Una jueza federal vuelve a bloquear el plan de Trump para restringir el voto por correo

La jueza Indira Talwani, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Massachusetts, emitió el jueves 27 de agosto una orden de restricción temporal que suspende las nuevas directrices del Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS). La medida detiene por 14 días la implementación de requisitos técnicos que el gobierno de Donald Trump pretendía imponer sobre el voto por correo a escasos días de que inicie el proceso para las elecciones de medio término.

La intervención judicial surge como respuesta a las demandas presentadas por una coalición de estados con gobiernos demócratas y organizaciones de derechos civiles. El fallo impide, por el momento, que el organismo postal rechace boletas que no cumplan con normativas de diseño y listados de votantes para salvaguardar el derecho al sufragio de millones de ciudadanos ante la inminencia de los comicios de noviembre.

El alcance de las restricciones postales

Las directrices impulsadas por la administración republicana obligaban a los estados a suministrar listas detalladas de los receptores de papeletas y a incorporar códigos de barras únicos en los sobres. Según reportes de Reuters, el USPS bajo la actual dirección del Poder Ejecutivo se reservaba la facultad de no entregar cualquier documento que incumpliera estos estándares técnicos.

La magistrada Talwani determinó que estas exigencias imponen una carga logística inviable para las autoridades estatales.

En el texto de su resolución, la jueza precisó que los estados no disponen del “tiempo ni los fondos” necesarios para diseñar nuevos materiales, obtener aprobaciones, actualizar sistemas de gestión electoral y capacitar al personal en el uso del portal electrónico requerido por el organismo federal.

Origen y escalada del conflicto electoral

El enfrentamiento sobre el voto postal no constituye un hecho aislado, sino la continuación de una disputa política que se intensificó tras el retorno de Donald Trump a la presidencia. El mandatario mantiene una postura crítica constante contra esta modalidad de votación, a la cual calificó en reiteradas ocasiones como “un vehículo para el fraude electoral”, a pesar de que el propio mandatario utilizó este método para ejercer su derecho al voto en años anteriores.

Este conflicto se enmarca en una estrategia más amplia de la administración por centralizar y endurecer los controles sobre los procedimientos electorales. El año pasado, el gobierno emitió una orden ejecutiva previa con el objetivo de exigir pruebas documentales de ciudadanía para el registro de electores, una medida que también enfrentó bloqueos judiciales bajo argumentos similares sobre la falta de autoridad federal para modificar leyes estatales.

Argumentos constitucionales y la falta de evidencia

La controversia legal se centra en la autoridad sobre la administración de los procesos electorales. Los demandantes, entre los que figura la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), sostienen que el Poder Ejecutivo y el servicio postal carecen de facultades constitucionales para alterar procedimientos que corresponden exclusivamente a las legislaturas estatales y al Congreso federal.

Sobre la justificación del gobierno, la jueza Talwani señaló en su fallo que el USPS no presentó pruebas que sustenten la existencia de un problema de fraude en el voto por correo que obligue a tales cambios. Esta postura contrasta con la narrativa del presidente Trump, quien sostiene desde hace años la existencia de un fraude masivo en este sistema, a pesar de que los datos oficiales refutan tales aseveraciones.

Un informe de la Brookings Institution publicado en 2025 documentó que el fraude en esta modalidad de votación ocurrió en una proporción de “cuatro casos por cada 10 millones de papeletas”. La magistrada concluyó que el riesgo de privar del derecho al voto a la ciudadanía supera cualquier interés administrativo del servicio postal por implementar estas nuevas reglas.

Antecedentes y el camino hacia la Corte Suprema

Este conflicto atraviesa una etapa de alta volatilidad jurídica. El pasado lunes, la Corte Suprema de Estados Unidos, con mayoría conservadora, anuló una medida previa de Talwani al considerar que las demandas iniciales fueron presentadas de forma prematura. Tras ese dictamen, la administración formalizó la normativa, lo que permitió a los demandantes refilar el caso ante el tribunal de distrito.

La abogada de la ACLU, Sophia Lin Lakin, declaró en un comunicado citado por Reuters que la orden judicial “presiona el botón de pausa en una toma de poder ilegal” que amenazaba con generar confusión en el electorado. La relevancia del caso sobre las atribuciones presidenciales sugiere que el litigio retornará a la Corte Suprema tras la audiencia programada para el 3 de septiembre.