ChatGPT como testigo: las conversaciones con IA ganan terreno como evidencia en Estados Unidos

La expansión de los chatbots de inteligencia artificial abrió un nuevo frente judicial en Estados Unidos: conversaciones privadas con herramientas como ChatGPT ya aparecen como prueba en causas penales y civiles, incluso cuando los usuarios creían que esos intercambios quedaban en un ámbito reservado. Un relevamiento de The Washington Post identificó al menos 12 casos en los últimos dos años en los que esos registros terminaron incorporados a expedientes.

El fenómeno expone una tensión cada vez más visible entre el uso cotidiano de la inteligencia artificial para consultas personales y la falta de resguardos legales comparables a los que sí existen para conversaciones con abogados o médicos. Esta situación ganó relevancia a medida que más personas recurren a estas plataformas para pedir consejo sobre salud mental, vínculos, trabajo o problemas legales.

Un caso que expuso el problema

Uno de los episodios citados por The Washington Post involucró a un adolescente identificado en expedientes judiciales como R.K.C., quien acudió a ChatGPT en octubre de 2024 para intentar entender una conversación con su padre. En uno de los mensajes incluidos en actuaciones judiciales, el joven escribió: “Mi papá dijo que recibiré una indemnización de un millón de dólares”, antes de preguntar qué significaban esas palabras.

Esos intercambios aparecieron en el marco de una demanda que el menor había presentado en 2023 contra Meta, Snapchat, TikTok y YouTube. El adolescente sostenía que las aplicaciones de esas compañías habían contribuido a una adicción a las redes sociales y a problemas de salud mental durante varios años.

El caso cambió de rumbo a fines de julio, cuando los abogados del joven llegaron a acuerdos con Snap, TikTok y YouTube, y retiraron la acción contra Meta. Los letrados citaron, entre otros factores, la preocupación por la capacidad del adolescente para afrontar un juicio extenso. Las empresas rechazaron las acusaciones, de acuerdo con el reporte de The Washington Post.

Para Mike Morgan, socio del estudio jurídico Morgan & Morgan que representó al menor, el episodio mostró hasta qué punto estos registros pueden exponer aspectos íntimos de la vida de una persona. El abogado sostuvo en una declaración citada por el diario que “un chico de 15 años puede escribir en un chatbot cosas que no diría a un terapeuta, a un padre o a un amigo”.

Cómo llegan esos chats a los tribunales

Expertos consultados por The Washington Post señalaron que las conversaciones con asistentes de inteligencia artificial suelen contener más contexto que una búsqueda convencional en internet. En lugar de una frase breve, el usuario suele aportar antecedentes, emociones, dudas y detalles de su situación personal, lo que crea un registro más amplio y potencialmente más útil para fiscales, abogados o jueces.

Michael Price, director de litigios del Fourth Amendment Center de la National Association of Criminal Defense Lawyers, explicó que la diferencia no reside solo en la pregunta puntual, sino en toda la información que acompaña ese intercambio. En su evaluación, esos historiales ofrecen “una ventana al alma” por la claridad con la que exponen pensamiento, intención y contexto.

En muchos procesos penales, esos registros no aparecen a partir de un requerimiento directo a la empresa tecnológica, sino por el acceso al teléfono del propio usuario. Price indicó que, cuando la policía solicita revisar un dispositivo durante un interrogatorio o tras una detención, muchas personas aceptan. En Estados Unidos, la Cuarta Enmienda protege contra registros irrazonables, pero ese resguardo puede quedar de lado cuando existe consentimiento.

Amenazas, delitos y admisiones

Uno de los casos más serios citados por The Washington Post ocurrió en Florida, donde OpenAI alertó al FBI sobre un usuario que, desde marzo, había hablado con ChatGPT sobre planes para violar y matar a su exnovia. Según una declaración policial, el hombre, identificado en documentos judiciales como Darren Zhou, describió incluso cómo pensaba esperar a la mujer junto a su auto para dispararle al regresar de una práctica de vóley.

La información fue remitida a la policía del condado de Palm Beach, que logró identificar a la víctima y detectó además mensajes anónimos enviados por el acusado tras la ruptura. Zhou fue arrestado en mayo y afrontó cargos por acoso y amenazas electrónicas. Este mes se declaró culpable y recibió ocho años de libertad condicional.

OpenAI explicó en una publicación de abril que utiliza sistemas automáticos para detectar señales de conductas peligrosas y derivarlas a revisores humanos. Si esos revisores concluyen que existe “un riesgo inminente y creíble de daño a otros”, la empresa informa a las autoridades.

Otro expediente reseñado por The Washington Post se desarrolló en Missouri. Allí, un estudiante universitario llamado Ryan Schaefer autorizó a la policía a revisar su teléfono después de ser investigado por daños a 17 autos en un estacionamiento del campus. En el reporte policial figuraban preguntas hechas a ChatGPT durante la madrugada del episodio, entre ellas “¿Qué tan jodido estoy, hermano?” e “¿Hay alguna forma de que sepan que fui yo?”. Días después fue arrestado, se declaró culpable por daño grave a la propiedad y en julio recibió cinco años de libertad condicional.

También pesan en litigios civiles

La utilización de estos diálogos no se limita al terreno penal. En litigios civiles, los mensajes pueden surgir durante la etapa de discovery, en la que las partes intercambian pruebas y pueden examinar dispositivos electrónicos.

The Washington Post citó un caso en Michigan en el que un vendedor de neumáticos, demandado por su antiguo empleador, permitió un registro completo de sus dispositivos como muestra de transparencia. En ese proceso, la empresa destacó una charla en la que el hombre había consultado a ChatGPT si su proveedor de correo podía recuperar mensajes borrados, incluso ante una orden judicial.

La jueza entendió que ese intercambio constituía “prueba convincente” de una retención deliberada de información y, en agosto, concedió a la empresa una suma aún no determinada por honorarios legales adicionales. La demanda siguió adelante con nuevas medidas de prueba.

Sin privilegio legal especial

El problema de fondo, según especialistas citados por The Washington Post y por Cleveland.com, el principal sitio web de noticias, deportes y entretenimiento del noreste de la región de Ohio, es que las charlas con chatbots no cuentan hoy con una protección jurídica especial.

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, sostuvo el año pasado que debería existir un resguardo similar al secreto profesional que cubre a médicos y abogados, porque cada vez más personas trasladan a la IA preguntas sensibles y preocupaciones privadas.

Esa postura, por ahora, no tiene respaldo en los tribunales. La profesora de derecho Laura Abelson, experta en reglas de evidencia de Southern Methodist University, afirmó que en un ámbito no regulado es muy improbable que un juez considere privilegiadas esas comunicaciones.

Ese criterio quedó reflejado en febrero en Nueva York, donde un juez federal resolvió que un ejecutivo financiero investigado por fraude no podía impedir que la fiscalía revisara sus conversaciones con Claude, otro modelo de IA.

El acusado, Bradley Heppner, había consultado posibles estrategias de defensa, pero el magistrado concluyó que la protección aplicable a la relación entre cliente y abogado no alcanzaba a un chatbot. En mayo, Heppner fue condenado por fraude de valores y fraude electrónico, entre otros cargos.

De acuerdo con Cleveland.com, el avance de estos casos confirma que los asistentes de IA ya forman parte del universo probatorio de los tribunales. A medida que estas herramientas ganan espacio en la vida diaria y suman funciones con mayor acceso a datos personales, la posibilidad de que esos intercambios aparezcan en investigaciones y juicios crece junto con su uso.