
La administración de Donald Trump prepara una norma que permitiría que parejas casadas con un progenitor que permanece en el hogar accedan a subsidios federales para el cuidado infantil, según publicó The New York Times, que revisó un borrador de la propuesta.
La iniciativa, considerada una prioridad para el vicepresidente JD Vance, modificaría el uso de un programa federal creado para ayudar a padres de ingresos bajos y moderados a trabajar, estudiar o recibir capacitación laboral mientras sus hijos acceden a servicios de cuidado.
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El cambio todavía no fue aprobado y podría modificarse antes de su publicación. La propuesta deberá ser avalada por la Casa Blanca y pasar por una instancia de comentarios públicos antes de que se adopte una norma definitiva. Según el diario estadounidense, podría entrar en vigor en 2027.
Cómo funcionaría el beneficio para padres que se quedan en casa
El borrador crea una categoría denominada “cuidado infantil basado en los padres”. Bajo ese esquema, uno de los integrantes de un matrimonio podría recibir asistencia federal para cuidar a su propio hijo en el hogar.
Para acceder, el otro cónyuge debería trabajar al menos 35 horas por semana. La familia, además, tendría que cumplir con los límites de ingresos que establece el programa en cada estado.
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La propuesta utilizaría recursos del Fondo para el Cuidado y Desarrollo Infantil, administrado por la Administración para Niños y Familias del Departamento de Salud y Servicios Humanos.
No implicaría la creación de un fondo nuevo ni requeriría la aprobación del Congreso, de acuerdo con las personas familiarizadas con las conversaciones citadas por The New York Times.
El programa cuenta con USD 12.000 millones y fue creado en la década de 1990 para ayudar a familias de ingresos bajos y moderados a pagar el cuidado de sus hijos. Actualmente, cubre costos de atención para alrededor de 1,3 millones de niños de hasta 13 años.
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La asistencia suele alcanzar unos USD 9.000 por hijo al año. Sin embargo, esa cifra corresponde al promedio de los subsidios vigentes y no representa un pago garantizado para cada familia que eventualmente resulte elegible bajo la nueva norma.
Qué familias quedarían excluidas

Las reglas actuales exigen que los beneficiarios demuestren que trabajan, estudian o participan en programas de capacitación laboral. También deben tener ingresos inferiores al 85% del ingreso medio de su estado, aunque algunas administraciones estatales fijan un umbral más bajo, del 60 por ciento.
El cambio mantendría los requisitos económicos, pero incorporaría una excepción para matrimonios en los que un adulto trabaja y el otro se ocupa del cuidado directo de los hijos.
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El objetivo sería compensar parte de los ingresos que el hogar deja de percibir cuando uno de los padres decide permanecer en casa.
Las parejas no casadas con un progenitor que cuida a los hijos en el hogar no podrían acceder al beneficio, según la versión preliminar. Los padres solteros que no trabajan tampoco serían elegibles, como ocurre con la normativa vigente.
De acuerdo con el informe de The New York Times, algunos abogados del Departamento de Salud y Servicios Humanos plantearon dudas sobre la legalidad de establecer como condición que los beneficiarios estén casados.
También expresaron preocupaciones por un eventual aumento del riesgo de fraude, debido a que parte de los recursos pasaría a entregarse a individuos y no a proveedores de cuidado infantil.
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El posible impacto sobre el sistema actual

En la actualidad, los estados reciben la mayor parte de los fondos federales y luego los distribuyen mediante vales o pagos directos a proveedores de cuidado infantil. Los recursos permiten que las familias cubran parte de los costos de guarderías, centros de atención u otras modalidades habilitadas.
Cerca del 80% de las 870.000 familias que hoy reciben estos subsidios tienen un padre o una madre soltero que trabaja; la mayoría son madres, según datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos citados por el diario estadounidense.
Especialistas consultados por The New York Times advirtieron que ampliar el número de hogares habilitados para recibir asistencia sin incrementar el presupuesto podría reducir los recursos disponibles para padres trabajadores.
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También podría afectar a los proveedores de cuidado infantil que dependen de esos pagos para sostener sus operaciones.
La iniciativa se enmarca en el respaldo de Vance a políticas que amplíen las opciones para familias que prefieren que uno de los padres o un familiar cuide a los niños.
El borrador, de todos modos, sigue en elaboración y sus requisitos finales, el mecanismo de pago y su aplicación en los estados aún podrían cambiar.
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