La Justicia de Estados Unidos volvió a rechazar el intento del gobierno de apartar 20.000 votos por correo en California

Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos rechazó nuevamente el intento del gobierno de Donald Trump de apartar más de 20.000 papeletas de voto por correo en California. La administración sostiene que fueron enviadas a personas que podrían no ser ciudadanas estadounidenses, pero los jueces consideraron que la solicitud carecía de fundamentos suficientes para justificar una intervención de esa magnitud en el proceso electoral.

Según informó The New York Times, la decisión se tomó este viernes por dos votos contra uno. La mayoría del panel advirtió que ordenar la exclusión de esas papeletas alteraría de manera extraordinaria los procedimientos electorales del estado a pocos días de las elecciones de medio término del martes 3 de noviembre.

En su resolución, los jueces señalaron que aceptar el planteo del gobierno federal implicaría desconocer la autoridad de California para administrar sus elecciones. También sostuvieron que, si la administración considera necesario modificar las reglas para el voto por correo, debería presentar su propuesta ante el Congreso y no recurrir a los tribunales.

El fallo representa un nuevo revés para el Departamento de Justicia, que busca obtener una orden judicial para que las autoridades estatales separen las papeletas cuestionadas antes de su cómputo. La administración todavía podría recurrir a la Corte Suprema, aunque el tiempo para conseguir una intervención antes de los comicios es cada vez más limitado.

Las dudas sobre las pruebas del gobierno

El caso se inscribe en una ofensiva más amplia del Ejecutivo para cuestionar la participación de personas no ciudadanas en las elecciones estadounidenses. La legislación prohíbe que quienes no tienen la ciudadanía voten en los comicios federales, pero los casos documentados de participación ilegal de no ciudadanos son muy escasos.

De acuerdo con The New York Times, funcionarios de California cuestionaron la fiabilidad de los listados que el Departamento de Justicia presentó para respaldar su reclamo. Advirtieron que contenían errores y podían identificar equivocadamente a ciudadanos habilitados para votar como si no cumplieran los requisitos legales.

La mayoría del tribunal retomó esas objeciones en su resolución. Los jueces pusieron en duda la calidad de los datos aportados por el gobierno y señalaron que las papeletas podrían ser apartadas sobre la base de pruebas insuficientes. Una decisión de ese tipo, advirtieron, podría privar del derecho al voto a personas legalmente habilitadas.

El juez Mark J. Bennett, designado durante la presidencia de Trump, se sumó al juez Gabriel P. Sanchez, nombrado por el expresidente Joe Biden, para conformar la mayoría. El juez Patrick J. Bumatay, también designado por Trump, votó en disidencia.

Bumatay sostuvo que las acusaciones de la administración debían tomarse en serio. Argumentó que las leyes estatales y federales prohíben que los extranjeros voten en las elecciones estadounidenses y que, según el gobierno, algunas de esas personas habían recibido papeletas para los comicios próximos.

La mayoría, en cambio, consideró que las afirmaciones gubernamentales no bastaban para justificar una medida que interrumpiría el procedimiento habitual de recuento de miles de votos.

El fallo del viernes fue el segundo rechazo a la iniciativa. El mismo panel de apelaciones ya había denegado este lunes un pedido del gobierno para obtener una decisión inmediata a su favor. En lugar de resolver entonces el fondo de la disputa, los jueces devolvieron el caso al magistrado federal David O. Carter, quien el miércoles falló a favor de California.

Carter había advertido que las exigencias de la administración podían generar un grave trastorno en la organización electoral del estado y desalentar tanto a los trabajadores electorales como a los votantes. La resolución posterior del tribunal de apelaciones coincidió con esas preocupaciones y concluyó que el juez de primera instancia no había cometido un abuso de discreción al rechazar el pedido federal.

California defendió su autoridad electoral

El fiscal general de California, Rob Bonta, celebró la decisión y afirmó que el gobierno federal no tenía autoridad para interferir en la administración electoral del estado.

Bonta sostuvo que la legislación de California ya prohíbe que las personas no ciudadanas voten en elecciones federales y que existen distintos mecanismos legales para impedirlo. También cuestionó las acusaciones de fraude generalizado de la administración Trump, a las que atribuyó el propósito de sembrar desconfianza en el proceso democrático y poner en riesgo el derecho al voto de ciudadanos habilitados.

Con las elecciones del 3 de noviembre cada vez más cerca, la resolución deja al gobierno federal con un margen reducido para intentar modificar el tratamiento de las papeletas cuestionadas antes de la votación. Por ahora, los funcionarios electorales de California no deberán apartar los más de 20.000 votos por correo reclamados por la administración.