El Departamento de Justicia de EEUU solicitó que los condados de California identifiquen a los presuntos votantes no ciudadanos

Las autoridades electorales locales rechazaron la orden federal y señalaron errores en las listas de 20.000 presuntos extranjeros inscritos en los padrones, mientras la corte de apelaciones evalúa la legalidad del reclamo

El Departamento de Justicia de Estados Unidos otorgó un plazo de 48 horas a varios condados de California para identificar a presuntos votantes no ciudadanos y apartar sus boletas de voto por correo (REUTERS/Kevin Lamarque)
El Departamento de Justicia de Estados Unidos otorgó un plazo de 48 horas a varios condados de California para identificar a presuntos votantes no ciudadanos y apartar sus boletas de voto por correo (REUTERS/Kevin Lamarque)
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El Departamento de Justicia de Estados Unidos envió cartas a los condados de California con la exigencia de que las autoridades electorales locales identifiquen a presuntos votantes no ciudadanos y aparten sus boletas de voto por correo, con posibles consecuencias penales para quienes no cooperen, informó Reuters.

La decisión se produce a casi una semana de las elecciones legislativas del 3 de noviembre y en medio de una batalla judicial que ya llegó a la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, donde un panel de jueces cuestionó el domingo la constitucionalidad y la urgencia del reclamo federal.

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Las misivas, fechadas el viernes y firmadas por Bilal Essayli, primer fiscal federal auxiliar del Distrito Central de California, otorgan a los funcionarios electorales un plazo de 48 horas para colaborar con el gobierno federal en la verificación del estatus migratorios.

Según los textos compartidos por el Departamento de Justicia la agencia informativa, Essayli advirtió que quienes continuaran procesando boletas de individuos señalados como no ciudadanos sin verificar su condición se expondrían a “escrutinio federal significativo y consecuencias legales”.

El gobierno federal solicitó la entrega de números de seguro social y formularios de registro electoral pertenecientes a una lista de 20.000 personas en el estado (REUTERS/Daniel Cole)
El gobierno federal solicitó la entrega de números de seguro social y formularios de registro electoral pertenecientes a una lista de 20.000 personas en el estado (REUTERS/Daniel Cole)

Las cartas incluyen nombres de 20.000 presuntos no ciudadanos registrados para votar

Cada carta contiene un subconjunto de una lista mayor de 20.000 personas que, según la administración, figuran como no ciudadanos inscritos en los padrones electorales del estado.

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Las cifras varían según el condado: 1.754 nombres en el condado de Orange, 1.355 en Riverside, 1.133 en San Bernardino, 407 en Contra Costa, 334 en Ventura, 180 en Santa Bárbara y 63 en San Luis Obispo.

El gobierno federal solicita a los condados que entreguen datos personales de los votantes señalados, entre ellos números de seguro social, copias de identificaciones estatales, formularios de registro electoral y documentación presentada al momento de la inscripción.

Craig Missakian, fiscal federal para el Distrito Norte de California, detalló en la carta dirigida al condado de Contra Costa que el objetivo es determinar “quién es ciudadano y quién no” entre los nombres de la lista.

Para aquellos cuyo estatus no pueda confirmarse, el Departamento de Justicia pide que las oficinas electorales “segreguen —no cancelen— las boletas de voto por correo hasta que se pueda determinar su ciudadanía”, según consta en los documentos obtenidos por Reuters.

Las autoridades electorales locales de condados como Contra Costa y Napa rechazaron el requerimiento federal y confirmaron la continuidad de los comicios bajo las leyes vigentes (REUTERS/Mike Blake)
Las autoridades electorales locales de condados como Contra Costa y Napa rechazaron el requerimiento federal y confirmaron la continuidad de los comicios bajo las leyes vigentes (REUTERS/Mike Blake)

Algunos funcionarios electorales de California rechazaron el ultimátum

La reacción de las autoridades locales fue contundente. Dawn Kruger, portavoz del Departamento de Elecciones del condado de Contra Costa, declaró a Reuters que “esa carta llegó 11 días antes del día de la elección con un plazo de 48 horas inaplicable”, y aseguró que su oficina continuaría administrando los comicios conforme a la legislación estatal y federal vigente.

John Tuteur, registrador de votantes del condado de Napa, relató en Associated Press que dos agentes uniformados del Departamento de Seguridad Nacional entregaron la carta en su oficina el viernes por la tarde.

La misiva incluía 42 nombres señalados como no ciudadanos, sobre un padrón de unas 86.000 personas. “No vamos a cambiar nada de lo que hacemos. Seguimos adelante con la elección”, dijo Tuteur.

Listas federales con errores y datos de votantes nacidos en Estados Unidos

Varios condados que comenzaron a cotejar las listas proporcionadas por el gobierno federal detectaron irregularidades. La oficina de Logan en el condado de Los Ángeles revisó una muestra de 200 registros y encontró que el conjunto incluía inscripciones canceladas o inactivas, personas sin historial de voto y votantes que parecían haber nacido en Estados Unidos, lo que según una declaración judicial de la registradora adjunta Monica Flores constituye “prueba sólida de ciudadanía”.

En el condado de Mendocino, la registradora Katrina Bartolomie informó que la lista que recibió contenía nombres de votantes que ni siquiera pertenecían a su jurisdicción. “No son nuestros votantes los que figuran ahí. Son de otro condado”, declaró para The New York Times.

