Más de 100.000 niños separados de sus padres por políticas migratorias en Estados Unidos, revela investigación

Un informe difundido por The New York Times revela que más de 100.000 niños fueron separados de sus padres como resultado de la política migratoria implementada durante la administración Trump.

Este dato, aportado por el think tank estadounidense Brookings Institution, supera ampliamente los registros oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y anticipa un impacto creciente sobre familias de inmigrantes en Estados Unidos debido a la reciente asignación presupuestaria del Congreso para ampliar la capacidad de detención.

El estudio fue elaborado por la economista Tara Watson, de Williams College, y la profesora de políticas públicas Maria Cancian, de la Universidad de Wisconsin-Madison.

De acuerdo con sus hallazgos, cerca de tres cuartas partes de estos menores —es decir, aproximadamente 75.000— son ciudadanos estadounidenses que quedaron al cuidado de conocidos o familiares.

Las cifras oficiales del DHS solo reconocen la detención de los padres de 60.000 niños estadounidenses durante el mismo periodo. Según The New York Times, esto representa un subregistro que duplica las estimaciones iniciales, ya que los registros anteriores situaban la cifra alrededor de 30.000 menores, ahora comprobada, según el medio periodístico, como insuficiente.

El informe de la Brookings Institution, calcula que, desde el inicio del mandato de Trump, la detención de padres inmigrantes potencialmente afectó a 205.000 menores, de los cuales 145.000 son ciudadanos estadounidenses.

El cálculo considera el análisis estadístico de la población detenida, variables sociodemográficas, datos del Censo y arrestos de Inmigración y Control de Aduanas. Los investigadores advierten, además, que la cifra podría crecer tras la aprobación en el Congreso de una partida de USD 45.000 millones para expandir la infraestructura de detención.

Cifras reales y nuevas estimaciones sobre separaciones familiares

Estos datos evidencian una magnitud de separaciones familiares aún mayor que la registrada durante la política de “tolerancia cero” de 2018, cuando se documentó la separación de unos 5.500 niños recién cruzada la frontera sur. Watson enfatizó: “La mayoría son ciudadanos estadounidenses”. También indicó que hay decenas de miles de niños que experimentaron la detención de un progenitor desde el inicio de la actual administración.

El think tank estadounidense Brookings Institution explica que el margen de error en los datos oficiales se debe principalmente a que las autoridades suelen no preguntar por hijos ciudadanos durante el proceso de detención y a que muchos detenidos temen informar sobre ellos, preocupados por el riesgo al que quedarían expuestos los menores y sus cuidadores.

Bajo el escenario más conservador, el informe estima que al menos 117.400 ciudadanos estadounidenses sufrieron la detención de uno de sus padres entre 2021 y 2026; la proyección máxima asciende a 175.000 niños.

Testimonios y casos emblemáticos de afectados

Funcionarios del DHS explicaron que los padres detenidos pueden elegir ser deportados con sus hijos o delegar el cuidado de los menores a otra persona. No obstante, los testimonios recabados muestran que, en la práctica, los niños suelen permanecer bajo custodia de vecinos, amigos o familiares sin documentación, enfrentando condiciones económicas y sociales precarias que dificultan su bienestar y seguridad a largo plazo.

El caso de Ledy Ordonez, madre soltera detenida en julio de 2025, ejemplifica esta situación: lleva más de 10 meses separada de su hijo Alonzo, ciudadano estadounidense de dos años. Ordonez relató que suplicó a los agentes la posibilidad de alojarse juntos en un centro de detención familiar mientras apela su caso; sin embargo, la regulación vigente impide mantener a menores ciudadanos en detención migratoria.

El informe subraya que, pese a la magnitud del fenómeno, “solo una pequeña fracción de estos niños termina en hogares de acogida”. Según Cancian, “la mayoría de los niños permanece con amigos y familiares a los que no les corresponde legalmente cuidar de ellos”.

La situación es especialmente grave en casos como el de Samantha Lopez, una niña ciudadana de tres años cuya madre fue detenida tras una parada de tráfico y entregada a las autoridades migratorias, según contó su padre, trabajador de la construcción. Él señaló: “Siento un enorme vacío y angustia. Cuando mi hija habla con su madre, la escucha atentamente y luego empieza a llorar. Esta es mi hija estadounidense siendo perjudicada”.

Estrategias legales y respuesta de organizaciones

Ante este contexto, organizaciones como Public Counsel, una ONG de asistencia legal en Los Ángeles, capacitaron desde 2025 a más de 4.000 inmigrantes sobre la designación formal de cuidadores para sus hijos.

Sin embargo, la entidad afirma que recibe solicitudes constantes de ayuda por parte de escuelas, iglesias y otras instituciones que enfrentan la custodia improvisada de menores tras la detención de sus padres.

Casey Revkin, directora ejecutiva de Each Step Home, recalcó el desafío: “Casi a diario recibimos el contacto de una madre detenida que ha sido separada de sus hijos”, y describió el impacto de esta ola de separaciones al afirmar que “la carga recae en los niños ciudadanos estadounidenses”.

Legislación y causas estructurales de la crisis

La normativa vigente impide que ciudadanos estadounidenses, incluso menores de edad, permanezcan en centros de detención migratoria. Este marco legal obliga a las familias a tomar decisiones extremas sobre la custodia de sus hijos.

Ordonez manifestó que las autoridades le advirtieron sobre la inminencia de su deportación, permitiéndole llevar a su hijo únicamente si tramita su pasaporte a tiempo; de no conseguirlo, el menor quedará bajo el cuidado de personas que no son familiares, sino conocidos que lo resguardan provisionalmente.

Brookings Institution concluye que el número real de niños estadounidenses con padres detenidos o deportados es mucho mayor al informado oficialmente y que la persistencia de arrestos masivos junto a la ampliación de recursos, además de la falta de registros y el temor de las familias migrantes, incrementará la cantidad de menores en situación de separación forzada.