
Las organizaciones venezolanas de Miami buscarán que el presidente Donald Trump conceda alivio migratorio a los venezolanos en Estados Unidos después de los terremotos, que dejaron al menos 589 muertos y abrieron una nueva presión sobre una comunidad que teme deportaciones hacia un país afectado por los terremotos.
El pedido se apoya en un cuadro de destrucción que, según informó Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, incluye 2.980 heridos, 250 edificios derrumbados o con daños graves y casi 3.000 familias desplazadas. La cifra de fallecidos, siempre de acuerdo con ese balance citado por el diario Miami Herald y El Nuevo Herald, todavía podría aumentar.
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Helene Villalonga, presidenta de la Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión, dijo a Miami Herald que el grupo enviará el lunes una carta para solicitar el Estatus de Protección Temporal.
La dirigente vinculó el reclamo con antecedentes de otros desastres naturales: “Los venezolanos cumplen los requisitos, al igual que los hondureños tras el huracán Mitch, al igual que los haitianos, y todos los países que han sufrido un desastre natural han tenido la oportunidad de recibir protección de Estados Unidos”.
Los dos sismos, de 7,2 y 7,5, ocurrieron el miércoles por la noche con 39 segundos de diferencia y golpearon grandes zonas de Caracas y del estado de La Guaira. Allí, según lo consignado por Miami Herald y El Nuevo Herald en base a información de autoridades venezolanas, la destrucción siguió siendo grave.
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Los informes también indicaron que hubo edificios derrumbados o con daños de consideración, un dato que las organizaciones en el exilio buscan incorporar a su argumentación.
Los grupos radicados en el sur de Florida apuntan a instalar que el desastre reconfigura el debate en Washington sobre protección migratoria para venezolanos.
El planteo, según el enfoque que describieron sus voceros, busca sostener que la emergencia crea condiciones objetivas para suspender deportaciones, en un momento en que parte de la comunidad expresó temor a retornos hacia un territorio atravesado por víctimas fatales, daños materiales y desplazamientos.
El reclamo apunta a frenar deportaciones hacia una zona de desastre
Villalonga afirmó: “Debido a la gravedad de la catástrofe ocurrida, creo que tenemos la oportunidad de cerrar el capítulo de un TPS político y abrir uno nuevo”, afirmó.
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La frase sintetizó el eje del reclamo, tal como lo presentaron las organizaciones: desplazar el debate desde la confrontación política con el gobierno venezolano hacia una justificación basada en el impacto humanitario de los terremotos.
En ese marco, la prioridad es evitar que los venezolanos sean enviados a un país con infraestructura dañada y una capacidad estatal tensionada por la crisis. La carta que se enviará el lunes, según anticipó Villalonga, funcionará como el primer paso formal para pedir esa medida ante la Casa Blanca.
Los activistas sostienen que el desastre modifica el análisis de riesgo asociado a las deportaciones y busca encuadrar la discusión en términos de protección frente a una emergencia, no como una decisión ligada a disputas internas de la política venezolana.
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La idea es que los terremotos, por su magnitud y por el saldo de víctimas, afectan condiciones de vida y disponibilidad de servicios básicos, lo que, en su lectura, justifica la adopción de medidas de alivio migratorio en Estados Unidos.
Las organizaciones impulsan dos vías de alivio migratorio: Villalonga solicita el Estatus de Protección Temporal y Colina respalda la Salida Forzosa Diferida, pero ambos convergen en el mismo objetivo: evitar que los venezolanos sean enviados a un país que atraviesa una emergencia. Según dijo, esa medida podría beneficiar a casi 600.000 venezolanos que viven en Estados Unidos.
Colina vinculó esa opción con la situación material en Venezuela tras los sismos. “Dadas las condiciones de desastre que enfrenta Venezuela en este momento, creemos que es apropiado que los venezolanos que se encuentran en Estados Unidos puedan disfrutar de algún tipo de protección que les permita permanecer en el país”, señaló.
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Estatus de Protección Temporal o Salida Forzosa Diferida: dos vías para el mismo objetivo
Colina fue más directo sobre esa consecuencia. “No tiene sentido enviar venezolanos a un país que es una zona de desastre donde las autoridades básicamente no pueden hacer frente a la tragedia”, dijo.
El dirigente también afirmó que veía margen político para que la Casa Blanca avanzara con alguna medida. Según explicó, consideró que esa posibilidad existía porque la administración Trump ahora considera a Venezuela un aliado y está enviando personal y ayuda humanitaria tras los terremotos.
Ese elemento, en la lectura de Colina, podría facilitar una respuesta administrativa que atienda la situación de los venezolanos que ya residen en Estados Unidos.
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Villalonga y Colina anunciaron que presentarán públicamente su misión este viernes a las 12:30 en El Arepazo, en Doral. La carta dirigida a Trump será enviada el lunes.
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