El informe sobre el impacto de las organizaciones no gubernamentales presentado en conferencia de prensa por la Asociación para la Defensa de la Propiedad Privada (ACDEPRO) denuncia que más de 300 organizaciones no gubernamentales con financiamiento extranjero estarían involucradas en usurpaciones y conflictos de tierra en Guatemala, un fenómeno que, según la entidad, debilita la propiedad privada, erosiona el Estado de derecho y pone en riesgo la producción agrícola y el empleo en el país.
Para ACDEPRO, las ONG instrumentalizan causas sociales bajo el pretexto de ayuda internacional, pero terminan agravando los problemas estructurales del acceso a la tierra, y contabilizan unas 2.000 denuncias de usurpaciones de tierras a nivel nacional, con la ejecución únicamente de un desalojo por año.
Las conclusiones de ACDEPRO, según su presidente Gustavo Méndez, son respaldadas por documentos y testimonios recopilados, que señalan que en numerosos casos las ONG no buscan ofrecer soluciones genuinas a quienes no poseen tierra, sino que se dedican a participar y mediar en usurpaciones organizadas.
De acuerdo con el informe, una parte de estas intervenciones obedece a “un patrón de destrucción”, donde organizaciones internacionales intervienen en nombre de necesidades sociales, pero en la práctica facilitan actividades ilícitas y fomentan la destrucción de la capacidad productiva en el sector rural.
Uno de los casos destacados durante la conferencia incluyó la ocupación y posterior desalojo de una finca donde, según ACDEPRO, se vendieron más de cinco mil lotes o terrenos por hasta Q25.000 cada uno utilizando documentos falsos, lo que evidenció “una gran estafa”.
Testimonios también revelan que hay operaciones coordinadas: primero llega un grupo reducido, compuesto por unas 25 personas, que recaba información y denuncia supuestos problemas; después, cuando la ocupación se consolida se instalan familias —más de 150 en un solo caso—, la presión sobre los propietarios se intensifica a través de intimidaciones y movilizaciones.
Entre las peticiones centrales del informe, ACDEPRO exige el cumplimiento estricto de la ley, mayor fiscalización a las ONG y supervisión sobre los fondos internacionales que reciben. Según la entidad, una revisión reciente reveló que parte de la ayuda extranjera no contribuye a resolver el problema de la tierra y, en ocasiones, incluso lo agrava.
Un ejemplo citado es el recorte de fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que, conforme sostuvo la asociación, cortó el financiamiento a organizaciones cuya labor “no estaba resultando favorable” para el país.
José Antonio Farías, miembro de la Junta Directiva de ACDEPRO, cuestionó también la falta de operatividad dela Comisión Presidencial de Atención a la Conflictividad (COPRECON),señalando que han pasado ocho meses sin personal asignado.
Agregó que Fontierras, entidad creada tras la firma de los Acuerdos de Paz para facilitar a los más desfavorecidos el acceso a la tierra, enfrenta serios obstáculos: de su presupuesto anual de 250 millones de quetzales, más del 50% se destina a funcionamiento y el resto no se utiliza para comprar fincas ni atender necesidades reales.
Los representantes de ACDEPRO llamaron públicamente al presidente de Guatemala a tomar acciones para “defender los derechos de los propietarios” e integrar una verdadera solución que garantice el desarrollo, la certeza jurídica y la protección productiva de las comunidades. “Lo que pedimos es que se cumpla la ley y que las organizaciones internacionales sean auditadas para verificar que los fondos resuelvan el problema para el que fueron destinados”.
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