El juez federal Emmet Sullivan bloqueó el 1 de julio de 2026 una regla del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) que habría negado la entrega de boletas electorales a los estados que no entregaran sus padrones de votantes al gobierno federal.
El fallo tiene alcance nacional y representa el segundo revés judicial en pocas semanas para la administración Trump en materia de voto por correo.
Qué ordenaba Trump y cómo funcionaría la restricción
La raíz del conflicto es la Orden Ejecutiva 14248, firmada por el presidente Donald Trump en marzo de 2026. Una orden ejecutiva es una instrucción presidencial directa a las agencias del gobierno federal, con fuerza de ley, que no requiere aprobación del Congreso.
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En cumplimiento de esa orden, el USPS publicó el 2 de junio una regla propuesta con requisitos concretos para los estados. Según The Guardian y Fox News, las condiciones eran:
- Entregar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y otras agencias federales el listado completo de votantes habilitados para el voto por correo.
- Adoptar nuevos procedimientos de votación establecidos por la orden federal.
- Si un estado no cumplía, el USPS se negaría a enviar las boletas a sus votantes.
El director general de Correos, David Steiner, confirmó ese mecanismo ante el Comité de Seguridad Nacional del Senado: si un estado rechazaba proveer el listado de votantes en ausencia, el servicio postal simplemente no despacharía las boletas de ese estado.
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El fallo judicial y su base legal
Sullivan, designado por el expresidente demócrata Bill Clinton, no se pronunció sobre la constitucionalidad de la orden ejecutiva en sí. Su argumento fue más específico: la regla propuesta viola un acuerdo legal firmado en 2021 entre el USPS y la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color (NAACP), la organización de derechos civiles más antigua de Estados Unidos.
Ese convenio obliga al servicio postal a garantizar la entrega oportuna del correo electoral hasta 2028 y le otorga a los tribunales la facultad de supervisar el cumplimiento de esa obligación.
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Sullivan argumentó que el USPS no puede comprometerse públicamente a priorizar “el monitoreo y la entrega oportuna del Correo Electoral” mientras, al mismo tiempo, sus propias políticas le permiten rechazar “envíos no conformes” y negar boletas a votantes de estados que no entreguen sus padrones.
Para el juez, esa contradicción interna convierte la regla propuesta en una violación directa del acuerdo de 2021, según Fox News.
El bloqueo judicial —una medida cautelar que impide la aplicación de una norma mientras se resuelve el fondo del caso— rige en todo el territorio nacional.
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Una cadena de reveses judiciales
El fallo de Sullivan se suma a una secuencia de derrotas legales para la administración en el frente electoral:
- Primer revés: La jueza Indira Talwani, del Distrito de Massachusetts, bloqueó la semana anterior la aplicación de la orden en 23 estados y el Distrito de Columbia, tras una demanda colectiva presentada por esos estados contra la regla del USPS.
- Segundo revés (este fallo): Sullivan extiende ese bloqueo a todo el país al hacer valer el acuerdo de 2021, cuyo alcance es nacional por definición.
- Tercer frente: Una semana antes, otro juez designado por el expresidente Barack Obama bloqueó el intento de Trump de impedir que personas no ciudadanas se registren para votar en elecciones federales, en el marco de la misma EO 14248.
Reacciones de las partes
Anthony Ashton, asesor legal de la NAACP, sostuvo que el fallo protege a los votantes que dependen del correo para ejercer su derecho al voto y advirtió que las restricciones propuestas habrían generado “barreras innecesarias e ilegales” con un efecto desigual: los votantes negros, señaló, tienen más probabilidades de recurrir al voto por correo “debido a inequidades históricas en el acceso”. En su balance, la medida bloqueada habría incrementado la intimidación en las urnas, según The Guardian.
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Allison Zieve, directora del Public Citizen Litigation Group, fue más directa en su crítica al servicio postal. El tribunal, dijo, reconoció que el plan del USPS era “incompatible con su compromiso de entregar el correo electoral a tiempo” y lo calificó como “una amenaza para los millones de votantes” que dependen de las boletas enviadas por correo.
La Casa Blanca no se pronunció de forma específica tras este fallo. La semana anterior, ante una consulta de Fox News Digital, la portavoz Abigail Jackson había anticipado la postura de la administración: el presidente, dijo, está “comprometido” con que los estadounidenses tengan “plena confianza” en el sistema electoral, y expresó certeza de que la orden prevalecerá en los tribunales.
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El origen del acuerdo que frenó la orden
El convenio de 2021 que Sullivan invocó para bloquear la regla tiene su origen en una demanda que la NAACP presentó contra el USPS en 2020. Durante la pandemia de Covid-19, los retrasos generalizados en el servicio postal amenazaron el acceso al voto por correo de millones de ciudadanos.
El acuerdo resultante obligó al servicio postal a adoptar “medidas extraordinarias” para asegurar la entrega oportuna del correo electoral, y colocó esa obligación bajo supervisión judicial hasta 2028.
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Ese mismo compromiso institucional es ahora el instrumento legal que impide, al menos temporalmente, la aplicación de la política electoral de la administración Trump.
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