La Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo de Estados Unidos difundió una nómina oficial con los 16 fugitivos más buscados por fraude laboral y manipulación de visas, a quienes responsabiliza por la sustracción de recursos públicos federales. La iniciativa responde a la directiva del gobierno de Donald Trump para intensificar la persecución contra esquemas económicos ilícitos y desarticular las redes que vulneran las normas migratorias del país.
El plan federal cuenta con el respaldo de la Fuerza de Tarea contra el Fraude de la Casa Blanca, que coordinan el vicepresidente JD Vance, el fiscal general Todd Blanche y el director del FBI, Kash Patel. Para profundizar las indagaciones, el organismo activó el Visa Fraud Strike Team, una célula interagencial que investiga anomalías en visas de trabajo especializado y programas de intercambio cultural en todo el territorio nacional.
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El Visa Fraud Strike Team investiga irregularidades en visas H-1B y programas J-1 de nueve universidades
El nuevo cuerpo especial reúne capacidades de la OIG, el Departamento de Justicia (DOJ), el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Seguridad Diplomática. Según consta en los comunicados de prensa de la OIG del Departamento de Trabajo, las autoridades abrieron auditorías sobre el uso de visas H-1B en corporaciones privadas y dispusieron la suspensión de trámites de certificación laboral para diversas compañías tecnológicas.
En el ámbito educativo, los inspectores remitieron citaciones formales a nueve universidades destacadas: Harvard, Stanford, Yale, Brown, Caltech, MIT, UC Davis, Arizona State y Pitt. Las pesquisas procuran determinar si los cupos del visado J-1 sufrieron desvíos hacia fines incompatibles con el intercambio académico, con el objetivo de clausurar cualquier vía irregular que esquive los controles migratorios de Estados Unidos.
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El inspector general revela el caso de una mujer acusada de desviar USD 50 millones con visas H-1B
Durante una entrevista concedida a Fox News ante la periodista Dana Perino, el inspector general del Departamento de Trabajo, Anthony D’Esposito, detalló un caso testigo que involucra la apropiación de más de USD 50 millones del dinero de los contribuyentes. Según el testimonio del funcionario en televisión, la trama delictiva articuló estafas contra el sistema de atención médica en combinación con la tramitación fraudulenta de permisos bajo el programa de visas H-1B.
D’Esposito remarcó que las autoridades difundieron la fotografía de la sospechosa para solicitar la colaboración de la ciudadanía en su localización. Durante su comparecencia televisiva, el inspector general no aportó el nombre de la imputada ni una referencia de expediente judicial público, pero aseguró que la OIG articula esfuerzos con el fiscal general Todd Blanche, el Departamento de Justicia y la fuerza especial de la Casa Blanca para llevar a la acusada ante los tribunales.
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D’Esposito afirma en televisión que las autoridades rastrearon en Hungría a uno de los sospechosos
En el plano de las capturas internacionales, la referencia pública sobre detenciones recientes procede de las declaraciones del propio Anthony D’Esposito ante la cadena Fox News. El inspector general afirmó que los investigadores lograron apartar de las calles a uno de los 16 fugitivos tras rastrear su paradero en Hungría, donde el sospechoso aguarda los procedimientos formales de extradición hacia Estados Unidos.
La nómina de requeridos, disponible en el portal de la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, convoca al público a aportar pistas sobre los restantes prófugos. Al justificar el alcance global del operativo, D’Esposito retomó en televisión la advertencia formulada por el director del FBI, Kash Patel: ningún sospechoso podrá ocultarse en Estados Unidos, en otro país ni en el planeta, porque las fuerzas de la ley irán a encontrarlo.
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Las autoridades destacan balances del plan federal y refuerzan la persecución penal
El inspector general vinculó estas acciones con la directiva del Ejecutivo estadounidense que otorgó amplias facultades a las agencias del orden. Como parte de ese esfuerzo, D’Esposito expuso en sus intervenciones públicas un balance de gestión atribuido a la fuerza especial que encabeza el vicepresidente JD Vance, cuyos resultados acumulan más de 170 acusaciones formales, 203 condenas y 80 arrestos.
Los portavoces gubernamentales ratificaron que el grupo interagencial mantendrá activos los canales de cooperación internacional hasta esclarecer las irregularidades y remitir a los prófugos ante los jueces.
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