Florida amplía seguridad escolar con nueva ley para universidades

El gobernador Ron DeSantis firmó en Miami la ley HB 757, en un acto que refuerza la seguridad escolar en Florida y extiende su cobertura a las instituciones de educación superior públicas. El anuncio se realizó durante la quinta edición del Commissioner’s Summit sobre seguridad escolar y protección estudiantil, un evento en el que autoridades estatales defendieron el modelo de seguridad de Florida como uno de los más estrictos de Estados Unidos, especialmente tras la masacre ocurrida en 2018 en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas High School. La firma de esta legislación llega en un contexto de debate nacional sobre la seguridad en los centros educativos, el control de armas y los protocolos de respuesta ante ataques masivos.

La ley HB 757 representa una ampliación significativa del sistema de protección escolar en el estado. Hasta ahora, las medidas más estrictas se aplicaban principalmente a las escuelas primarias y secundarias, pero con la nueva legislación, los colegios y universidades públicas también quedan incorporados bajo el paraguas de seguridad reforzada. Uno de los elementos centrales de la norma es el fortalecimiento del entrenamiento coordinado por las oficinas de sheriff, que pasan a tener un papel clave tanto en la preparación como en la supervisión del personal encargado de la seguridad armada en los campus universitarios.

El principal cambio introducido por la HB 757 es la ampliación del programa de guardianes de 2018, que ahora permite que personal entrenado actúe como guardianes armados en los campus de educación superior. Con este ajuste, no solo se refuerza la posibilidad de respuesta ante potenciales atacantes activos en universidades, sino que también se obliga a las instituciones a implementar planes de respuesta ante emergencias, equipos especializados para detectar amenazas y protocolos de reunificación familiar en caso de incidentes. Además, la ley endurece las penas por violencia armada en las inmediaciones de los centros educativos, tipificando como delito grave de segundo grado el disparo de armas de fuego dentro de un radio de 305 metros de una escuela.

El papel de las oficinas de sheriff en Florida es fundamental en el despliegue de la nueva política de seguridad. Siguiendo el modelo del Programa Guardian —creado tras el tiroteo de Parkland mediante la Ley de Seguridad Pública Marjory Stoneman Douglas—, las oficinas de sheriff asumen la responsabilidad de entrenar, seleccionar y supervisar a los guardianes armados. Los aspirantes deben superar evaluaciones psicológicas, pruebas antidrogas y completar más de 144 horas de entrenamiento intensivo antes de recibir autorización para portar armas dentro de las instituciones educativas. La preparación incluye tácticas de respuesta a situaciones de emergencia, manejo de armas y protocolos de intervención. Las oficinas de sheriff no solo imparten la formación, sino que también evalúan la idoneidad de los participantes y verifican que se cumplan los estándares estatales de seguridad exigidos por la legislación.

Durante la firma de la ley, DeSantis destacó el avance de Florida en materia de protección escolar: “Florida ha logrado avances históricos para implementar medidas de seguridad escolar que están funcionando para proteger nuestras escuelas”. El gobernador expresó su satisfacción por la firma de la HB 757, subrayando que la norma mejora los requisitos y mejores prácticas de seguridad en los colegios y universidades del estado. Por su parte, el comisionado de Educación de Florida, Anastasios Kamoutsas, señaló que la expansión del programa busca añadir herramientas adicionales de protección en los campus universitarios y enfatizó la importancia de garantizar un ambiente seguro para todos los estudiantes: “Cada estudiante merece la oportunidad de aprender en un ambiente seguro”.

La visión de las autoridades fue compartida por Ryan Petty, presidente de la Junta Estatal de Educación de Florida y padre de una de las víctimas del ataque en Parkland. Petty agradeció las medidas adoptadas por el estado y aseguró que “Florida realmente se ha convertido en el líder nacional en seguridad escolar”.

En términos de inversión, la administración de DeSantis ha destinado miles de millones de dólares para reforzar la seguridad escolar desde su llegada al poder. Entre las asignaciones anunciadas, destacan $1.600 millones para oficiales escolares, guardianes y seguridad en campus, $955 millones para servicios de salud mental estudiantil, y $258 millones para el reforzamiento físico e infraestructura escolar. Además, se han destinado $39 millones para la capacitación de maestros en salud mental, $34 millones para la expansión del Guardian Program, $21 millones para programas caninos y coordinadores de amenazas distritales, $103 millones en servicios tecnológicos vinculados a escuelas seguras y $83 millones para la protección de escuelas judías frente al antisemitismo. Estas cifras reflejan la magnitud del esfuerzo estatal por blindar los entornos educativos ante posibles amenazas.

La HB 757 entró en vigor de inmediato tras la firma del gobernador, en un momento en el que el debate nacional sobre la seguridad escolar, el control de armas y los protocolos de respuesta frente a ataques masivos sigue siendo uno de los temas más controvertidos y prioritarios en la agenda pública estadounidense.