Georgia prohíbe el uso de celulares en las escuelas secundarias a partir del próximo ciclo escolar

La firma de una nueva ley en Georgia marca un giro en la vida escolar de miles de adolescentes. A partir del próximo año, los estudiantes de secundaria no podrán usar teléfonos celulares ni otros dispositivos electrónicos personales durante la jornada escolar. La medida, impulsada y promulgada por el gobernador Brian Kemp, busca transformar el ambiente de aprendizaje y responde a una ola de apoyo legislativo y de la comunidad educativa.

La ceremonia, celebrada el martes, fue el escenario donde Kemp oficializó el proyecto de ley 1009 de la Cámara de Representantes, junto a otras ocho normas vinculadas al sector educativo. La nueva disposición legal prohíbe expresamente el uso de teléfonos celulares, tabletas, relojes inteligentes y auriculares desde el inicio hasta el final de la jornada escolar en las escuelas secundarias del estado. La norma apunta a reducir las distracciones, fomentar la concentración y crear un entorno más propicio para el aprendizaje.

La ley establece que, salvo excepciones justificadas, los estudiantes deberán abstenerse de utilizar cualquier dispositivo electrónico personal durante el horario escolar. Estas excepciones contemplan a quienes cuenten con un Programa de Educación Individualizado (IEP), un Plan de la Sección 504 o un plan médico que requiera el uso de algún dispositivo. En esos casos, los alumnos podrán seguir accediendo a la tecnología necesaria, siempre bajo los lineamientos que estipula su situación particular.

El alcance de la prohibición es amplio: abarca los teléfonos inteligentes, tabletas, relojes con funciones conectadas y auriculares. El objetivo es garantizar que la atención de los estudiantes permanezca en las tareas y actividades académicas. El texto de la ley no deja espacio para la ambigüedad: a excepción de las situaciones avaladas por un plan educativo o médico, ningún alumno podrá utilizar estos dispositivos hasta que finalice la jornada y se retire de la escuela.

El gobernador Kemp argumentó que la medida responde a una necesidad de fortalecer los entornos escolares y prepararlos para los desafíos del futuro laboral. “Aquí, en el estado líder en negocios y oportunidades, nuestras aulas deben ser entornos de aprendizaje seguros que sirvan como plataforma de lanzamiento para el éxito en el mundo laboral”, señaló durante el acto de promulgación. Kemp subrayó que la legislación recién aprobada “implementa estrategias comprobadas para mejorar los resultados en lectura y matemáticas, reducir las distracciones en el aula, ampliar las vías para la graduación y brindar mayor apoyo a los educadores y las familias que trabajan arduamente”. El mandatario presentó la iniciativa como un paso más dentro de la hoja de ruta para crear oportunidades en igualdad de condiciones para todos los jóvenes de Georgia, sin distinción de zona de residencia.

La normativa recibió un respaldo contundente en la Legislatura estatal. El presidente de la Cámara de Representantes, Jon Burns, la consideró una prioridad absoluta y su aprobación fue prácticamente unánime en ambas cámaras al inicio de este año. Este apoyo legislativo no surge de la nada: en 2025, los diputados y senadores georgianos ya habían aprobado restricciones similares dirigidas a los estudiantes de primaria y secundaria. El antecedente inmediato sirvió de marco para la ampliación de la prohibición, ahora dirigida específicamente al nivel secundario.

La experiencia previa dejó lecciones. Algunos educadores han manifestado que, tras la puesta en marcha de las restricciones, observaron mejoras en la concentración de los alumnos, el comportamiento en el aula y el nivel de estrés de los profesores. Estos resultados iniciales reforzaron el argumento de que la presencia de dispositivos electrónicos personales puede ser un factor de distracción y alteración del clima escolar.

Entre los padres, la medida generó inquietudes acerca de cómo podrán mantener el contacto con sus hijos en caso de emergencia. Ante estas preocupaciones, Jon Burns explicó que la comunicación directa durante situaciones graves puede, en ocasiones, entorpecer los protocolos de seguridad de la escuela. “Lo que hemos visto, y lo que hemos aprendido de algunas de las situaciones trágicas que hemos tenido, como en el condado de Barrow, es que parte de esa comunicación es ciertamente buena para que los padres entiendan que el niño está a salvo, pero también interfiere con los protocolos de seguridad en la escuela. Así que creemos que eso forma parte de todo el debate”, argumentó Burns durante el proceso legislativo.

El proyecto de ley 1009 no llegó solo. Durante la misma ceremonia, Kemp promulgó otras leyes que afectan distintos aspectos del sistema educativo estatal. Entre ellas, se encuentran reformas a la enseñanza de la lectura y la escritura en todas las escuelas de Georgia, la introducción de nuevos requisitos mínimos de matemáticas para alumnos de cuarto y quinto grado, y la ampliación de las opciones de cuidado infantil para los padres de alumnos de preescolar. Estas medidas buscan reforzar la calidad educativa y ofrecer más herramientas tanto a estudiantes como a familias y docentes.

La prohibición del uso de dispositivos electrónicos en las aulas de secundaria representa una de las apuestas más firmes de la política educativa reciente en Georgia. Tanto autoridades como educadores y legisladores coinciden en que la atención plena y la disciplina son condiciones indispensables para mejorar los resultados académicos y preparar a los jóvenes para los desafíos de la vida adulta.