Una coalición de 24 estados y el Distrito de Columbia demandó a la administración de Donald Trump para frenar una política federal que permitiría compartir datos personales de millones de beneficiarios de ayuda social con otras agencias, incluido el Departamento de Seguridad Nacional.
En concreto, se encuentra en disputa el programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas, conocido como TANF, que distribuye USD 16.500 millones al año a estados, el Distrito de Columbia y gobiernos tribales.
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La demanda fue presentada ante un tribunal federal en Washington. De acuerdo con Associated Press, busca impedir que la agencia federal que administra el programa avance con una regla que habilitaría el intercambio del estatus migratorio de los beneficiarios, sus números de Seguro Social y otros datos personales con distintas áreas del gobierno e incluso con entidades privadas.
Integran la demanda Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y Wisconsin, además del Distrito de Columbia.
Rob Bonta, fiscal general de California y uno de los impulsores del caso, sostuvo en un comunicado: “La administración Trump está explotando un programa diseñado para garantizar que los niños no pasen hambre y ayudar a las familias necesitadas a recuperarse para alimentar su esfuerzo de vigilancia masiva. Es cruel, innecesario e ilegal”.
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Por su parte, Letitia James, fiscal general de Nueva York, afirmó: “En lugar de ayudar a las familias que luchan contra el aumento del costo de vida, esta administración está tratando de volver los programas contra la pobreza contra las personas a las que se supone que deben servir”.
Argumentos del bloque demandante y posibles efectos de la política de intercambio de datos
La política de intercambio de datos fue anunciada en junio por la Administración para Niños y Familias, una división del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. La entrada en vigor está prevista para el 11 de agosto.
La administración defiende la norma con el argumento de que es necesaria para prevenir el fraude en el programa y comprobar si los estados verifican la ciudadanía o el estatus migratorio antes de otorgar beneficios, señaló Reuters.
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Los inmigrantes indocumentados no pueden recibir directamente ayuda de TANF, aunque algunas familias con hijos ciudadanos estadounidenses o con acceso a programas comunitarios financiados por TANF pueden beneficiarse de forma indirecta, precisó Politico.
Los estados plantean que la ley que creó el programa dejó en manos de las administraciones estatales, y no del gobierno federal, la verificación de la elegibilidad de los solicitantes. Sin embargo, la Administración para Niños y Familias alega que tiene autoridad para transferir a otras agencias expedientes de familias que reciben asistencia de TANF y consultar su situación migratoria.
Así, según el bloque demandante, la información podría ser usada para fines de control migratorio y podría desalentar solicitudes de personas que sí reúnen las condiciones legales para recibir asistencia.
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Por otro lado, los fiscales generales demócratas argumentan que la política viola la Ley de Procedimiento Administrativo de 1946 y la Ley de Compatibilidad de Sistemas Informáticos de 1988 porque fue adoptada sin la supervisión adecuada, indicó Politico.
Asimismo, aseguran que infringe la Constitución de Estados Unidos al ignorar restricciones vigentes sobre intercambio de información y fijar nuevas condiciones arbitrarias sobre fondos federales.
Antecedentes por el uso de bases de datos públicas
El litigio se suma a una serie de disputas previas entre estados y la Casa Blanca por el uso de datos públicos. Anteriormente, jueces ya bloquearon o limitaron intentos de compartir con autoridades migratorias información tributaria, bases de datos de Medicaid y datos personales de beneficiarios de ayuda alimentaria, informó Politico.
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A comienzos de este año, un juez impidió que la administración Trump retuviera fondos de TANF y de otros programas de subsidios a varios estados gobernados por demócratas, después de que el gobierno federal dijera que tenía “motivos para creer” que esos estados otorgaban beneficios a personas que se encontraban ilegalmente en el país.
Más tarde, un abogado del gobierno federal dijo que la medida respondió en gran parte a informaciones periodísticas sobre posible fraude, reportó Associated Press.
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