El Tribunal de Expulsión de Terroristas Extranjeros de Estados Unidos escuchó este jueves su primer caso desde que fue creado hace tres décadas.
La audiencia abrió una vía para deportar a no ciudadanos acusados de amenazas a la seguridad nacional sobre pruebas clasificadas, una herramienta que la administración Trump busca usar para ampliar su agenda migratoria.
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La audiencia se centró en Nazira Haji Zada, una residente permanente legal de 47 años que enfrenta un nuevo proceso de deportación tras ser acusada de apoyar al Estado Islámico y de ayudar a encubrir un plan fallido para perpetrar un tiroteo masivo el día de las elecciones de 2024.
Según Reuters, la mujer no ha sido acusada de ningún delito, aunque su hijo y su yerno se declararon culpables el año pasado de cargos vinculados al mismo caso.
El tribunal fue establecido por el Congreso en 1996 para tramitar expulsiones relacionadas con información clasificada de seguridad nacional. Permaneció inactivo hasta este mes, cuando funcionarios del Departamento de Justicia pidieron la expulsión de Haji Zada, arrestada el martes por el FBI, la policía federal de Estados Unidos en su casa de Fort Worth.
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La estructura del tribunal habilita al gobierno a sostener una expulsión con elementos que no se incorporan de manera abierta al expediente público.
Para los fiscales, esa reserva es necesaria por el tipo de información en juego; para la defensa, el procedimiento restringe la capacidad de refutar los señalamientos y compromete el debido proceso en un caso que, por el momento, no deriva en una acusación penal contra Haji Zada.
La audiencia inauguró el primer uso efectivo del tribunal
Durante el debate, la falta de antecedentes operativos del tribunal quedó expuesta dentro de la propia sala. La jueza, los fiscales y la defensa dedicaron parte de la audiencia a resolver cuestiones básicas de procedimiento, entre ellas cómo se manejaría la documentación y quién podría acceder a las pruebas clasificadas.
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La audiencia fue pública, pero no quedó claro cuándo se celebrará la próxima sesión. El proceso marca el primer uso real de un tribunal concebido hace casi tres décadas para casos de deportación basados en inteligencia reservada.
La defensa sostuvo que el tribunal busca evitar una acusación penal
Matthew Farley, abogado de Haji Zada, pidió a la jueza presidenta Joan Ericksen que desestimara el caso y ordenara la liberación inmediata de su clienta. Ericksen, jueza federal de distrito designada para supervisar el tribunal, rechazó esa solicitud durante la audiencia celebrada en un tribunal federal de Washington.
Farley cuestionó de forma directa la legalidad del procedimiento. “Todo este plan viola el debido proceso y es inconstitucional”, dijo. “Esto es una maniobra para eludir la presentación de una denuncia penal”.
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El planteo de la defensa se apoyó en una crítica central al diseño del mecanismo: el gobierno puede impulsar una expulsión con información que, por su carácter clasificado, no se divulga en una audiencia pública. Según Farley, se altera el equilibrio mínimo para controvertir las acusaciones y examinar la prueba, un punto que, según su postura, coloca el caso en tensión con garantías básicas del proceso.
El gobierno afirmó que el caso involucra un complot ligado al ISIS
Antes de la audiencia, el fiscal general interino Todd Blanche dijo: “las acusaciones en este caso demuestran que la matriarca de una familia simpatizante del ISIS ayudó en un complot para lanzar un ataque con numerosas víctimas contra votantes de Estados Unidos el día de las elecciones”.
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En un resumen no clasificado, el Departamento de Justicia afirmó que Haji Zada había adoctrinado a sus hijos “con la ideología del ISIS” y que había ocultado a su marido la radicalización de la familia y un traslado planeado a territorio controlado por el grupo. Los fiscales sostienen que gran parte de la prueba no puede revelarse en público.
Un memorando del FBI fechado el 15 de julio explicó por qué esa información se mantiene en secreto. “La información subyacente está clasificada porque su divulgación permitiría a los terroristas y a las organizaciones terroristas eludir las medidas preventivas o de detección, o revelaría fuentes del FBI u otras fuentes de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos”, escribió la agencia, citada por el medio.
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El Departamento de Justicia solicitó su activación y presentó el pedido de expulsión de Haji Zada.
La estructura del tribunal habilita al gobierno a sostener una expulsión con elementos que no se incorporan de manera abierta al expediente público.
Para los fiscales, esa reserva es necesaria por el tipo de información en juego; para la defensa, el procedimiento restringe la capacidad de refutar los señalamientos y compromete el debido proceso en un caso que, por el momento, no deriva en una acusación penal contra Haji Zada.
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