El estado de Florida prevé ejecutar este martes a William Frances Silvia, de 61 años, condenado por asesinar a su esposa separada y atacar a su suegra en 2006.
La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó su último recurso y la inyección letal quedó fijada para las 18.00 en la prisión estatal de Florida, cerca de Starke.
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El caso de Silvia llega luego de casi dos décadas de trámite judicial. Según el expediente, el jurado recomendó por mayoría la pena capital y la condena atravesó anulaciones y revalidaciones.
Florida y el calendario de ejecuciones en 2026
La ejecución de este martes se sumó a una serie que mantuvo a Florida al frente del conteo nacional.
Las autoridades estatales también agendaron otras dos ejecuciones para septiembre. Harold Gene Lucas, de 74 años, será ejecutado el 1 de septiembre por el homicidio de una adolescente y el ataque a dos de sus amigas; y Daniel Owen Conahan Jr., de 72 años, enfrentará la pena máxima el 10 de septiembre por el secuestro y asesinato de un hombre.
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La jornada prevista para la ejecución de Silvia coincidió con las elecciones primarias estatales, en las que millones de electores acudirán a votar.
Organizaciones contrarias a la pena de muerte cuestionaron que el estado realizara una ejecución en paralelo a ese proceso.
El caso William Frances Silvia: crimen, condena y apelaciones
Según la fiscalía, el ataque ocurrió el 22 de septiembre de 2006 en una vivienda de Winter Park, en las afueras de Orlando.
Tras intentar una fallida reconciliación durante una parrillada familiar, Silvia regresó a su camioneta, extrajo una escopeta y disparó contra Patricia Silvia y su madre, Betty Woodard: Silvia murió en el acto y Woodard sobrevivió con lesiones graves en el rostro y la cabeza.
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El expediente indicó que Silvia compró una escopeta y municiones el mismo día del crimen. También consignó que, tras perder su empleo, atravesó un deterioro personal desde la separación, con episodios de consumo problemático de alcohol y conductas insistentes para retomar la relación.
La condena se dictó en 2008 y luego se anuló por cuestiones técnicas tras un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que modificó los requisitos de unanimidad en sentencias de muerte. La Corte Suprema de Florida reimpuso la pena capital en 2018, tras una nueva fase procesal.
En los años siguientes, Silvia presentó apelaciones por la calidad de su defensa y pedidos de información sobre el protocolo de inyección letal, al alegar posibles irregularidades en los medicamentos utilizados. Los tribunales estatales y federales rechazaron esos planteos.
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Distintas organizaciones, como Floridians for Alternatives to the Death Penalty, organización contraria a la pena capital, y la Conferencia Católica de Obispos de Florida, pidieron al gobernador DeSantis que conmutara la sentencia por prisión perpetua, pero no obtuvieron una respuesta favorable.
Tras la negativa de la Corte Suprema federal no quedaron recursos pendientes.
El debate por la pena de muerte en Florida también se intensificó por denuncias y cuestionamientos sobre el protocolo y los medicamentos usados en ejecuciones previas.
En este caso, de acuerdo con el borrador, los tribunales rechazaron revisar en profundidad esos reclamos y también descartaron el argumento de la defensa sobre la simultaneidad de órdenes de ejecución.
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