
(Desde Washington, Estados Unidos) Con la excepción de Brasil, la totalidad de los miembros de la OEA avalaron hoy la decisión de convocar a una cumbre de cancilleres de América Latina para repudiar la suspensión definitiva de las elecciones en Nicaragua, que fue ordenada hace casi tres semanas por los dictadores Rosario Murillo y Daniel Ortega.
La iniciativa diplomática tratada en la OEA fue presentada por Estados Unidos y acompañada por la Argentina, Costa Rica, Panamá y Paraguay.
El primero de septiembre, Murillo y Ortega pretenden ejecutar otro acto autoritario en Nicaragua, y la intención del foro regional es evitar que los dictadores marxistas avancen de nuevo contra los derechos humanos en América Latina.
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No hubo un solo representante diplomático en toda la OEA que no estuviera de acuerdo con la propuesta que presentó Estados Unidos a través de Michael Kozak, reconocido diplomático del Departamento de Estado.
“Murillo y Ortega han encarcelado, torturado, silenciado, transnacionalizado y exiliado a los que consideraban como amenazas, expulsando a cientos de miles de nicaragüenses para que se fueran del país y recargando a su región de personas desplazadas. Esa dictadura también facilitó la inmigración masiva ilegal que amenazó la seguridad no solo de Estados Unidos, sino también de otros Estados miembros de la sala”, explicó Kozak.
Y completó: “La situación de Nicaragua no es una cuestión solamente interna, sino que amenaza la paz y la seguridad en las Américas. ¿Cuánto más tiene que sufrir el pueblo nicaragüense antes que actuemos? No podemos dejar transcurrir otros cincuenta años".
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La perspectiva de Kozak, que se apoyó en anteriores resoluciones asumidas por la OEA, fue replicada por Thaís Mesquita Candia Pecoraro, ministra consejera de la embajada de Brasil en la OEA.
Candia Pecoraro fijó la posición de Lula da Silva con una sucesión de inasibles argumentos que sorprendieron a los representantes diplomáticos que participaron del Consejo Permanente de la OEA.
A continuación, los aspectos clave del discurso pronunciado por Candia Pecoraro:
“En cuanto al proyecto de resolución presentado durante esta sesión, creemos que es equivocado abordar la situación en Nicaragua como una cuestión de seguridad. Se trata, sí, de una crisis política, con graves repercusiones sobre los derechos humanos. No se han presentado a este consejo evidencias que permitan afirmar que existe algún proceso que afecte la paz y la estabilidad regionales”.
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“La cuestión migratoria no debe ser abordada desde el ángulo de la seguridad. Nuestro país siempre ha defendido que el tema de las migraciones sea abordado desde una perspectiva de derechos humanos y desarrollo sostenible. Los migrantes son personas en busca de mejores oportunidades y de una vida digna, no una amenaza a la paz”.
“Por este motivo, creemos que, sin perjuicio del seguimiento permanente del tema por parte del Consejo Permanente, la convocatoria a una reunión de cancilleres, en este momento, parece prematura”.
“En las condiciones originalmente propuestas, el proyecto de resolución podría contribuir al aumento de tensiones y crearía dificultades adicionales en el diálogo de la Organización y de los Estados miembros con Nicaragua, situación que en nada favorece la garantía de elecciones y la protección de los derechos humanos en el país”.
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El embajador de Paraguay en la OEA, Raúl Florentín, hizo un discurso que puso en exacta dimensión lo que propuso Estados Unidos y qué pretende Brasil cuando utiliza artilugios dialécticos para menospreciar la crisis de derechos humanos que sufre Nicaragua.
“No podemos permitir que la OEA permanezca en silencio ante una situación de esta gravedad, que ha dejado de ser únicamente una cuestión de violaciones de los derechos humanos y de erosión de la democracia para convertirse en un desafío que compromete la seguridad hemisférica”, afirmó Florentín.
En el recinto de la OEA había dos protagonistas de la lucha constante contra la represión ilegal y la defensa permanente de los derechos humanos en América Latina.
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Entre los invitados especiales estaba Juan Sebastián Chamorro, un dirigente opositor nicaragüense que fue arrestado sin causa y condenado a 13 años de prisión por el supuesto delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.
El 9 de febrero de 2023, Chamorro fue excarcelado junto a otros 221 presos políticos y desterrado hacia Estados Unidos. A continuación, la dictadura de Murillo-Ortega lo despojó de su nacionalidad nicaragüense y ordenó la confiscación de sus bienes.
A pocos metros de Chamorro, se encontraba Rosa María Payá, que actualmente integra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH).
Payá tiene una historia familiar vinculada a la dictadura de Cuba, y conoce muy bien cómo funciona el régimen dictatorial que protagoniza la familia Murillo-Ortega.
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Dos frases de Payá, en su discurso ante los representantes de la OEA, sintetizan el sentido de la propuesta de Estados Unidos que fue avalada casi por unanimidad en la sesión del Consejo Permanente del foro regional.
“Las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, la persecución religiosa, la violencia contra los pueblos indígenas y afrodescendientes y la represión política de la dictadura de Ortega Murillo han instaurado el miedo en la ciudadanía. Los nicaragüenses viven bajo un régimen sin garantías ni libertades que intenta silenciarlos sistemáticamente”, describió Payá.
Y cerró: “El Estado de Nicaragua se retiró de esta organización, los nicaragüenses no”.
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