El presidente Donald Trump dijo el viernes 18 de septiembre que habla con el líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, para llevar al pleno la Ley de Protección a los Consumidores de Servicios Públicos (Ratepayers Protection Act), la ley que busca impedir que los hogares absorban en sus facturas eléctricas los costos de la expansión de los centros de datos para inteligencia artificial.
La declaración surgió durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca cuando un periodista le preguntó si estaba decepcionado por la falta de acción de Thune. “Estoy hablando con él sobre eso. Veremos qué ocurre”, afirmó.
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Trump sostiene que los centros de datos son clave para competir con China en inteligencia artificial
El mandatario sostiene desde el inicio de su mandato que los centros de datos son indispensables para que las empresas de Estados Unidos compitan con China. En días previos a la conferencia, definió estas instalaciones como el “petróleo de los próximos 20 o 25 años”.
En la misma rueda de prensa, anticipó que en la reunión con el presidente Xi Jinping —prevista para la semana siguiente en Washington— habrá “reuniones bastante importantes”, con posibles acuerdos en distintos ámbitos. “Vamos a tener muchos acuerdos diferentes”, dijo Trump al ser consultado sobre si esperaba avances en materia de seguridad de la inteligencia artificial con Beijing.
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“Nos está yendo muy bien con China”, agregó.
Qué propone la ley y por qué importa a los hogares
Los centros de datos son instalaciones que concentran servidores y equipos para procesar y almacenar la información que demanda la inteligencia artificial. Para funcionar, consumen volúmenes extraordinarios de electricidad, lo que obliga a construir nuevas plantas generadoras, tendidos de transmisión y otra infraestructura de red. Hasta ahora, esos costos se distribuyen entre todos los usuarios del sistema eléctrico, incluidos los hogares.
La Ley de Protección a los Consumidores de Servicios Públicos propone un estándar federal para que los reguladores estatales de servicios públicos evalúen si los grandes usuarios de electricidad —entre ellos, los centros de datos— deben asumir directamente los costos incrementales de nueva generación, líneas de transmisión e infraestructura necesaria para operar. El objetivo es proteger a hogares residenciales, agricultores, adultos mayores y pequeños comercios.
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La ley recoge, en términos legislativos, el llamado Compromiso de Protección de Tarifas (Ratepayer Protection Pledge) que la propia Casa Blanca lanzó en marzo de 2026: un acuerdo voluntario con empresas tecnológicas para que asuman esos costos sin trasladarlos a los consumidores.
La Cámara la aprobó por 417 votos a tres con respaldo de ambos partidos
La votación en la Cámara de Representantes se realizó el miércoles 17 de septiembre bajo un procedimiento de vía rápida que exige dos tercios de los presentes. El resultado —417 votos a favor y tres en contra— reflejó un respaldo bipartidista poco frecuente.
La iniciativa fue impulsada por el representante republicano Gabe Evans, de Colorado, y la demócrata Kathy Castor, de Florida. “Las familias trabajadoras no deberían tener que subsidiar las necesidades energéticas de los centros de datos”, declaró Evans tras la votación, según NBC News.
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Las tres legisladoras que votaron en contra —Summer Lee, de Pensilvania; Delia Ramírez, de Illinois; y Rashida Tlaib, de Míchigan— cuestionaron que la medida no garantiza una reducción de tarifas ni aborda impactos como el ruido, el consumo de agua y los riesgos para la salud en las comunidades donde se instalan los centros de datos. Otros demócratas votaron a favor, aunque la calificaron de insuficiente.
El Senado bloqueó la vía rápida y la votación formal sigue sin fecha
Horas después de la aprobación en la Cámara, el senador republicano Jon Husted, de Ohio, intentó que la Cámara alta aprobara el proyecto por consentimiento unánime, un mecanismo que evita una votación nominal. El senador demócrata Martin Heinrich, de Nuevo México y presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales, lo bloqueó.
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Heinrich argumentó que la propuesta descansa en compromisos voluntarios en lugar de obligaciones vinculantes. “No alcanza con pedirles a los estados que consideren hacer que los centros de datos paguen las actualizaciones de la red”, dijo desde el piso del Senado, según CNBC. Luego presentó su propio pedido de consentimiento unánime para la Ley de Ahorro en la Red (GRID Savings Act), una iniciativa que daría facultades vinculantes a la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC); el senador republicano Bernie Moreno lo rechazó.
El rechazo social al avance de los centros de datos creció en los meses previos a las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre. Una encuesta de NBC News Decision Desk elaborada junto a SurveyMonkey relevó que cerca del 70% de los consultados se opone a la construcción de estas instalaciones en sus barrios. Con pocas semanas de sesión legislativa por delante, la aprobación formal del proyecto en el Senado sigue sin estar garantizada.
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