El periodista guatemalteco José Rubén Zamora solicita cancelar la Fundación contra el Terrorismo

El periodista guatemalteco José Rubén Zamora solicitó al Ministerio de Gobernación la cancelación de la personería jurídica de la Fundación contra el Terrorismo, argumentando que la entidad habría sido utilizada para fines contrarios a la ley y los derechos fundamentales.

Según consta en el requerimiento presentado el miércoles 18 de febrero ante el Registro de Personas Jurídicas, Zamora afirma que la Fundación contra el Terrorismo fue instrumentalizada para criminalizar, perseguir e intimidar a periodistas, operadores de justicia y defensores de derechos humanos.

El periodista sostiene que la ONG empleó acciones legales, campañas públicas de estigmatización y diversas formas de presión para restringir el ejercicio de derechos fundamentales.

De acuerdo con el documento, la organización ha presentado denuncias y querellas penales sin sustento jurídico contra miembros de la prensa, fiscales, jueces y exoperadores de justicia, participando activamente como querellante adhesivo en diversos procesos judiciales.

Esta figura le permitió intervenir directamente en acusaciones penales y promover medidas que derivaron en detenciones y procesos prolongados, además de la imposición de restricciones a la libertad de varios actores vinculados con la lucha anticorrupción.

Zamora subraya en su solicitud que las acciones de la Fundación crearon un entorno de presión y estigmatización perjudicial para la dignidad y la libertad en el ejercicio independiente del periodismo y la justicia. “La personería jurídica de una organización no puede utilizarse como herramienta de intimidación ni de persecución contra quienes ejercen derechos fundamentales”, expresó el periodista al fundamentar su petición.

El escrito detalla un patrón de actuación que incluye la reiteración de denuncias penales contra personas consideradas adversarias, la promoción de campañas de deslegitimación y la difusión de mensajes intimidatorios en espacios públicos y redes sociales. Según el documento, “el uso de la figura jurídica para fines de criminalización contradice los principios de las organizaciones sin fines de lucro”.

La solicitud invoca la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo y su reglamento, que permiten a cualquier persona pedir la cancelación de la personería jurídica de una ONG cuando existan indicios de que actúa fuera de sus fines estatutarios o en violación de la ley.

Zamora invoca su derecho como ciudadano y periodista directamente afectado, además del derecho constitucional de petición, que garantiza a toda persona presentar solicitudes fundadas ante la autoridad competente para la protección de derechos fundamentales.

El procedimiento administrativo iniciado requerirá que las autoridades evalúen los fundamentos presentados y decidan sobre la continuidad de la Fundación contra el Terrorismo conforme al marco legal vigente. El documento enfatiza la necesidad de proteger el ejercicio independiente del periodismo y la justicia frente a acciones que buscan restringir derechos y libertades.

“Solicito que se tomen las medidas legales necesarias para evitar la persecución y criminalización de defensores de derechos humanos y periodistas”, concluyó el periodista en su requerimiento.

Durante la conversación con la prensa, Zamora describió el desgaste físico y emocional que le ha generado el proceso judicial. “Me siento de seiscientos tres años, el desgaste es muy fuerte. Mi peso normal son ciento setenta libras, llegué a ciento veintiocho, había regresado a ciento sesenta y cinco y ahora estoy en ciento cuarenta y dos”, detalló el periodista. Esta situación refleja el impacto que ha tenido la persecución legal en su salud.

El periodista señaló que el argumento del MP para apelar su libertad provisional parte de la sospecha de que podría abandonar Guatemala, debido a sus vínculos internacionales y experiencia en viajes. No obstante, Zamora fue enfático al declarar: “Tengo amigos en el extranjero y sé cómo viajar, pero yo estoy aquí hasta que honren mi nombre y me declaren inocente”.

Sobre la solicitud de cancelar la Fundación Contra el Terrorismo, Zamora expresó su esperanza de que las autoridades respondan conforme a la legalidad y pongan fin a lo que considera una serie de acciones para hostigar a ciudadanos y operadores de justicia.

El periodista afirmó que la fundación ha promovido cambios de jueces y ha incidido en decisiones judiciales, lo que considera una transgresión de los fines y estatutos de la organización.

Zamora explicó que el gobierno actual ha manifestado apego al respeto de la legalidad, lo que, desde su perspectiva, obligaría a atender la solicitud de cierre de la organización si se comprueba que ha vulnerado sus objetivos. De acuerdo con las normas, las autoridades deben citar a la fundación y permitirle defenderse antes de tomar una decisión definitiva.