Corte Suprema de Estados Unidos eliminó el segundo distrito congresional de mayoría negra en Luisiana y debilitó una de las protecciones centrales de la Ley de Derecho al Voto de 1965. La decisión provocó advertencias de legisladores y organizaciones civiles sobre un posible retroceso en la representación de las minorías, mientras expertos legales señalaron que la sentencia facilitó la eliminación de distritos de mayoría negra o latina por parte de estados bajo gobiernos republicanos.
El fallo, impulsado por la mayoría conservadora del tribunal, sostuvo que el mapa que otorgó un segundo distrito de mayoría negra en Luisiana violó la Constitución al priorizar el criterio racial sobre otros factores. Así, la Corte estableció un precedente que, según expertos, afectará la representación de las minorías en futuras redistribuciones electorales en todo el país.
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Defensores del voto y activistas de derechos civiles advirtieron que, a partir de ahora, hizo mucho más difícil probar discriminación en los tribunales y proteger la voz política de comunidades de color.
Esta preocupación fue también compartida por Shomari Figures, representante de Alabama, quien subrayó que la sentencia “hizo mucho más difícil probar discriminación racial en futuras disputas sobre mapas electorales”.
La Corte derribó un pilar clave de la Ley de Derecho al Voto
El tribunal dictaminó que el mapa aprobado por la legislatura de Luisiana, que creó un segundo distrito de mayoría negra, violó la Constitución porque trazó los límites con base en la raza.
El juez Samuel Alito redactó la opinión mayoritaria y declaró que la sección 2 de la Ley de Derecho al Voto solamente protege contra la discriminación intencional y no justifica la creación de distritos exclusivamente por motivos raciales.
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Por el contrario, la jueza Elena Kagan advirtió en su disidencia que la nueva interpretación “impuso una barrera casi insuperable para quienes buscan demostrar discriminación en materia de derechos electorales”.
Representantes y activistas advirtieron sobre el retroceso
El fallo impactó de inmediato la representación política en Luisiana y puso en riesgo la banca de Cleo Fields, representante demócrata que había ocupado uno de los distritos de mayoría negra. Fields recordó haber vivido una situación similar en la década de 1990, cuando una redistribución electoral eliminó su distrito.
Cliff Albright, cofundador de Black Voters Matter, afirmó a AP: “podrían quedarse sin representación. Nos devolvió sin disculpas a la era de las leyes Jim Crow, y eso no fue una exageración”.
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Sophia Lin Lakin, subdirectora del Proyecto de Derechos Electorales de la organización de derechos civiles ACLU, advirtió que “los estados ahora pueden señalar objetivos partidistas para justificar mapas que despojan a los votantes de color de representación, y los tribunales federales tendrán pocas bases para intervenir”.
Maria Teresa Kumar, presidenta de la organización Voto Latino, alertó que la decisión permitió prácticas más agresivas de fragmentación y agrupamiento —conocidas legalmente como cracking (dividir comunidades de minorías entre varios distritos para diluir su voto) y packing (concentrarlas en un solo distrito para limitar su influencia)— para debilitar el peso electoral de las minorías en el Congreso y en órganos locales.
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La historia y el contexto: seis décadas de protección
La Ley de Derecho al Voto, promulgada en 1965 por el presidente Lyndon B. Johnson tras la represión a activistas en Selma, propició la elección de más de 10.000 representantes negros e hispanos en todo el país, según la profesora Sherrilyn Ifill, exdirectora del Fondo Legal de la NAACP. Antes de la ley, existían apenas cerca de 1.500 funcionarios afroamericanos.
El antecedente más cercano surge en 2013, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos eliminó el requisito de preaprobación federal para cambios en leyes electorales. Tras esa resolución, varios estados aprobaron nuevas restricciones al voto, especialmente después de las denuncias infundadas de fraude electoral en 2020.
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Frente a la más reciente sentencia, Kareem Crayton, del centro de estudios Brennan Center for Justice, aseguró que la Corte “enterró la ley sin funeral”.
El futuro de la representación: incertidumbre y alerta
La Corte Suprema de Estados Unidos emitió su decisión el “29 de abril de 2026” en Washington D.C., en respuesta al mapa electoral aprobado en Luisiana tras el censo de 2020. El impacto se extendió de inmediato a otros estados del sur y a nivel nacional, por el efecto dominó en la legislación electoral.
El fallo obligó a revisar los mapas electorales en Luisiana y abrió la puerta para que legisladores republicanos rediseñaran distritos y redujeran el peso electoral de las minorías, con el riesgo de disminuir el número de representantes negros e hispanos en el Congreso y en las asambleas estatales.
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La activista Shalela Dowdy, demandante en el caso de Alabama, señaló: “Hay antecedentes de que los estados no actuaron correctamente según la composición de su población”.
Mientras tanto, las organizaciones civiles y líderes comunitarios siguen analizando nuevas estrategias legales y políticas para defender el derecho al voto y la representación de millones de ciudadanos afroamericanos y latinos en el país.
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