El Departamento de Justicia revisará la táctica de la DEA que dejó circular fentanilo en Nuevo México

El Departamento de Justicia abrió una revisión oficial sobre la decisión de dejar circular cargamentos de fentanilo para sostener investigaciones más amplias contra redes de narcotráfico en Estados Unidos. Esta práctica es atribuida a la Drug Enforcement Administration (DEA) en Nuevo México y ahora estará bajo examen del organismo federal.

La Oficina del Inspector General del DOJ anunció el lunes una pesquisa sobre políticas, protocolos y tácticas aplicadas en causas federales en las que agentes habrían conocido entregas de fentanilo antes de que ocurrieran y aun así no intervinieron para no afectar procesos penales de mayor alcance.

Este proceso de revisión también abarcará la forma en que el departamento evalúa riesgos, decide medidas de mitigación y documenta desacuerdos internos con posibles efectos en ciudades expuestas a crisis de sobredosis.

De este modo, el foco principal abarcará los últimos dos años, aunque el inspector general dejó abierta la posibilidad de revisar hechos anteriores si resultan necesarios para entender el contexto de expedientes vinculados con Nuevo México.

Las denuncias surgieron tras envíos no incautados en Albuquerque

De acuerdo con el reporte de Associated Press, la revisión tomó impulso después de una investigación periodística que reveló que agentes de la DEA vigilaron varias entregas de fentanilo en Albuquerque entre 2023 y 2025 sin decomisar la droga.

Uno de los episodios citados incluyó 74.000 pastillas que llegaron a un parque de casas móviles y no fueron interceptadas, según un informe interno de la agencia.

El caso ganó peso por el contexto sanitario y judicial en el que se produjo. La sustancia se encontraba en circulación durante la crisis de drogas más letal de la historia reciente del país y mientras la propia DEA impulsaba la campaña “One Pill Can Kill”, orientada a advertir que incluso dosis mínimas pueden resultar mortales. Sin embargo, la agencia difundía mensajes de prevención al mismo tiempo que dejaba pasar cargamentos bajo vigilancia.

Otro de los elementos bajo escrutinio es si la táctica se repitió en otras ciudades. El inspector general indicó que la revisión podría extenderse si aparecen nuevos datos. The Hill detalló que el informe final será público una vez concluida la pesquisa, lo que abre la puerta a una evaluación más amplia sobre las investigaciones federales relacionadas con opioides sintéticos.

Cuestionamientos internos y papel de los denunciantes

El agente David Howell, sostuvo que las autoridades federales “envenenaron a nuestra comunidad para armar casos” en Nuevo México. Su denuncia se convirtió en uno de los disparadores del examen externo. Howell espera que la revisión pruebe que hubo una inacción deliberada que puso en riesgo a la población.

Además, el actual administrador de la DEA, Terry Cole, pidió una investigación más acotada tras la publicación de esos hallazgos. Cole afirmó en una declaración previa que su solicitud no debía interpretarse como una falta de confianza en el profesionalismo o la integridad del personal de la agencia. Hasta el anuncio del nuevo examen, la DEA no había respondido de inmediato a pedidos de comentarios.

A las objeciones de Howell se sumaron otros dos denunciantes en semanas recientes. Uno aseguró que sus colegas dejaron pasar 350.000 pastillas de fentanilo detectadas desde la primera llamada interceptada en una escucha de 2024.

Ese envío formó parte de una causa que luego derivó en la mayor incautación de fentanilo en la historia de la DEA, aunque registros judiciales muestran que los agentes tuvieron oportunidades previas de decomisar miles de pastillas y no lo hicieron durante meses.

Un segundo denunciante presentó este mes una queja en la que afirmó que agentes siguieron, pero no arrestaron, a un correo de droga que realizó entregas repetidas desde Phoenix hasta Albuquerque entre 2022 y 2023. Los investigadores calcularon que cada viaje transportó entre 50.000 y 100.000 pastillas, todas fuera de decomiso.

Debate por las reglas y respuesta de las autoridades

El presidente de Empower Oversight, Tristan Leavitt, quien representa a Howell, declaró en Associated Press que su organización recibe con satisfacción una revisión independiente de las tácticas usadas por la DEA y por la Fiscalía federal de Nuevo México.

Leavitt reclamó además que el Departamento de Justicia vuelva a una política anterior aprobada en 2017 que ordenaba “incautar o impedir la distribución” de fentanilo “tan pronto como fuera practicable”.

Ese punto resulta central porque, según AP, el Departamento de Justicia reescribió en 2024 esas directrices y otorgó a las fuerzas de seguridad un margen más amplio para decidir si actuaban o no frente al tráfico de fentanilo, con el argumento de preservar beneficios investigativos.

La revisión actual deberá aclarar de qué manera se aplicó esa discrecionalidad y si existieron controles suficientes para equilibrar las pesquisas con la protección de la comunidad.

En paralelo, autoridades estatales de Nuevo México mantienen una investigación propia para determinar si agentes de la DEA violaron leyes locales al permitir que cientos de miles de pastillas llegaran a las calles de Albuquerque.

El fiscal general estatal, Raúl Torrez, amenazó hace poco con demandar al Departamento de Justicia después de que el gobierno federal rechazara entregar una serie de documentos solicitados. La DEA tampoco permitió que Howell declarara ante los investigadores estatales.

Torrez sentenció en una carta enviada este mes a las autoridades federales que el estado carga con los daños sociales y financieros causados por la entrada de fentanilo en sus comunidades.