El pueblo votó echarlos, se negaron a irse y ahora la Justicia los obliga a abandonar sus cargos: el escándalo político que sacude a Avenal

La ciudad de Avenal pone fin a meses de incertidumbre política. Tras una prolongada resistencia, los funcionarios municipales destituidos en abril abandonarán sus cargos luego de que un fallo judicial determinara que su permanencia en el poder carecía de legalidad.

La jueza Jennifer Giuliani, del Tribunal Superior del Condado de Kings, dictaminó el lunes 24 de agosto que los cuatro concejales “no ocupan ni ejercen legalmente sus respectivos cargos”, según informó The New York Times. Según la magistrada, las posiciones están vacantes desde el 28 de mayo, fecha en que las autoridades certificaron los resultados de la elección.

El origen de la tensión

La crisis estalló cuando el alcalde Alvaro Preciado y los concejales Leticia Gamez, David Reynosa y Pablo Hernandez ignoraron el mandato popular. El grupo argumentó que el proceso electoral carecía de autorización y se mantuvo en funciones, lo que derivó en una de las disputas por destitución más complejas en la historia reciente de California.

En su resolución, la jueza Giuliani fue tajante: “El tribunal debe defender la voluntad del electorado y los votantes de Avenal se han expresado de forma decisiva”. La autoridad reconoció la existencia de una irregularidad procedimental en la realización de la votación, pero aclaró que este detalle no afectó el mérito ni el resultado final del proceso, señala The New York Times.

El administrador de la ciudad, Antony V. López, quien apoyó públicamente a los funcionarios, confirmó que estos acatarán la orden y dejarán sus puestos de inmediato. Ante la salida de los cuatro ediles, el cuerpo legislativo quedará con un solo integrante, Ricardo Verdugo, por lo que la ciudad carecerá de cuórum para sesionar hasta después de las elecciones generales del 3 de noviembre, indica The New York Times.

Un proceso marcado por la tensión

El conflicto comenzó el año pasado impulsado por residentes como Dalila Barajas, quienes denunciaron falta de transparencia en la gestión municipal y temores sobre una posible contaminación ambiental provocada por el vertedero local. En abril, más del 76% de los votantes respaldó la destitución de los cuatro representantes.

La negativa de los ediles a abandonar sus asientos obligó a los organizadores a recurrir a una demanda de tipo quo warranto (recurso legal usado para resolver disputas sobre el derecho de un funcionario a ocupar un cargo). El fiscal general de California otorgó el permiso necesario para avanzar con esta acción judicial, que finalmente resolvió la crisis, detalla The New York Times en conjunto con información previa de The Guardian.

Anteriormente, el descontento social se agudizó cuando el municipio decidió crear su propio departamento de bomberos, prescindiendo del servicio del Condado de Kings, según The Guardian. Esta medida, que el concejo justificó por el aumento de costos, provocó que el fiscal del distrito demandara al municipio por violar la ley Brown Act, normativa de California que exige que las reuniones de los órganos legislativos locales sean públicas y transparentes, al discutir planes en sesiones privadas, señala el mismo medio.

Investigaciones y futuro municipal

A pesar del fallo, la situación legal en Avenal continúa bajo escrutinio. La oficina del fiscal del distrito del Condado de Kings mantiene abierta una investigación criminal que incluyó registros en el ayuntamiento y en los domicilios de los funcionarios destituidos y del administrador municipal, reporta The New York Times. Las autoridades también exigieron el cese del uso de fondos públicos por parte de los exconcejales.

Un abogado de la ciudad sugirió que los exfuncionarios podrían apelar ciertos elementos del caso una vez transcurridos los comicios de noviembre. Mientras tanto, el alcalde Preciado mantiene su elegibilidad para postularse nuevamente en la próxima contienda electoral, según el mismo medio.

The Guardian destaca que el conflicto también estuvo marcado por acusaciones de lenguaje racista y amenazas, las cuales el administrador López utilizó para intentar deslegitimar el proceso de destitución en redes sociales, aunque los organizadores sostuvieron que dichas alegaciones solo buscaban distraer de la negativa de los funcionarios a dejar sus puestos.

Para los vecinos, el desenlace representa un triunfo de la participación ciudadana. Tras conocer la decisión judicial, Barajas expresó su satisfacción: “Si Avenal lo logró, siendo un pueblo tan pequeño, creo que otros pueblos podrían seguir el ejemplo y luchar por sus derechos, por sus libertades y por la democracia”, concluyó ante The New York Times.