
Cada octubre, varios jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos asisten a la Red Mass, una misa católica en la Catedral de San Mateo Apóstol de Washington D.C. que marca el inicio del período de sesiones del tribunal.
El 5 de octubre de 2025, la ceremonia nunca llegó a celebrarse con normalidad: la policía encontró frente al templo una carpa cargada de explosivos.
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Louis Geri, vecino de Vineland, Nueva Jersey, fue detenido en el lugar con más de 100 artefactos caseros y una lista de exigencias.
Un tribunal federal lo condenó esta semana a 5 años y 10 meses de prisión. Ningún magistrado había asistido a esa edición de la misa.
Geri instaló una carpa con explosivos y una lista de exigencias en la puerta de la iglesia
Cuando los agentes de policía despejaban el área previa a la misa, encontraron a Geri con una carpa montada sobre los escalones del templo.
Dentro había un documento de nueve páginas con sus demandas —que incluían dinero, un “vuelo de expatriación” a Japón y que la Corte Suprema excluyera a Arizona de los Estados Unidos— y los artefactos explosivos.
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Geri les advirtió a los oficiales que “varias de sus personas van a morir por uno de estos” si sus exigencias no eran satisfechas, de acuerdo con AP News.

La fiscalía subrayó en el expediente, citado por la agencia, que el objetivo era claro: “Personas inocentes morirían y monumentos históricos como el Monumento a Washington, la Corte Suprema y la Casa Blanca serían destruidos”.
La policía también halló en su poder documentación que expresaba, de acuerdo con los registros del caso, “una animosidad significativa” hacia la Iglesia Católica, el pueblo judío y la propia Corte Suprema. Geri había viajado hasta Washington desde Arkansas.
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La defensa atribuyó la conducta a un trastorno mental sin tratar
La abogada defensora Elizabeth Mullin explicó, según AP News, que su cliente fue diagnosticado con trastorno bipolar hace más de dos décadas y que había dejado de tomar su medicación en los meses previos al incidente.
“Su conducta fue el producto de una condición médica tratable fuera de control, no de malicia ni de una intención real de causar daño”, sostuvo Mullin ante el tribunal.
En marzo de 2026, Geri se declaró culpable de dos cargos: posesión ilegal de un dispositivo destructivo y extorsión mediante el uso de la fuerza, la violencia o el miedo.

El juez reconoció la gravedad del caso, pero también la historia clínica del acusado
El juez federal Randolph Moss dictó una pena de 5 años y 10 meses de prisión, seguida de 3 años de libertad supervisada.
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Moss indicó que tuvo en cuenta tanto el peligro que Geri representa para la sociedad como su historial de “problemas de salud mental muy serios”, y señaló que el acceso a tratamiento será parte central de su supervisión.
“Este fue un delito extremadamente grave”, afirmó el magistrado durante la audiencia, tal como recogió la agencia. “Pudo haberse llevado a cabo de una manera extravagante, pero la amenaza de violencia fue real”.

Ambas partes habían acordado previamente un rango de entre 5 años y 10 meses, y 7 años y 3 meses.
El juez no estaba obligado a respetar ese acuerdo, aunque Geri tenía la posibilidad de retirar su declaración de culpabilidad si la sentencia hubiera superado ese tope. La pena dictada se ubicó en el extremo inferior del rango pactado.
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