Una reforma legal de gran alcance en Guatemala busca blindar el sistema financiero frente al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, en un contexto determinado por la inminente evaluación internacional del Grupo de Acción Financiera (GAFI) prevista para 2027, de cuya aprobación en tiempo y forma depende la estabilidad económica del país y el acceso a mercados globales, según destaca el diputado oficialista Carlos Sanabria.
La iniciativa de ley 6593, remitida al Congreso de la República por el ministro de Finanzas Públicas el año pasado, propone unificar en una sola normativa la legislación vigente contra el lavado de dinero y la destinada a prevenir el financiamiento al terrorismo, derogando los decretos 67-2001 y 58-2005, actualmente en vigor.
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Este proyecto, que también prevé reformas puntuales al Código de Comercio, la Ley Contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Servicios de Seguridad Privada y el Código de Notariado, fue calificado como sumamente importante por Sanabria, quien explicó que su objetivo es actualizar la normativa nacional frente a los estándares internacionales y “evitar sanciones” que, como ocurrió en el caso de Panamá, pueden tener consecuencias económicas, sociales y políticas profundas.
Sanabria afirmó que el propósito es “poner al país a tono con la normativa internacional”. Añadió que con la aprobación de la ley “si el país no se encuentra dentro de la normativa y los parámetros internacionales, el país sufre una sanción, y esa sanción tiene impactos económicos y financieros muy fuertes”. Citó el caso panameño como advertencia de los “costos sociales, económicos e incluso políticos altos” que puede conllevar el incumplimiento.
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Consenso político y efecto en la economía informal
Sanabria aseguró que la normativa fue diseñada para no afectar a la economía informal, que representa entre 65 y 70% del movimiento económico en Guatemala, según estimaciones citadas por el legislador. Por el contrario, consideró que la ley fomenta procesos de formalización “sin desmotivar” a este sector.
En cuanto al avance legislativo, sostuvo que existe “un nivel de consenso alto con muchos bloques legislativos” y reiteró el “compromiso absoluto del presidente Bernardo Arévalo y la bancada Semilla” para aprobar la normativa “lo más pronto posible”, teniendo en cuenta los plazos necesarios para su instrumentación efectiva.
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Hasta el momento, no se prevén iniciativas paralelas, ya que la propuesta “reúne todos los elementos que están exigidos a nivel internacional”, enfatizó Sanabria. Por su parte, la Superintendencia de Bancos advirtió que la aprobación inmediata de la ley es fundamental para posibilitar el proceso posterior de reglamentación técnica y garantizar que Guatemala cumpla eficazmente los estándares internacionales propuestos por GAFI.
Detalles técnicos y concepto de beneficiario final
La nueva ley, declarada de interés público, establece como finalidad regular la prevención y represión del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo, bajo un esquema preventivo de obligaciones, tipificación de delitos y sanciones. Introduce la definición de beneficiario final como aquella “persona individual que, en última instancia y por cualquier medio, se beneficia o ejerce el control efectivo de las personas jurídicas o estructuras jurídicas, ya sea mediante la titularidad, propiedad del capital, participación o cualquier otro mecanismo directo o indirecto”.
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La aplicación de la normativa estará bajo la vigilancia del sistema de banca central, dirigido por la Junta Monetaria y ejecutado por el Banco de Guatemala, de acuerdo con el mandato constitucional que le confiere autoridad sobre la circulación del dinero y la deuda pública. La Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia de Verificación Especial, elaborará el reglamento técnico que materialice la implementación de la ley, una vez aprobada por el Ejecutivo.
La urgencia de esta reforma se justifica, según la SIB, porque solo con tiempo previo suficiente para consolidar su aplicación y documentar sus resultados será posible demostrar, ante la evaluación internacional agendada para 2027, que el sistema antilavado de Guatemala es eficaz, cumple con las cuarenta recomendaciones de GAFI y está alineado con las mejores prácticas globales.
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