El exilio y la inseguridad marcan la labor de operadores judiciales en América Latina, según audiencias en la CIDH que se realizan en Guatemala

En el inicio del 195º período de sesiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos escuchó denuncias sobre el deterioro estructural de la independencia judicial en países como Guatemala, Venezuela y Ecuador, donde recientes reformas, hostigamientos coordinados y crisis de seguridad han generado consecuencias directas sobre la estabilidad y la continuidad de la función judicial. Según exposiciones recogidas en las audiencias públicas que realizadas en ciudad de Guatemala, la instrumentalización del sistema penal y la política disciplinaria han forzado el exilio de jueces íntegros, mientras la ausencia de apoyo estatal agrava la vulnerabilidad de los operadores de justicia.

Representantes de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI) informaron que desde 2022, las reformas aplicadas a la carrera judicial han desplazado al Consejo como ente rector, en contravención de estándares internacionales. Este cambio dificulta la especialización y genera discontinuidad jurisdiccional, lo que puede privar a la ciudadanía de experiencia acumulada y conocimientos técnicos en áreas sensibles. Indicaron además que las campañas de hostigamiento contra jueces independientes han aumentado en sofisticación y coordinación, incluyendo acusaciones falsas y narrativas en redes sociales que buscan desacreditar tanto la función como la esfera personal de los magistrados.

Esta presión digital suele ir acompañada de denuncias penales sin fundamento y de recusaciones infundadas, presentadas con el solo propósito de apartar jueces de casos estratégicos. De acuerdo a la AGJI, este patrón provoca un ambiente de intimidación, obliga a jueces a defenderse personalmente, expone a sus familias y paraliza la administración de justicia. El uso sistemático de denuncias penales estratégicas, procesos disciplinarios y solicitudes de antejuicio sin sustento ha llevado, según la asociación, a que jueces independientes sean forzados al exilio para proteger su integridad y vida, una situación que el Estado de Guatemala aún no ha abordado mediante políticas ni programas de respaldo.

Situación de la independencia judicial en Venezuela

Las intervenciones referidas a Venezuela expusieron la inestabilidad generada por los concursos públicos multiregionales y la carencia de estabilidad judicial. Se detalló que los tribunales han facilitado la indefensión de las personas al imponer defensores públicos y negar el acceso a abogados de confianza, un hecho que quedó evidenciado tras las detenciones masivas posteriores a las elecciones presidenciales de 2024.

La reforma a la Ley de Justicia de Paz de diciembre de 2024, que convocó la elección de treinta mil jueces de paz comunales, fue criticada por falta de transparencia y por su orientación política a cargo del Poder Ejecutivo. No se publicaron los resultados ni las tasas de participación, y los jueces elegidos surgen de estructuras comunales financiadas por el Ejecutivo, lo que suma riesgos de control político y vigilancia social territorial.

Violencia y presión institucional contra la justicia en Ecuador

María Dolores Viño, del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, describió una situación donde la intensa violencia se traduce en amenaza directa para jueces y operadores judiciales. En los últimos cuatro años se registraron al menos cuarenta ataques al sistema de justicia ecuatoriano, incluyendo asesinatos, amenazas y atentados con explosivos. Frente a estos hechos, los protocolos estatales para proteger a jueces bajo amenaza resultan insuficientes por carencias en recursos, efectivos policiales y equipamiento.

Relató el caso de un juez anticorrupción que, tras recibir amenazas de muerte por condenar a un integrante de la mafia serbia en 2005, fue desprotegido y objeto de campañas de desprestigio por el propio Consejo de la Judicatura y el Ministerio del Interior, lo que lo obligó al exilio. Un caso similar obligó a otra operadora de justicia a buscar asilo. Estos hechos se vinculan, según Viño, a posibles nexos entre el crimen organizado y el Poder Judicial: una crisis institucional que desembocó en la renuncia del presidente de la Corte Nacional de Justicia en diciembre de 2005 y la censura en juicio político al presidente del Consejo de la Judicatura en febrero de 2026.

Reclamos regionales por mecanismos internacionales de protección

La Federación Centroamericana de Jueces y Juezas por la Democracia (FECAJUD) pidió la creación de una Relatoría de Independencia Judicial en el sistema interamericano para fortalecer la protección regional, debido a que el mandato actual de la relatora de Naciones Unidas abarca al mundo entero, dificultando la atención local. FECAJUD reclamó, además, la revisión de los criterios para establecer medidas cautelares destinadas a funcionarios judiciales perseguidos, con enfoques diferenciados para la criminalización y la estabilidad laboral, señalando: “Esperar a cuando la integridad física o la vida de un operador de justicia está en grave riesgo, ya es demasiado tarde para el juez y para la justicia.”