El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este martes que ampliará a Filadelfia su grupo de trabajo contra el fraude en la atención médica, mientras autoridades federales y de Pensilvania presentaron cargos contra 19 personas por esquemas que involucran más de USD 4 millones en reclamaciones a Medicare y Medicaid.
La información fue difundida en un comunicado del Departamento de Justicia citado por Fox News, cadena de noticias estadounidense. Entre los imputados figuran propietarios de empresas de atención domiciliaria, empleados, supuestos asistentes y beneficiarios de Medicaid.
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Según el anuncio oficial, la expansión incluye la instalación de una oficina de intervención especial en el Distrito Este de Pensilvania y un esquema de coordinación entre la División Nacional de Lucha contra el Fraude del Departamento de Justicia y la Fiscalía federal correspondiente a ese distrito.
El objetivo, señalaron las autoridades, es concentrar recursos y mejorar la capacidad operativa para detectar e impulsar casos en un rubro que combina un alto volumen de facturación con población vulnerable.
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El Departamento de Justicia enmarcó la ampliación en una estrategia de refuerzo de unidades dedicadas al fraude sanitario. En este caso, la llegada a Filadelfia apunta a sumar un equipo especializado que trabaje en conjunto con fiscales y agencias de investigación ya presentes en la zona.
El organismo sostuvo que el Distrito Este de Pensilvania cuenta con experiencia en este tipo de expedientes y que la incorporación de recursos federales busca reforzar esa capacidad.
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Nuevas capacidades en Filadelfia y coordinación federal-estatal
En el comunicado, el Departamento de Justicia indicó que la colaboración entre su División de Fraude y la jurisdicción federal del Distrito Este de Pensilvania permitirá a las fuerzas del orden “combatir de manera excepcional a los delincuentes que se amparan en las corporaciones para cometer fraudes”.
En la misma línea, añadió que el objetivo es reforzar la capacidad de “identificar, investigar y enjuiciar” delitos que impactan sobre programas públicos de salud.
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La nueva oficina, según el mismo texto, trabajará con la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos, el FBI, Buró Federal de Investigaciones, la DEA, Administración para el Control de Drogas, y otras agencias de seguridad.
En la práctica, se trata de un esquema de cooperación entre investigadores y fiscales que suele apoyarse en el cruce de registros, la verificación de planillas y la comparación entre horarios declarados y movimientos o situaciones incompatibles con la prestación de servicios.
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Los cargos: facturación durante detenciones, internaciones o viajes
Los expedientes informados este martes incluyen acusaciones de auxiliares de atención médica a domicilio que habrían facturado a Medicaid por servicios supuestamente prestados mientras estaban encarcelados, hospitalizados, trabajando en otros empleos o viajando al extranjero.
En otro de los casos, los fiscales indicaron que un beneficiario de Medicaid afirmó requerir asistencia intensiva en el hogar mientras, al mismo tiempo, trabajaba como carpintero.
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La descripción de los hechos también menciona presuntas presentaciones de horas de trabajo superpuestas o imposibles.
De acuerdo con el comunicado, se detectaron reclamaciones que excedían las 24 horas de atención en un solo día, un patrón que, para los investigadores, funciona como señal de alerta de que los registros no reflejarían la prestación real del servicio.
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Además, una agencia de atención médica domiciliaria y sus propietarios fueron acusados de facturar a Medicaid con registros de entrada y salida falsos.
Este tipo de documentación —según el propio resumen difundido— es central para justificar la facturación, por lo que su adulteración o fabricación puede convertirse en el núcleo probatorio en investigaciones por fraude.
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En conjunto, el caso apunta a esquemas que, según el Departamento de Justicia, aprovecharon la mecánica de reembolsos y la dificultad de monitorear en tiempo real la prestación de servicios en domicilios. Las autoridades no detallaron en el comunicado el estado procesal de cada imputado, pero sí presentaron el panorama general de acusaciones y el volumen total de reclamaciones cuestionadas.
Un acuerdo de culpabilidad y antecedentes de causas con múltiples imputados
El fiscal general de Pensilvania, Dave Sunday, informó además un acuerdo de culpabilidad que involucra al último acusado de un caso imputado previamente con 21 personas. Según indicó, ese expediente estaba relacionado con reclamaciones por más de USD 1,7 millones.
La mención de ese acuerdo se sumó al anuncio federal y funcionó como parte del contexto que las autoridades estatales aportaron sobre la escala de las investigaciones. En el marco de este tipo de causas, los expedientes suelen acumular numerosos imputados por el rol que pueden cumplir, de manera simultánea, propietarios, empleados, asistentes y beneficiarios dentro de una misma operatoria.
El comunicado difundido este martes no incorporó detalles adicionales sobre ese caso previo, pero sí lo ubicó como antecedente inmediato dentro de una ofensiva más amplia contra el fraude en prestaciones de salud. En ese sentido, la decisión de ampliar el grupo de trabajo al área de Filadelfia aparece como una respuesta operativa para sostener investigaciones de volumen y, a la vez, acelerar procesos de acusación.
Expansión nacional y acciones contra el fraude en el sistema de salud
El Departamento de Justicia indicó que la expansión en Filadelfia se suma a incorporaciones recientes del programa de grupos de trabajo en California, Arizona, Nevada, Massachusetts y Minnesota. Con ese listado, el organismo sugirió que la estrategia no se limita al noreste y que busca cubrir zonas con casuística relevante o con necesidades de refuerzo de personal especializado.
En la misma comunicación, las autoridades también señalaron dos acciones nacionales contra el fraude en el sector de la salud que, según el Departamento de Justicia, reportaron más de USD 15.000 millones en presuntas pérdidas en 2025 y más de USD 6.000 millones en presuntas pérdidas en 2026.
Esos montos, de acuerdo con el organismo, reflejan la escala de las investigaciones y el impacto potencial de los esquemas detectados sobre programas públicos de cobertura médica.
Con la apertura de la oficina en Filadelfia y el despliegue coordinado de agencias federales y estatales, el Departamento de Justicia sostuvo que busca fortalecer la capacidad para seguir la pista de facturaciones sospechosas, identificar patrones de abuso y avanzar con acusaciones cuando la evidencia lo permita.
En este caso, el anuncio coincidió con la presentación de cargos contra 19 personas, en un expediente que las autoridades describieron como centrado en el fraude en el ámbito de la atención médica domiciliaria.
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