La justicia frena las expulsiones de militares trans, pero deja vigente el bloqueo del Pentágono a nuevos alistamientos

La justicia estadounidense determinó que el Pentágono puede mantener, por ahora, la prohibición de alistamiento de personas transgénero en el ejército, aunque impidió que se expulse a quienes ya están en servicio activo. El fallo, emitido el lunes por el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, marca un nuevo paso en la disputa legal sobre los derechos de los militares transgénero.

La decisión judicial sostiene que la administración de Donald Trump puede seguir bloqueando el acceso de nuevos aspirantes transgénero, mientras se resuelve una demanda presentada por varios miembros y potenciales reclutas. Protege a quienes ya forman parte de las fuerzas armadas, al considerar que “supone una dificultad mucho mayor poner fin a una carrera militar que retrasar su inicio”, según escribió el juez Robert Wilkins en la resolución consultada por la agencia Reuters.

La política en cuestión se enmarca dentro de una orden ejecutiva firmada por Trump en enero de 2025. En ese texto, el expresidente justificó la medida al sostener que la identidad transgénero “entra en conflicto con el compromiso de un soldado con un estilo de vida honorable, veraz y disciplinado”.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, implementó la orden poco después, lo que derivó en una serie de impugnaciones legales.

El origen de la controversia y las posiciones enfrentadas

Quienes representan a los demandantes, como Jennifer Levi del grupo GLAD Law, celebraron que el tribunal haya bloqueado las expulsiones. “Este fallo confirma que la Administración Trump no tiene ninguna base legal para dar de baja a los miembros del servicio militar transgénero que han cumplido con todos los estándares exigentes”, expresó Levi en un comunicado difundido tras la decisión.

La respuesta oficial del gobierno no se hizo esperar. Hegseth anunció que la administración apelaría la resolución ante la Corte Suprema, al afirmar en X: “Nos vemos en la Corte Suprema”, en referencia a una publicación sobre el caso.

¿Qué implica la decisión para los militares transgénero?

El fallo permite que los actuales miembros transgénero sigan en sus cargos, aunque impide el ingreso de nuevos postulantes que no cumplan con los requisitos definidos por la política vigente. En la práctica, quienes ya forman parte de las fuerzas armadas pueden continuar sus carreras, mientras que los reclutas transgénero deberán esperar la definición judicial para saber si podrán alistarse en el futuro.

El tribunal reconoció que el Pentágono tiene amplios poderes para establecer los estándares de ingreso, aunque consideró que la política estaba motivada “por el mero deseo de perjudicar a un grupo políticamente impopular”.

El juez Justin Walker, en disidencia, argumentó que los tribunales “no tienen ni la experiencia ni la autoridad para decidir si las fuerzas armadas pueden excluir a los demandantes de sus filas”.

Contexto político y social del fallo

La prohibición de alistamiento se inscribe en una estrategia más amplia impulsada por la administración Trump para restringir los derechos y el reconocimiento de las personas transgénero en distintos ámbitos de la vida estadounidense.

Las agencias federales han retirado demandas en nombre de trabajadores transgénero, cancelado acuerdos que beneficiaban a estudiantes y abierto investigaciones sobre hospitales y médicos que ofrecen tratamientos de afirmación de género a menores.

Según cifras del Departamento de Defensa citadas por Reuters, las fuerzas armadas de Estados Unidos cuentan con unos 1,3 millones de efectivos en servicio activo. Los defensores de los derechos transgénero estiman que hasta 15.000 militares pertenecen a ese colectivo, aunque las autoridades reducen la cifra a algunos miles.

Antecedentes legales del caso

La decisión de este lunes ratifica parcialmente el fallo anterior de un juez federal en Washington D.C., quien había bloqueado la política en su totalidad mientras avanzaba el litigio. El magistrado consideró que la medida constituía discriminación sexual y probablemente violaba la garantía constitucional de igualdad ante la ley.

En mayo de 2025, la corte suprema permitió que la política restrictiva se implementara, al revocar un fallo de un juez del estado de Washington que había bloqueado temporalmente la prohibición. El máximo tribunal no explicó los motivos de su decisión, lo que, según Wilkins, podría deberse a un tecnicismo y no necesariamente al análisis de fondo del caso.

Próximos pasos y posibles escenarios

El gobierno buscará ahora revertir el fallo ante la Corte Suprema, lo que podría prolongar la incertidumbre para los aspirantes transgénero y quienes ya sirven en las fuerzas armadas.

Mientras tanto, la política de exclusión para nuevos ingresos sigue vigente, a la espera de una resolución definitiva.