Por qué Estados Unidos acusó a Raúl Castro por homicidio y reactivó el caso de las avionetas derribadas

La imputación presentada este miércoles en Florida contra Raúl Castro reabre uno de los episodios más delicados en la relación entre Estados Unidos y Cuba en las últimas décadas. El ex dictador cubano, de 94 años, fue acusado formalmente por homicidio, conspiración para asesinar ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves por el derribo de dos avionetas civiles ocurrido el 24 de febrero de 1996, en un ataque que provocó la muerte de cuatro integrantes de la organización Hermanos al Rescate.

La acusación fue presentada por fiscales federales del Distrito Sur de Florida y apunta directamente al rol que Castro ocupaba en ese momento dentro de la estructura militar cubana. En 1996 era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y, según el expediente judicial, habría ordenado o autorizado la operación aérea ejecutada por cazas MiG-29 de la Fuerza Aérea cubana.

Los cargos incluyen conspiración para matar estadounidenses, cuatro acusaciones de homicidio y dos cargos vinculados a la destrucción de aeronaves. También fueron imputados otros cinco militares cubanos presuntamente relacionados con el operativo.

El derribo de las avionetas

Las víctimas fueron Carlos Costa, Armando Alejandre, Mario Manuel de la Peña y Pablo Morales. Tres eran ciudadanos estadounidenses de origen cubano y el cuarto residía legalmente en Estados Unidos. Todos participaban en actividades de Hermanos al Rescate, un grupo fundado por exiliados cubanos en Miami que inicialmente se dedicaba a localizar balseros en el estrecho de Florida.

La organización fue creada en 1991 por José Basulto, un exiliado cubano, piloto y veterano de Bahía de Cochinos. Con el paso de los años, el grupo comenzó además a realizar sobrevuelos sobre Cuba y lanzar panfletos contra el régimen de Fidel Castro, una práctica que generó fuertes tensiones entre ambos países.

Antes del incidente de 1996, las avionetas de Hermanos al Rescate colaboraban frecuentemente con la Guardia Costera estadounidense para detectar embarcaciones precarias utilizadas por cubanos que intentaban escapar de la isla rumbo a Florida.

El 24 de febrero de 1996, dos aeronaves Cessna desarmadas fueron alcanzadas por misiles disparados desde aviones militares cubanos. Un tercer avión, pilotado por Basulto, logró escapar y no fue atacado.

La dictadura cubana denunciaba esos vuelos como provocaciones y sostenía que las avionetas violaban el espacio aéreo nacional. Sin embargo, organismos independientes concluyeron posteriormente que el derribo ocurrió en aguas internacionales.

La Organización de Aviación Civil Internacional determinó que las aeronaves civiles fueron atacadas fuera del territorio cubano, una conclusión que durante años fue utilizada por fiscales estadounidenses para sostener que se trató de un ataque ilegal y deliberado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos además señaló en un informe que los pilotos de las avionetas no recibieron advertencias previas antes de ser derribados por los cazas cubanos.

Los cuerpos de las cuatro víctimas nunca fueron recuperados.

Por qué Estados Unidos acusa ahora a Raúl Castro

Aunque el caso fue investigado desde finales de los años noventa, Raúl Castro nunca había sido acusado formalmente hasta ahora. Durante décadas, distintas administraciones estadounidenses evitaron avanzar judicialmente contra una figura de tan alto nivel dentro del régimen cubano debido a las implicaciones diplomáticas que podía generar.

La situación cambió en medio del endurecimiento de la política exterior impulsada por Donald Trump hacia La Habana. La Casa Blanca incrementó las sanciones económicas, elevó la presión sobre el régimen cubano y reforzó el respaldo político a sectores del exilio en Miami que desde hace años reclamaban una acusación contra Castro.

Trump incluso llegó a afirmar recientemente que Estados Unidos podría “tomar el control” de Cuba si el régimen no avanzaba hacia cambios políticos y económicos.

El fiscal general interino Todd Blanche encabezó el anuncio de la imputación en la Torre de la Libertad de Miami, un lugar emblemático para la comunidad cubana en Estados Unidos.

El ex fiscal federal Guy Lewis, que trabajó en investigaciones relacionadas con el caso, aseguró que “las pruebas eran contundentes” y calificó el derribo de las avionetas como “un homicidio premeditado y orquestado”.

El reclamo histórico de las familias

Familiares de las víctimas, legisladores estadounidenses y organizaciones del exilio cubano impulsaron durante años pedidos para que Raúl Castro enfrentara cargos penales por el derribo de las aeronaves.

José Basulto, fundador de Hermanos al Rescate y sobreviviente del operativo, aseguró que todavía arrastra el impacto emocional de aquel episodio.

“He vivido todos estos años con dolor en el corazón, viendo que un crimen permanecía impune”, declaró.

Pese a la gravedad de la acusación, todavía no existe claridad sobre si Raúl Castro enfrentará efectivamente un juicio en territorio estadounidense. Cuba no extradita ciudadanos y el ex dictador continúa viviendo en la isla, donde mantiene influencia política incluso después de haber abandonado formalmente el poder.

Analistas en Washington consideran que el proceso busca aumentar la presión internacional sobre el régimen cubano y reforzar el aislamiento de la cúpula castrista.