La fiscalía general de California también señaló, en una presentación judicial, que las cartas contenían errores, como la inclusión de personas que no residían en los condados a los que fueron remitidas las listas.

Los funcionarios del condado de Los Ángeles detectaron que las nóminas remitidas por el gobierno incluían registros inactivos y datos de votantes nacidos en Estados Unidos (REUTERS/Mike Blake)
Los funcionarios del condado de Los Ángeles detectaron que las nóminas remitidas por el gobierno incluían registros inactivos y datos de votantes nacidos en Estados Unidos (REUTERS/Mike Blake)

El Noveno Circuito cuestiona la jurisdicción y la constitucionalidad de la demanda federal

La disputa llegó el domingo a la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, donde un panel de tres jueces escuchó argumentos en una sesión extraordinaria de fin de semana. La administración Trump había recurrido al tribunal de alzada tras considerar que el juez de distrito asignado al caso —que programó una audiencia para el 27 de octubre— actuaba con demasiada lentitud.

El juez Mark Bennett, designado por Trump, cuestionó si la corte de apelaciones tenía siquiera jurisdicción para intervenir antes de que existiera un fallo del tribunal inferior. Bennett también planteó que, conforme a la Cláusula Electoral de la Constitución, las legislaturas estatales tienen la potestad de fijar el momento, el lugar y la modalidad de las elecciones al Congreso.

El poder ejecutivo federal puede “estar disconforme con lo que hacen y no gustarle la modalidad”, dijo el juez según la Associated Press, pero esa prerrogativa pertenece al estado.

Matthew Donnelly, abogado del Departamento de Justicia, argumentó que California provoca un “daño irreparable al permitir que no ciudadanos voten en violación de sus propias leyes estatales” y que el perjuicio es “irreversible e irrevocable”. Donnelly sostuvo que el gobierno federal solo pide al estado que cumpla su propia normativa, que también prohíbe el voto de personas sin ciudadanía.

El juez Mark Bennett, del Noveno Circuito de Apelaciones, cuestionó la constitucionalidad del reclamo federal frente a las prerrogativas electorales reservadas a los estados (AP Foto/Jenny Kane)
El juez Mark Bennett, del Noveno Circuito de Apelaciones, cuestionó la constitucionalidad del reclamo federal frente a las prerrogativas electorales reservadas a los estados (AP Foto/Jenny Kane)

Los abogados de California advierten que segregar boletas llevaría años de trabajo

Seth Waxman, abogado del secretario electoral del condado de Los Ángeles, Dean Logan, advirtió que la lista federal era poco fiable y que apartar las boletas para revisión equivaldría a privar del derecho al voto a miles de ciudadanos habilitados.

Waxman presentó un cálculo ante el panel: si el personal electoral dedicara apenas tres minutos a cotejar cada una de las 2,75 millones de boletas por correo esperadas con la lista del gobierno, el proceso demandaría 140.000 horas-hombre, el equivalente a unos 16 años de trabajo.

Sam Siegel, representante legal de la secretaria de Estado de California, Shirley Weber, fue categórico: “No tiene sustento en la ley ni en los hechos. Simplemente discrepamos con la premisa de que los no ciudadanos estén votando”.

El juez Patrick Bumatay, también designado por el Gobierno, señaló que todos tienen interés en asegurar que solo los ciudadanos habilitados emitan su voto y sugirió que conceder la orden de emergencia podría aportar claridad.

La defensa legal de California advirtió ante el tribunal que la verificación individual de las boletas por correo demandaría 140.000 horas de trabajo electoral (REUTERS/Mike Blake)
La defensa legal de California advirtió ante el tribunal que la verificación individual de las boletas por correo demandaría 140.000 horas de trabajo electoral (REUTERS/Mike Blake)

La fiscalía federal imputó a 28 personas por presunto registro o voto ilegal en California

El lunes previo al envío de las cartas, fiscales federales anunciaron cargos contra 28 personas del padrón de más de 23 millones de votantes registrados en California por supuestos delitos de inscripción y votación ilegal. Algunos de los acusados enfrentan también cargos por falsedad en trámites de naturalización, con penas potenciales de varios años de prisión.

Varios titulares de tarjetas de residencia permanente arrestados durante la semana declararon ante el tribunal que no recordaban haberse inscrito para votar, según la cobertura de Los Angeles Times.

El fiscal general de California acusa al gobierno federal

El fiscal general de California, Rob Bonta, acusó al Departamento de Justicia de actuar bajo las órdenes directas de la administración. “Una vez más, el Departamento de Justicia de Estados Unidos está politizando y usando como arma la ley para atacar a sus enemigos, y es completamente impropio”, declaró Bonta el sábado.

El fiscal general estatal Rob Bonta afirmó que el Departamento de Justicia utiliza la ley con fines políticos a pocos días de las elecciones legislativas (REUTERS/Daniel Cole/File Photo)
El fiscal general estatal Rob Bonta afirmó que el Departamento de Justicia utiliza la ley con fines políticos a pocos días de las elecciones legislativas (REUTERS/Daniel Cole/File Photo)

La portavoz del Departamento de Justicia, Kiersten Pels, rechazó las acusaciones y precisó que la dependencia “no solicita una purga, la cancelación de registros ni ninguna acción programática”, y describió la iniciativa como un esfuerzo por “garantizar la elección más segura en la historia de California”.

La audiencia en el tribunal de distrito federal en Los Ángeles está programada para el martes 27 de octubre.

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