La Corte Suprema de EE. UU. revisará una prohibición histórica a la destilación de bebidas alcohólicas en hogares particulares

Una ley federal de 1868 que castiga con hasta cinco años de prisión y multas de USD 10.000 a quien destile bebidas alcohólicas en su domicilio quedó en la mira de la Corte Suprema de Estados Unidos.

El máximo tribunal aceptó este lunes revisar la constitucionalidad de esa prohibición, vigente desde la era de la Reconstrucción posterior a la Guerra Civil, tras un pedido formal del gobierno de Donald Trump.

La decisión judicial llegó después de que dos tribunales de apelaciones federales emitieran fallos contradictorios en abril, con apenas 11 días de diferencia. El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans, declaró inconstitucional la prohibición al considerar que excedía la potestad tributaria del Congreso.

Días después, el Sexto Circuito, en Cincinnati, llegó a la conclusión opuesta y sostuvo que la norma constituye un medio necesario y adecuado para recaudar los impuestos federales sobre bebidas destiladas, informó Associated Press.

La ley nació para combatir el fraude fiscal masivo en la posguerra

La prohibición de destilar alcohol en viviendas particulares se aprobó en 1868, tres años después del fin de la Guerra de Secesión (1861-1865). En aquel momento, el fraude fiscal relacionado con la producción de licores alcanzaba proporciones alarmantes: un informe de la Cámara de Representantes de 1867 estimó que al menos siete octavos de las bebidas destiladas eludían el pago de impuestos.

Aquella tasa vigente de USD 2 por galón superaba incluso el precio de mercado de los licores, por lo que a los destiladores comerciales les resultaba más barato sobornar a los inspectores fiscales que abonar el tributo.

La legislación redujo la tasa impositiva y exigió que los gravámenes se pagaran antes de que los licores salieran de los almacenes. Además, prohibió instalar destilerías en viviendas y estructuras anexas —cobertizos, patios y recintos circundantes—, sin prever ninguna excepción para la producción destinada al consumo personal o familiar.

Actualmente, la ley permite elaborar vino y cerveza en el hogar para uso personal, pero mantiene la prohibición absoluta para los destilados como el whisky o la ginebra.

La demanda que dividió a los tribunales federales

El caso que llegará al Supremo fue presentado en 2023 por la Asociación de Destiladores Aficionados (Hobby Distillers Association, HDA) y cuatro de sus aproximadamente 1.300 miembros.

Entre los demandantes figura Scott McNutt, quien posee un alambique (aparato para destilar sustancias) en su domicilio que utilizó para destilar alcohol combustible, y Rick Morris, propietario de una empresa fabricante de alambiques de uso doméstico. Ambos solicitaron una licencia para destilar ante la Oficina de Impuestos y Comercio de Alcohol y Tabaco del Departamento del Tesoro, pero se les informó que la ley federal impedía otorgarla.

Un tribunal federal de distrito en Fort Worth, Texas, falló a favor de los demandantes y declaró la norma inconstitucional. El juez Mark Pittman determinó que las restricciones de ubicación impuestas por el Congreso en el siglo XIX “penalizan la conducta de personas que no están sujetas al impuesto” y no recaen sobre el producto gravado.

El Quinto Circuito confirmó en gran parte esa decisión y argumentó que la prohibición reduce los ingresos fiscales al impedir que se produzcan licores que podrían tributar.

En paralelo, John Ream, propietario de un brewpub en Newark, Ohio, presentó una demanda similar. Ream desea destilar whisky en su casa para consumo personal, pero un panel de tres jueces del Sexto Circuito rechazó su planteo y convalidó la ley federal.

El gobierno defiende la norma como escudo contra la evasión

El procurador general D. John Sauer, en representación de la administración Trump, pidió a la Corte Suprema que revisara el fallo del Quinto Circuito y defendió la legitimidad de la prohibición.

“El Congreso restringió la destilación casera hace 160 años en respuesta a una larga historia de evasión del impuesto a los destilados”, escribieron los abogados del Departamento de Justicia.

Según el gobierno, un destilador puede ocultar con mayor facilidad una operación de destilación o frustrar las inspecciones obligatorias cuando el alambique se encuentra dentro de una vivienda.

Los abogados del Departamento de Justicia advirtieron que el interés del gobierno radica en proteger una fuente significativa de ingresos tributarios que, en la actualidad, genera miles de millones de dólares anuales y que en sus orígenes sirvió para saldar las deudas de la Guerra de Independencia.

Demandantes invocan a los padres fundadores

Robert Alt, presidente del grupo de investigación Buckeye Institute y abogado de los demandantes, celebró que la Corte aceptara el caso. “Los fundadores de nuestro país se revolcarían en sus tumbas al saber que un pasatiempo en el que hasta George Washington participó se convirtió absurdamente en un delito federal”, declaró.

Los abogados de los demandantes en ambos casos advirtieron que, bajo la interpretación del gobierno, el Congreso podría prohibir una amplia gama de actividades dentro de los hogares —como cocinar, hacer jardinería o trabajar de forma remota— con el argumento de que podrían ocultar actividad gravable.

“No hay límite al reclamo de poder del gobierno para penalizar conductas locales que podrían encubrir actividad sujeta a impuestos”, escribieron en sus presentaciones judiciales.

Más de una docena de estados respaldan el desafío legal

Fiscales generales de 15 estados liderados por republicanos, entre ellos Ohio, Florida e Idaho, presentaron un escrito ante la Corte Suprema en apoyo a los demandantes. Los fiscales escribieron en discrepancia con los circuitos judiciales: “A diferencia de un buen whisky, esta división no mejorará con el tiempo”.

Varios estados ya permiten la destilación casera dentro de sus jurisdicciones: Virginia Occidental la legalizó en 2024. Sin embargo, esas leyes estatales no prevalecen sobre la prohibición federal, de manera análoga a lo que ocurre con la marihuana, que permanece ampliamente ilegal a nivel federal pese a su legalización en múltiples estados.

En el Congreso también se presentaron proyectos de ley para derogar las restricciones federales.

Se prevé que los magistrados de la Corte Suprema, con una mayoría conservadora de 6 a 3, escuchen los argumentos orales a comienzos de 2027 y emitan su decisión antes del cierre de su período de sesiones, a fines de junio o principios de julio.

Si los demandantes obtienen un fallo favorable, de todos modos deberán registrar sus alambiques y pagar impuestos especiales sobre los licores que produzcan, aun cuando sean para consumo propio.