La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) propuso la imposición de nuevos aranceles de al menos el 10% a productos importados desde decenas de socios comerciales, tras concluir una investigación sobre la entrada al mercado estadounidense de bienes presuntamente fabricados mediante trabajo forzado.
La medida afectaría a algunos de los principales socios económicos de Washington y constituye un nuevo capítulo en la estrategia comercial impulsada por el presidente Donald Trump. Según el informe difundido este miércoles, países como Canadá, México, Taiwán y Reino Unido enfrentarían aranceles adicionales del 10% debido a presuntas deficiencias en la aplicación de prohibiciones contra productos vinculados al trabajo forzado.
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El documento también contempla un gravamen adicional del 12,5% para importaciones procedentes de China, Japón, India, Corea del Sur, Brasil, Suiza y decenas de otros países.
La propuesta surge después de una investigación realizada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta legal que permite a Estados Unidos responder a prácticas comerciales consideradas perjudiciales para sus intereses económicos.
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El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, sostuvo que las conclusiones de la investigación justifican la adopción de medidas correctivas.
“El fracaso de algunos de nuestros más importantes comerciales al momento de abordar la importación de bienes fabricados mediante trabajos forzados es inaceptable. Esto crea una dinámica en la que los trabajadores estadounidenses se ven obligados a competir a nivel global en condiciones desiguales”, expresó Greer en un comunicado.
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El funcionario agregó que “cada uno de nuestros socios comerciales debe hacer más para garantizar que el comercio no fomente y arraigue los trabajos forzados a nivel mundial”.
El informe define el trabajo forzado como “trabajo o servicio que se le exige a una persona bajo la amenaza de cualquier sanción por su incumplimiento y para el cual el trabajador no se ofrece voluntariamente”.
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La iniciativa todavía no entrará en vigor. Las autoridades estadounidenses indicaron que la propuesta permanecerá abierta a un proceso de revisión y comentarios públicos antes de una decisión definitiva.
La nueva ofensiva comercial llega en un contexto de tensiones recurrentes entre Washington y varios de sus principales socios económicos. Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca a principios del año pasado, Estados Unidos aplicó una serie de aranceles que provocaron reacciones y negociaciones con gobiernos de distintas regiones.
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Hace apenas dos semanas, la Unión Europea aprobó un acuerdo arancelario con Estados Unidos para establecer un límite del 15% a los aranceles aplicados sobre la mayoría de las exportaciones del bloque comunitario. El entendimiento se alcanzó después de intensas discusiones entre los 27 países miembros y en medio de advertencias de legisladores europeos que amenazaron con bloquear el acuerdo.
La propuesta conocida este miércoles podría generar nuevas inquietudes entre gobiernos que recientemente buscaron reducir la incertidumbre comercial con Washington.
China también ocupa un lugar central dentro de la nueva medida. Trump regresó hace poco de una visita al país asiático, donde mantuvo conversaciones con el líder Xi Jinping sobre una posible ampliación del acceso al mercado chino para empresas estadounidenses y un incremento de las inversiones de Beijing en sectores productivos de Estados Unidos.
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Durante ese encuentro, ambas partes acordaron crear juntas de comercio e inversión para fortalecer los intercambios económicos bilaterales, aunque los detalles de esos mecanismos todavía no fueron divulgados.
La investigación presentada por la USTR también adquiere relevancia por sus implicancias jurídicas. El uso de la Sección 301 ofrece una vía alternativa para la imposición de aranceles después de que la Corte Suprema limitara otras herramientas utilizadas por el gobierno.
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En febrero, el máximo tribunal estadounidense determinó que Trump excedió su autoridad cuando recurrió a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 para imponer aranceles generalizados a socios comerciales de Estados Unidos.
Tras ese fallo, el gobierno anunció que apelará una orden judicial que habilita a todas las empresas que abonaron esos aranceles previos a solicitar reembolsos.
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Brasil figura entre los países más afectados por las recientes iniciativas comerciales de Washington. Esta misma semana, el gobierno estadounidense propuso aranceles del 25% sobre importaciones provenientes de la nación sudamericana. La administración Trump acusó a Brasil de aplicar prácticas comerciales consideradas “irrazonables” y que “obstaculizan o restringen el comercio de Estados Unidos”.
Según la Oficina del Representante Comercial, la investigación detectó una aplicación laxa de medidas anticorrupción, además de la existencia de aranceles que Washington considera injustos y otros factores que, a su juicio, perjudican las relaciones comerciales bilaterales.
(Con información de Associated Press)
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