La prohibición casi total de arrestos por parte de agentes federales en los tribunales migratorios de Manhattan marca un cambio abrupto en la política migratoria local. La orden del juez federal P. Kevin Castel limita a los agentes de ICE en tres edificios judiciales.
El fallo responde a denuncias de organizaciones civiles que advertían sobre el temor y el trauma que generaban estos arrestos. El magistrado reconoció que, aunque existe un interés gubernamental en hacer cumplir las leyes migratorias, es esencial que los migrantes puedan acudir a la corte y defender sus derechos sin miedo a ser detenidos.
Según informó la agencia de noticias AP, Castel remarcó: “Hay un serio interés en que las personas asistan a las audiencias y puedan presentar sus solicitudes de asilo sin miedo a ser arrestadas”.
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Qué ordena la decisión judicial
La resolución prohíbe a los agentes federales realizar arrestos en el interior y en las inmediaciones de los tribunales migratorios de 26 Federal Plaza, 201 Varick Street y 290 Broadway, en Manhattan. Solo se permite actuar en estos lugares si existe una amenaza grave a la seguridad pública, un peligro de violencia inminente o riesgo para pruebas penales, como detalló el propio fallo.
Fuera de estos edificios, los agentes pueden proceder bajo las normas habituales. El juez aclaró que la medida no tiene alcance nacional y se limita a los tres edificios mencionados, donde también funciona la sede del FBI de Nueva York.
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Por qué ocurrió este cambio
La medida surge tras una demanda presentada por la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU, organización de defensa de derechos civiles), la ACLU (organización nacional de derechos civiles), Make the Road NY (entidad de apoyo a inmigrantes en Nueva York) y otros grupos, quienes argumentaron que la política vigente transformaba las audiencias obligatorias en operativos que intimidaban a los asistentes.
Las imágenes de personas arrestadas ante sus familias después de cumplir con la justicia motivaron la acción judicial. La controversia se intensificó cuando abogados del gobierno admitieron que, al defender el protocolo de arrestos en cortes, cometieron “una declaración materialmente errónea”, según relató la cadena Fox News.
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El memorando de 2025, que se consideraba aplicable a las cortes migratorias, nunca tuvo efecto real en estos tribunales. El juez Castel justificó el giro diciendo que debía “corregir un claro error y evitar una injusticia”, tras la rectificación del gobierno.
Quiénes impulsaron el litigio
La demanda llegó a tribunales en agosto, impulsada por organizaciones como African Communities Together (colectivo de defensa de comunidades migrantes africanas) y The Door (centro de servicios jurídicos y apoyo a jóvenes inmigrantes), en nombre de migrantes afectados.
Amy Belsher, directora de litigios sobre derechos de inmigrantes en NYCLU, señaló que la decisión representa “una enorme victoria para los neoyorquinos no ciudadanos que buscan asistir a sus audiencias de forma segura”.
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Beth Baltimore, subdirectora del Centro de Servicios Legales de The Door, afirmó que la decisión es un alivio para quienes sentían miedo de acudir a la corte y prometió seguir apoyando a quienes aún están detenidos y combatiendo políticas que catalogó como “crueles”, de acuerdo con declaraciones recogidas por AP.
Reacciones oficiales y próximos pasos
Las autoridades consultadas, tanto del Departamento de Seguridad Nacional como del Departamento de Justicia, evitaron hacer comentarios tras la decisión. El fallo es de carácter temporal, ya que la demanda principal sigue en curso ante la justicia federal.
Las organizaciones demandantes interpretan la medida como una protección para la comunidad migrante local. Aseguran que las detenciones en cortes desalentaban la asistencia a audiencias y ponían en riesgo el derecho de defensa y el acceso a procesos de asilo.
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El proceso judicial principal continúa y podría derivar en nuevas restricciones o ajustes en la labor de los agentes federales en las cortes migratorias de Nueva York. Mientras tanto, los migrantes y sus defensores consideran la decisión como un avance temporal y un alivio en la protección de sus derechos.
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