El viernes 4 de septiembre de 2026, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito dictó un fallo que va más allá del caso concreto. Estableció que ningún ciudadano puede invocar la Constitución federal para reclamar su derecho al agua potable, según publico el medio especializado en información jurídica Bloomberg Law.
La decisión sienta precedente vinculante para Texas, Luisiana y Misisipi, y deja sin herramienta federal a cualquier comunidad que enfrente una situación similar.
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La demanda colectiva Sterling v. City of Jackson llegó al tribunal después de un recorrido de cuatro años.
La Corte de Distrito la desestimó en 2024, un panel del Quinto Circuito la reactivó parcialmente en 2025 y finalmente la sesión en banc —con la totalidad de los jueces— dictó sentencia definitiva el pasado viernes.
Jackson conocía el problema desde 2011 y no actuó
La demanda fue presentada por Priscilla Sterling, Raine Becker, Shawn Miller y John Bennett.
Los cuatro alegaron que la ciudad de Jackson permitió a sabiendas que la gente bebiera agua contaminada con plomo.
El Departamento de Salud de Misisipi registró niveles de plomo en aumento entre 2010 y 2013, tal como consta en los registros judiciales citados por el canal televisivo WLBT. Pese a esas advertencias, la ciudad no intervino.
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Los demandantes también señalaron una decisión concreta: en lugar de corregir el problema, el municipio habría cambiado parte del suministro desde un sistema subterráneo seguro hacia uno de agua superficial corrosiva, lo que aceleró la filtración de plomo hacia las cañerías domiciliarias.
La mayoría del tribunal rechazó ampliar la Decimocuarta Enmienda
El juez Kurt Engelhardt, designado por Donald Trump, encabezó la opinión mayoritaria. “La Constitución no provee un remedio para los daños de los demandantes”, escribió el magistrado, cuya postura fue reproducida por Bloomberg Law.
Engelhardt añadió que las privaciones de agua limpia e información honesta son “graves”, pero que “no vulneran ningún derecho constitucional profundamente arraigado”.
El tribunal también descartó el argumento basado en el derecho a la integridad corporal. Engelhardt precisó que ese derecho aplica en casos como agresiones sexuales por parte de policías o medicación forzada de presos, pero que el mal manejo de un sistema de agua es “completamente diferente”.
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La opinión fue suscrita por nueve jueces más, todos designados por presidentes republicanos.
Sobre la inmunidad calificada, el tribunal resolvió que los funcionarios nombrados en la demanda —entre ellos los exalcaldes Chokwe A. Lumumba y Tony Yarber, y tres exdirectores de obras públicas— están protegidos por esa doctrina. Eso los exime de responsabilidad civil en el ámbito federal.
El abogado de la ciudad de Jackson, Clarence Webster III, calificó el fallo como “uno de los pronunciamientos constitucionales más significativos” emitidos este año por el Quinto Circuito, según informó Bloomberg Law.
En un comunicado enviado por correo electrónico, Webster expresó su satisfacción por la decisión del tribunal, que, según sostuvo, ratificó la postura de la ciudad y estableció pautas importantes sobre los límites de la responsabilidad constitucional.
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En tanto, el alcalde John Horhn aseguró, en un comunicado, que Jackson “sigue comprometida con la salud, la seguridad y el bienestar de cada residente”.
La posición disidente
La minoría fue encabezada por la jueza Catharina Haynes, designada por George W. Bush, junto a cuatro magistrados de tendencia liberal. Los cinco jueces advirtieron que los vecinos merecían al menos acceso a pruebas.
“Los hechos bien invocados en la demanda reflejan, en varios aspectos, una de las peores crisis de salud pública en la historia reciente de Estados Unidos: la crisis del agua en Flint”, escribió Haynes, en referencia al caso de Míchigan de 2014, tal como informó Mississippi Today.
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Haynes también denunció que la mayoría ignoró la teoría del state-created danger —peligro creado por el Estado—, bajo la cual un funcionario que expone deliberadamente a un ciudadano a mayor riesgo puede ser declarado responsable.
Varios otros circuitos federales ya adoptaron esa doctrina. El Quinto Circuito, afirmó la jueza, “se mantiene prácticamente solo en su postura de décadas de no adoptarla ni descartarla”.
El tribunal indicó que los afectados aún pueden presentar demandas civiles ante tribunales estatales o recurrir a sus representantes legislativos. El caso Sterling v. City of Jackson, número 24-60370, quedó cerrado en sede federal.
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