Un juez federal de California anuló este martes las políticas de la administración Trump que autorizaban arrestos en los tribunales de inmigración y extendían el tiempo de detención de migrantes en celdas de corto plazo. El fallo, de 71 páginas, restableció de facto las restricciones vigentes durante el gobierno de Biden.
El juez P. Casey Pitts, del Distrito Norte de California, determinó que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia actuaron de manera “arbitraria y caprichosa”, en violación de la Ley de Procedimiento Administrativo.
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Qué anuló el fallo, quién presentó la demanda y dónde
El juez Pitts anuló dos políticas del gobierno de Trump. La primera permitía a ICE arrestar personas dentro o en los alrededores de los tribunales de inmigración, algo que antes solo era posible en circunstancias acotadas.
La segunda eliminaba el límite de 12 horas para mantener detenidos a migrantes en instalaciones de corto plazo, y lo extendía hasta 72 horas. El fallo restauró ambos límites previos.
El caso lo inició un solicitante de asilo al que agentes de ICE arrestaron a la salida de una audiencia de rutina en el tribunal de inmigración de San Francisco. Ese episodio fue el punto de partida para cuestionar la legalidad de las nuevas políticas federales ante la justicia.
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Por qué el juez consideró ilegales las políticas
Pitts señaló que ICE arrestaba a personas precisamente por las mismas infracciones migratorias por las que esas personas se presentaban ante un juez de inmigración, lo que contradice la justificación oficial de la medida.
El juez también encontró que el gobierno pasó más de seis meses argumentando que las políticas de 2025 representaban “una elección intencional y razonada” para ampliar los arrestos en los tribunales. El argumento no lo convenció.
“Ahora está claro que la falta de conexión entre las justificaciones declaradas de ICE y la expansión de arrestos en los tribunales de inmigración no resulta de una toma de decisiones meramente sin fundamento, sino de una completa ausencia de toma de decisiones”, escribió Pitts, según consignó Law360.
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El juez determinó que la política de detención extendida violaba la Quinta Enmienda de la Constitución, porque sometía a los detenidos a condiciones de confinamiento de carácter punitivo.
“Durante 80 años, el Congreso ordenó a las agencias federales que pensaran antes de actuar”, escribió Pitts en el fallo. La ley, agregó, exige que una agencia “al menos proporcione razones sólidas para seguir el curso elegido”.
Cuándo comenzaron los arrestos en tribunales y cuál fue su impacto
La práctica de arrestar personas en los tribunales de inmigración comenzó con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, como parte de una campaña de deportaciones.
Desde entonces, líderes comunitarios y legisladores demócratas denunciaron confrontaciones en los pasillos de los juzgados. Según CBS News, canal de noticias estadounidense, las tácticas de los agentes federales generaron un clima de temor en numerosas comunidades.
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Cómo reaccionó el gobierno de Trump
James Percival, asesor jurídico del Departamento de Seguridad Nacional, rechazó el fallo en la red social X, una plataforma social. “Cuando un juez condena a un acusado, ese acusado es detenido. Si un juez de inmigración ordena la deportación de un extranjero, lo mismo debería ocurrir”, escribió.
Percival comentó en X: “Activismo judicial desnudo al servicio de una agenda antiestadounidense y de fronteras abiertas”.
El fallo de California no es un caso aislado. El mes pasado, el juez federal P. Kevin Castel, del Distrito Sur de Nueva York, prohibió los arrestos en los tribunales de inmigración de Manhattan.
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Castel también concluyó que la eliminación de los límites previos a las detenciones en esos espacios fue “arbitraria y caprichosa”, la misma expresión que usó Pitts en California.
Antes de las políticas de Trump, la normativa limitaba los arrestos en tribunales a situaciones muy específicas: amenazas a la seguridad nacional, peligro inminente o la llamada “persecución en caliente” de alguien que representara un riesgo para la seguridad pública.
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