La Presidencia de Guatemala establece reglas para controlar el gasto público en 2026

La Presidencia de la República de Guatemala estableció este lunes nuevos lineamientos para la contención y eficiencia del gasto público durante el ejercicio fiscal 2026, según el oficio 001-2026 divulgado en el Diario de Centro América.

Entre las directrices destacadas, las instituciones públicas deberán abstenerse de adquirir seguros médicos o servicios de medicina prepago para empleados y funcionarios, salvo los incluidos en pactos colectivos.

Además, la restricción se extiende a los gastos asociados al subgrupo 13 —viáticos, gastos conexos, transporte de personas y gastos de festejos—, los cuales solo serán permitidos si resultan ineludibles y debidamente justificados.

El documento recalca la importancia de asegurar el pago puntual de sueldos, salarios y honorarios para servicios técnicos y profesionales contratados por el Estado.

A su vez, la aprobación de cuotas financieras, provenientes de ingresos tributarios y otras fuentes detalladas —como el IVA-Paz y recursos de aporte constitucional—,quedará supeditada a la disponibilidad de fondos vinculada a la recaudación tributaria. El financiamiento de bonos del tesoro seguirá la misma condición.

Las instituciones tendrán que programar y ejecutar de forma eficiente sus recursos propios, incluyendo los saldos de caja acumulados, con el propósito de ampliar y mejorar la cobertura de bienes y servicios públicos.

Se establece también que la compra de vehículos dependerá de la disponibilidad presupuestaria y las prioridades institucionales, prohibiéndose salvo en los casos de ambulancias, patrullas y vehículos de emergencia.

El documento exige que cualquier eventual modificación al presupuesto de egresos no perjudique la financiación de los programas sustantivos de cada entidad. Al definir estos lineamientos, la Presidencia orienta la gestión financiera bajo los principios de racionalidad, eficiencia y transparencia, priorizando los objetivos de la Política General de Gobierno.

La circular emitida por el presidente Arévalo, también establece que, las entidades que cuenten con recursos propios tienen la obligación de efectuar de manera inmediata el registro correspondiente en el sistema de contabilidad integrada a nivel de cada unidad ejecutora. Esta medidabusca asegurar la disponibilidad requerida para la aprobación de las cuotas financieras solicitadas.

El oficio 001-2026 detalla que, las empresas públicas, así como las entidades descentralizadas y autónomas que reciben recursos de la administración central, deben implementar una gestión orientada a la optimización y priorización del gasto público dentro del presupuesto autorizado para el actual ejercicio fiscal. La recomendación incluye la necesidad de adoptar criterios de transparencia y eficiencia, priorizando la cobertura de compromisos económicos conforme a los recursos asignados.

El llamado apunta a que la utilización de fondos se ajuste estrictamente a los lineamientos aprobados, buscando garantizar el uso responsable de los aportes estatales y la sostenibilidad financiera de cada organismo.

De acuerdo con la edición legal publicada en https://legal.dca.gob.gt/, la Contraloría General de Cuentas llevará a cabo la fiscalización del cumplimiento de estas disposiciones.

El Ministerio de Finanzas Públicas revisará la gestión y aprobación de modificaciones presupuestarias, en el marco de la ley y de lo dispuesto en el oficio circular.

Aprobación de ampliación al presupuesto 2026

El Congreso de la República aprobó la madrugada del miércoles 28 de enero, mediante el Decreto 3-2026, la ampliación del Presupuesto General del Estado por Q9.326,7 millones, aumentando el total a Q164.163,32 millones que se utilizarán durante el ejercicio fiscal 2026.

Ese día los diputados avalaron que, una redistribución de recursos que asigna el 72% de la ampliación a cinco rubros principales: el Ministerio de Gobernación (Q1 mil 481 millones), Obligaciones a Cargo del Tesoro (Q1 mil 374 millones), Ministerio de Salud (Q1 mil 337 millones), Ministerio de Desarrollo Social (Q1 mil 320 millones) y servicio de la deuda pública (Q1 mil 206 millones).

En total, estos destinos suman Q6 mil 718 millones. El resto se desglosa entre proyectos y partidas de menor volumen, cuya finalidad es abarcar un espectro más amplio de necesidades estatales.