de Guatemala en contra de esta persona, que es enemiga del país. Aquí estamos presentando argumentos objetivos para que no sea incluida en la nómina de seis personas que estaría siendo enviada al presidente de la República”.
Pérez enumeró como principales argumentos las sanciones internacionales impuestas contra Porras Argueta, señalando: “Ya casi no puede ir a ningún país del mundo porque ha sido sancionada internacionalmente, por conducir el golpe de Estado en contra de Guatemala, por abrir las cajas electorales, lo cual no le sirvió de nada porque se demostró que teníamos más votos de los que habían originalmente contado”. El diputado resaltó que entre los aspectos presentados figura la acusación de plagio de la tesis doctoral de la fiscal general. “Ella plagió su tesis doctoral. No tiene ninguna competencia ni cualidades académicas y sería lamentable que los decanos de las facultades de Derecho tan siquiera consideren ponerle algún punteo”, expresó.
El señalamiento apunta especialmente a la responsabilidad de los decanos de las universidades participantes en la Comisión de Postulación, destacando nombres como Enrique Fernando Sánchez Lucera (UPANA), Luis Roberto Aragón Solé (Universidad San Pablo), José Andrés Reyes Valenzuela (Universidad Da Vinci) y Donald González (Universidad de Occidente), este último vinculado a denuncias de supuesta extorsión para influir en procesos previos de selección, como en el Tribunal Supremo Electoral.
Polarización política durante la elección del Ministerio Público
El proceso de elección de la máxima autoridad del Ministerio Público se desarrolla en un contexto de marcada polarización política y cuestionamientos a la integridad institucional. Legisladores implicados sostienen que la actual fiscal general habría atentado contra la democracia y que, durante su gestión, se utilizó presuntamente la acción penal de manera instrumental en el país.
La presentación de tachas surge como mecanismo central para fiscalizar la candidatura de Porras Argueta y abre la puerta al escrutinio público tanto de la postulante como de quienes, desde los órganos universitarios y políticos, participarán en la decisión de la terna final que será enviada al presidente de Guatemala para la selección definitiva.
Además, el ciudadano Ulysses Robert Dent Dávila presentó una objeción formal contra Marco Antonio Cortéz Sis en el procedimiento para elegir fiscal general y jefe del Ministerio Público (2026-2030).
La presentación de este señalamiento coloca a Cortéz Sis bajo revisión en una etapa clave de la selección para el cargo de fiscal general.
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